La concesión de una ayuda de la Ley de Dependencia tarda "4 meses de media"

López Gil y Manuel Herrera se muestran "orgullosos" y "satisfechos" al hacer balance en el décimo aniversario de la puesta en marcha de la ley, en la que ven "una apuesta decidida y firme"

Una anciana en situación de dependencia pasea por una zona de Jerez, en una fotografía de archivo.
Una anciana en situación de dependencia pasea por una zona de Jerez, en una fotografía de archivo. / D.C.
T.R.

18 de enero 2017 - 02:05

Cádiz/Los solicitantes de las ayudas previstas en la popularmente conocida como Ley de Dependencia tardan de media cuatro o cinco meses en ver concedida la prestación, dijo ayer el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, en la presentación de un balance de los diez años de funcionamiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Herrera compareció ante los medios de comunicación junto con el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, y ambos se mostraron "orgullosos" y "satisfechos" de una ley que consideran mejorable pero que supone, afirmaron, "una apuesta decidida y firme".

En la provincia gaditana hay ahora 24.574 personas atendidas y 31.408 prestaciones

"Ha quedado demostrado que es una ley sostenible y que es una auténtica inversión social, ya que genera retornos sociales y económicos, al tiempo que es un impulso para el empleo", dijo López Gil al indicar que en la provincia de Cádiz han sido destinados en una década 1.340 millones de euros para dar cobertura a 50.000 personas con unas 65.700 prestaciones.

El balance ofrecido por el delegado de la Junta señala que en la provincia de Cádiz hay actualmente 24.574 personas atendidas y 31.408 prestaciones y que "si en la comunidad se hubiera trabajado al ritmo que en otras regiones, en Cádiz se hubiese dejado de atender a 11.100 personas".

López Gil explicó que en este periodo, la Junta de Andalucía ha trabajado en la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, de la de sus familias, de las personas cuidadoras y de los profesionales y las entidades que trabajan en los servicios de atención a la dependencia. También en la consolidación del derecho a la atención. "Andalucía sigue liderando la aplicación de la ley", afirmó al recordar que la comunidad autónoma financia más del 78% del sistema de atención a la dependencia y el Estado, menos de un 22%, "a pesar de que la Ley marcaba el compromiso de financiación del 50% entre ambas administraciones".

De 2012 a 2016, destacó el delegado de la Junta, el Gobierno central ha recortado 508 millones de euros en la financiación para las personas en situación de dependencia en Andalucía. "A este importe hay que sumarle más 10 millones de euros que Andalucía ha dejado de percibir por el pago de la teleasistencia avanzada para las más de 20.000 personas en situación de dependencia moderada. Con la deuda total se podría haber atendido a 105.000 personas".

En Andalucía, según el balance presentado ayer, más del 70% de las prestaciones están relacionadas con los servicios, con un importante papel de los de proximidad y aquellos que permiten la permanencia de la personas en su entorno habitual.

En el caso concreto de la provincia de Cádiz, el Servicio de Ayuda a Domicilio lo reciben 4.506 personas, mientras que el Servicio de Teleasistencia lo están recibiendo unas 26.895, de las que 9.332 son personas en situación de dependencia.

Además, en Andalucía durante estos diez años las plazas financiadas públicamente en residencias y centros de día se han incrementado en un 60%. En la actualidad, en la provincia de Cádiz hay 6.600 plazas financiadas.

El desarrollo de la Ley de Dependencia ha conllevado, además de prestación de servicios, una repercusión directa en la creación de empleo que tiene la particularidad de ser estable y no deslocalizable, indica la Junta. En Cádiz han sido creados más de 6.100 empleos, ente los que destacan los más de 1.580 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Manuel Herrera mencionó los retos a los que se enfrenta este año la Ley de Dependencia. "El Gobierno andaluz", explicó, "ha aprobado durante 2016 el I Plan de Prevención de la Dependencia y la Promoción de la Autonomía Personal 2016-2020. Este Plan prevé una inversión de 1.765 millones de euros en el periodo 2016-2020. Además, desde Andalucía se ha impulsado un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia propuesto al Gobierno de España, para garantizar el futuro, articulando la propuesta en torno a ocho ejes: financiación garantizada y suficiente; impulsar servicios de calidad profesionalizados; responsabilidad pública y proximidad; un baremo más idóneo; simplificar y agilizar el procedimiento; impulsar la efectiva coordinación de los servicios sociales y sanitarios; transparencia y participación; y garantías democráticas y estabilidad normativa".

En relación con las entidades locales, Herrera dijo que desempeñan "un papel fundamental en la prestación de servicios de proximidad" y que han gestionado 5.000 millones de euros en estos diez años.

"En concreto", anotó, "en 2016 las corporaciones locales gestionan más de la mitad (el 53,8%) del presupuesto de la atención a la dependencia (ayuda a domicilio, estancia diurna, atención residencial y refuerzos dependencia)".

Por ese motivo, añadió, "era un objetivo primordial cumplir con el calendario de los pagos de estos servicios y, en lo posible, aumentar la inversión que se destina a ellos".

En el caso concreto del Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia de Cádiz, la Junta había abonado antes del final de 2016 el 100% de los algo más de 28,2 millones de euros destinados a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a la Diputación de Cádiz

Josefa, viuda, 86 años, desde 1991 en una residencia

Josefa Ramírez es una de las personas que se benefician de la Ley de Dependencia. En su caso, como perceptora de una ayuda para sufragar su estancia en la residencia José Matías Calvo, en la capital gaditana. Josefa, de 86 años de edad y viuda, llegó a la residencia junto con su marido en 1991 cuando él se jubiló. Falleció él y ella continúa en ese lugar en el que se siente "muy bien". Cuando solicitaron las dos plazas en la residencia, estuvieron esperando unos tres años, recuerda Josefa, quien insiste en que ambos decidieron entonces entrar porque quisieron. "Yo vine porque quise", repite para que quede bien claro.

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