Condenado un exalcalde de Benaocaz por regalar una finca municipal a un constructor

Cádiz/La Audiencia de Cádiz, con sede en Jerez, ha condenado al exalcalde socialista de Benaocaz, José Rafael Reyes Pérez, a la pena de un año y dos meses de prisión y seis meses de inhabilitación para cargo electo por regalar en 2001 una finca de propiedad municipal a un constructor con el que el Consistorio serrano supuestamente mantenía ciertas deudas. Beneficiar a esta mercantil con patrimonio público provocó que las arcas municipales dejasen de percibir 72.730 euros. 

Tanto José Rafael Reyes como el empresario evitaron la celebración del juicio toda vez que admitieron la autoría de los hechos por los que venían siendo acusados, una confesión que, unida a las dilaciones indebidas muy cualificadas que ha sufrido la causa, les valió una rebaja en la pena finalmente impuesta. 

Así, ambos fueron condenados en firme como responsables de un delito de prevaricación en concurso con un delito de fraude a la Administración y un delito de estafa a un año y dos meses de cárcel, una pena privativa de libertad que quedó suspendida bajo dos condiciones: no volver a delinquir durante dos años y pagar al Ayuntamiento de Benaocaz la cantidad defrauda, esto es, los más de 72.000 euros que el Consistorio dejó de percibir por la cesión ilegal de la finca en cuestión. La suma de dinero ya ha sido abonada.

En este procedimiento judicial también ha sido condenada como cómplice la secretaria interventora del Ayuntamiento de Benaocaz a la fecha de los hechos. El tribunal ha decretado para ella un año de cárcel e inhabilitación para el cargo de secretario-interventor por un plazo de tres meses.

El que fue primer edil de Benaocaz desde 1991 a 2007 por el PSOE se vio obligado a abandonar la alcaldía en enero de 2007 tras ser inhabilitado para ocupar cargo público durante siete años al entender la Justicia que prevaricó al contratar como empleado municipal de manera continuada e ilegal a un concejal de su propio grupo socialista que estaba en situación de desempleo. Esa sentencia fue dictada en primera instancia por un Juzgado de lo Penal de Jerez y ratificada en agosto de 2007 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Jerez.

Asimismo, José Rafael Reyes fue condenado en firme por el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez a la pena de multa de 450 euros por conceder licencias urbanísticas ilegales cuando era regidor de la localidad serrana. Por esta causa también fue inhabilitado para ejercer empleo o cargo público durante un año y ocho meses.

Renta libre frente a VPO

La nueva sentencia, firme, recoge que José Rafael Reyes Pérez se aprovechó de la posición que le confería su cargo para beneficiar de manera arbitraria con bienes públicos a una empresa particular, Procicu, S.L., en perjuicio económico de la propia administración local. Ese plan se llevó a cabo “con total desprecio de las normas legales de la contratación pública” al enajenar un solar del Ayuntamiento “sin percibir dinero a cambio” aunque “se simuló su entrega”.

La parcela en cuestión estaba situada en las Laderas del Parral, contaba con una extensión de 1.423 metros cuadrados y su precio estipulado era de 72.730,67 euros.

La resolución judicial detalla que José Rafael Reyes y el constructor “idearon, prepararon y desarrollaron las actividades necesarias para que la mercantil Procicu adquiriese la propiedad de la finca sin pagar su valor”.

Para lograr su propósito, “contaron la estimable colaboración de la secretaria-interventora accidental del Ayuntamiento de Benaocaz, quien no puso objeción alguna a dicha operación con conocimiento de que no se había pagado nada” por la parcela.

El 29 de marzo de 2001, precisa la sentencia, se acordó por el Pleno la venta de 1.432 metros cuadrados de los 2.254,61 que formaban la finca de las Laderas del Parral para supuestamente financiar la urbanización de unas VPO en la calle Pajaruco de la localidad serrana. Dicha venta, al ser un solar público, se tramitó por subasta, saliendo los terrenos a licitación por más de 12 millones de pesetas. La subasta quedó desierta y, sin embargo, no se notificó, tal y como obliga la legislación.

Posteriormente se continuó con un procedimiento negociado en el que se invitaron a tres empresas, “aunque tampoco quedó constancia de dichas invitaciones a pesar de ser obligatorio”. Las tres empresas supuestamente invitadas presentaron el mismo día y a la misma hora, 26 de septiembre de 2001, en el registro del Ayuntamiento de Benaocaz y con sellos de entrada consecutivos sus respectivos escritos: dos sociedades renunciaban a presentar oferta alguna y sin embargo Procicu formalizaba su oferta aunque dirigida a la subasta, cuyo plazo había finalizado el 21 de agosto de 2001.

“Se da la circunstancia de que cuando se acordó la venta de los terrenos por el Pleno de 29 de marzo de 2001, la constructora de Procicu ya había firmado antes, el 15 de diciembre de 2000, un contrato con Provisa (la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo) para la ejecución de VPO en la calle Pajaruco”, refleja la sentencia, que añade que “vender la parcela de 1.432 metros cuadrados no tenía justificación alguna y se sabía de antemano que no habría licitadores, ya que no tenía explicación lógica alguna pretender vender un terreno en el que sólo se podían hacer VPO según la normativa de planeamiento de Benaocaz, cuando precisamente la ejecución de dichas viviendas había quedado paralizada por Provisa por peligro de derrumbe de la ladera”. “La consecuencia lógica, como así sucedió, fue que nadie concurrió a una subasta de unos terrenos para construir VPO cuando era imposible hacer dichas VPO”.

Ha quedado probado así que Procicu presentó oferta para esos terrenos “porque de antemano se había acordado con el alcalde de Benaocaz que se permitiría construir viviendas de renta libre en lugar de VPO, como así finalmente ocurrió, y que no se pagaría nada por dichos terrenos a cambio de que la mercantil ejecutase la urbanización de las VPO de la calle Pajaruco, urbanización que era a costa del Ayuntamiento”. Por tanto, el procedimiento seguido fue “oscuro y viciado desde el inicio”, pues “la transparencia brilló por su ausencia”. 

El Pleno aprobó la venta del solar a favor de Procicu el 27 de septiembre de 2001. Ahora bien, “no se formalizó la venta en contrato privado hasta dos años después , el 12 de mayo de 2003, sin causa justificada”, recoge la resolución judicial. La cláusula primera establecía que el empresario debía pagar 72.730 euros y se llegó a asignar un número de cuenta, aunque en la práctica “no se pagó por parte de la mercantil cantidad alguna”.