Los comerciantes de Zahara mantienen la querella por el emisario

La Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes (Acoza) decidió ayer en asamblea seguir adelante con la querella por vertidos al mar presentada en los Juzgados del Barbate, según confirmó ayer su presidente, Gaspar Castro. Acoza abonará hoy mismo la fianza de 6.000 euros y, de esta manera, la jueza instructora admitirá a trámite la querella por un supuesto delito medioambiental cometido por el anterior y por el actual gobierno municipal de Barbate al aprobar la entrada en funcionamiento del emisario submarino que vierte las aguas residuales directamente al Océano a apenas cuatro kilómetros del núcleo poblacional zahareño.

La querella fue presentada el pasado mayo por la Asociación de Comerciantes de Zahara, el PSOE zahareño y el partido Gente de Zahara (GDZ), aunque en verano los dos partidos políticos optaron por retirarse de la misma dejando sola a Acoza. El presidente de esta entidad, Gaspar Castro, explicaba ayer que al presentar la querella "ni nosotros, ni el PSOE, ni GDZ quisimos ir contra las personas físicas sino contra la institución", en referencia al Ayuntamiento de Barbate, que fue el que decidió la puesta en marcha del emisario.

El presidente de los industriales zahareños apuntó que el auto judicial que admite a trámite la denuncia presentada "deja claro que de momento no hay imputaciones, aunque el tema sí se va a investigar, e incluso se ha pedido ya un informe al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil".

Castro expuso, al término de la asamblea que mantuvieron ayer los socios de Acoza, que lo único que busca esta entidad es que deje de funcionar el emisario submarino y que se investigue todo lo sucedido. "Esa es nuestra pretensión; si ha habido o no delito será algo que dirá la Justicia y no nosotros". Y a renglón seguido apostilló que "es indudable que el emisario submarino no es un bien para la playa de Zahara, y nosotros no queremos que uno de los corazones del atractivo que tenemos en este pueblo se ponga en riesgo, porque eso afectaría a nuestro potencial turístico y gastronómico".

La querella que seguirá su curso tras el pago de la fianza por parte de Acoza va dirigida contra el anterior alcalde de Barbate, el socialista Rafael Quirós; la que era su delegada de Turismo, María Dolores Varo; la empresa concesionaria del servicio de aguas en Barbate; la actual delegada municipal de Urbanismo, María José Corrales, y el alcalde, Miguel Molina (PA).

Este último dijo ayer que, a su entender, lo lógico hubiera sido demandar al Ayuntamiento de Barbate pero no presentar una querella criminal contra varias personas físicas, entre las que se encuentra él mismo. Molina explicó que cuando se puso en marcha el emisario él estaba en la oposición "y fuimos los únicos que nos opusimos a su entrada en funcionamiento". El regidor entiende que ahora lo prioritario es la construcción de una nueva depuradora en El Bujar que permita dejar inactivo el emisario submarino.

Por su parte, el partido GDZ y el PSOE zahareño explicaron ayer que ambas formaciones sólo buscan que deje de funcionar el emisario y que defendían que se presentara una demanda contra el Ayuntamiento barbateño, pero en ningún caso una querella contra las personas que asumieron y asumen cargos de responsabilidad en el gobierno local barbateño.