Condenada a 22 meses de prisión la gerente de un concesionario de Cádiz por estafa

Cádiz/La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a 22 meses de prisión a la que fue jefa de ventas y actual gerente del concesionario Motores Cádiz como responsable de un delito continuado de estafa perpetrado en 2014 con las ayudas del Plan PIVE, un programa impulsado por el Gobierno para estimular la disminución del consumo energético, para lo cual se otorgaron ayudas económicas por la compra de un coche nuevo a cambio de entregar otro con más de 10 años de antigüedad. En este caso, la estafa consistió en matricular vehículos nuevos a nombre de los propios empleados del concesionario al tiempo que estos adquirían coches achatarrados con más de una década para así acogerse de forma ilícita a la subvención de 1.000 euros por operación concedida por el Estado en el marco de ese plan renove.

También ha sido condenado a 24 meses de prisión como cooperador necesario el dueño de un desguace, quien, según ha quedado acreditado, suministró vehículos con un mínimo valor residual a Motores Cádiz para transmitirlos a nombre de sus trabajadores, los "supuestos beneficiarios" del Plan PIVE, aunque lo cierto es que los empleados ni dispusieron de los coches nuevos ni desembolsaron su precio; tampoco percibieron las ayudas, sino que accedieron a matricular los turismos por órdenes de sus superiores "para cubrir objetivos de ventas".

A la hora de establecer la pena privativa de libertad, la Sección Primera de la Audiencia de Cádiz, encargada de juzgar el asunto, ha aplicado la atenuante simple de dilaciones indebidas. Asimismo, el tribunal impone a la ex jefa de ventas el pago de una indemnización de 3.000 euros a favor del IDAE (Instituto para la Diversidad y Ahorro de Energía) mientras que para el propietario del desguace decreta una responsabilidad civil de 9.000 euros.

La resolución judicial, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, recuerda que el IDAE era una entidad pública empresarial que, en virtud del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 5 y 6), otorgaba ayudas directas consistentes en la concesión a su titular de un importe económico de 1.000 euros una vez acreditado el cumplimiento de determinadas condiciones. La finalidad del programa era el fomento de la movilidad mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera a través de la sustitución de vehículos con una antigüedad de más de 10 años por vehículos de nueva adquisición o usados con menos de un año de antigüedad desde su primera matriculación con tecnología menos contaminante.

Los planes PIVE 5 y 6 se aplicaban a la adquisición de vehículos nuevos siempre que su titular diera de baja definitiva en el registro de la DGT otro coche de su titularidad con más de 10 años, de manera que era susceptible de ayuda un sólo vehículo por beneficiario en cada uno de los planes. Ademas, podían conseguir la subvención únicamente personas físicas, micro empresas (con menos de 10 personas empleadas) y determinadas pymes.

Joaquín A., fallecido el 7 de febrero de 2023, era en 2014 dueño de más del 25% del capital social de la empresa Motores Cádiz, propietaria de los concesionarios de la marca Ford. Era pues el administrador único y gerente de dicha sociedad.

La sentencia señala que el que fue responsable de Motores Cádiz, "con la intención de aprovechar las ayudas de los planes PIVE 5 y 6 y con conocimiento de que su empresa no podía ser beneficiaria de tales subvenciones, ideó, con evidente ánimo de lucro, un plan consistente en la matriculación de vehículos de nueva adquisición a nombre de sus empleados al tiempo que estos adquirían vehículos con más de 10 años de antigüedad para, seguidamente, darlos de baja en la Jefatura Provincial de Tráfico". De esta forma, "obtenía de forma ilegítima las ayudas, cubría los objetivos de ventas mensuales del fabricante y compensaba, con el importe de las ayudas, la rebaja en el precio de mercado de los vehículos nuevos matriculados a nombre de los empleados (kilómetro cero)".

Los trabajadores, precisa la resolución judicial, no abonaban el precio de los vehículos nuevos ni hacían uso de los mismos; tampoco accedían las subvenciones, "que eran económicamente obtenidas por el concesionario de la empresa Motores Cádiz".

Para la ejecución del plan, en la medida en que Motores Cádiz no tenía en su stock suficientes coches con una antigüedad superior a 10 años y con un mínimo valor residual, el gerente propuso a Juan Francisco M.G., propietario de un desguace, el suministro de vehículos que reunieran dicha condición. El objetivo no era otro transmitirlos a nombre de los empleados de Motores Cádiz.

Ha quedado probado que Juan Francisco aceptó la propuesta y suministró durante el año 2014 vehículos con una antigüedad de más de 10 años al concesionario gaditano, bien porque los propietarios de los mismos firmaban voluntariamente el modelo de solicitud de transferencia de la Jefatura de Tráfico, bien porque rubricaban, también voluntariamente, un modelo de autorización de solicitud de transferencia del vehículo, o bien porque suscribían, igualmente de forma voluntaria, un mandato de representación para la transferencia del vehículo; "aunque en varias ocasiones, en la creencia de que estaban dando su consentimiento para la destrucción y baja del vehículo, firmaban en blanco los citados documentos, obteniéndo así de forma subrepticia y engañosa su firma". De ahí que el dueño del desguace haya sido condenado por un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento oficial.

En Motores Cádiz existían tres departamentos, el departamento de ventas, post-ventas y administración. El gerente "pedía a los empleados del departamento de administración que recabaran el consentimiento del resto de trabajadores para la matriculación de vehículos nuevos. En todos los casos los empleados firmaban en el departamento de administración, no solamente la adquisición del vehículo nuevo, sino también un mandato o autorización en blanco a nombre de su jefe, documento que le permitía a éste la transferencia del vehículo de más de 10 años de antigüedad a nombre del empleado de Motores Cádiz".

Según recoge la resolución, toda la plantilla del departamento de administración era conocedora de la aplicación del plan PIVE 5 y 6 en las matriculaciones de nuevos vehículos a los empleados. También la entonces jefa del departamento de ventas, Francisca M.G., ahora condenada.

El fraude

La mecánica de las operaciones fraudulentas ha quedado corroborada gracias "al informe aportado por la IDAE" y a la "exhaustiva investigación efectuada por la Guardia Civil", subraya el tribunal de la Sección Primera.

Asimismo, de la documentación aportada resulta que los empleados firmaban un modelo de mandato con representación, documento que según aseveró la ahora condenada era rubricado en blanco por todos los trabajadores, lo cual no fue desmentido por ningún testigo durante el juicio.

Tanto es así que muchos empleados testificaron que "desconocían haber adquirido un vehículo antiguo". De hecho, "no figura en el modelo de transmisión del vehículo de la Jefatura Provincial de Tráfico, en ningún caso, la firma de ningún empleado".

De otra parte, subraya la sentencia, "todos los testigos, sin excepción, manifestaron que cuando les vino una declaración paralela de la Agencia Tributaria por no haber declarado la subvención recibida, desde el departamento de contabilidad de Motores Cádiz les aseguraron, y así fue, que serían económicamente compensados, siendo por tanto la empresa la que asumió dicho coste".

Para la Audiencia de Cádiz ha quedado acreditado que las órdenes para matricular vehículos nuevos venían "invariablemente y todas las veces" del difunto dueño, aunque también de la ex jefa de ventas procesada. "No nos cabe ninguna duda de que Francisca M. G. no sólo estaba al corriente del plan, sino que además ejecutó las órdenes del dueño y solicitó a dos de sus empleados matricular un vehículo nuevo, –a sabiendas de que se iba a aplicar la subvención del PIVE–, al igual que con ocasión de la matriculación de un vehículo a su nombre", concluye el tribunal.

La actual gerente de Motores Cádiz ha sido absuelta del delito de falsedad en documento oficial por el que venía siendo acusada toda vez que "no existe prueba de que ella conociera el hecho de la imitación, simulación o falsificación de firma" en una de las operaciones fraudulentas destapadas..

Absolución

La hija del administrador único de Motores Cádiz, para la que la Fiscalía pedía cuatro años de prisión y el pago de una indemnización de 18.000 euros, ha sido absuelta en este procedimiento. Abogada en ejercicio, tenía su despacho contiguo al departamento de administración de Motores Cádiz. "Apenas participaba en las reuniones con los empleados y no estaba al tanto de las ventas y matriculaciones de los vehículos de los concesionarios; tampoco de que se estaban aplicando los planes PIVE en las matriculaciones de vehículos nuevos a los empleados", concluye el tribunal para exculparla en este asunto.