Sí condicionado del alcalde de Rota a la petición de indulto

La palabra "indulto" no le suena mal al actual alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, aunque con condiciones. El regidor socialista tenía prevista una reunión ayer por la tarde con los miembros de la junta de personal y con algunos de los funcionarios municipales que han sido condenados primero por la Audiencia Provincial de Cádiz y luego por el Tribunal Supremo por el denominado caso Horas Extras. Y antes de ese encuentro confesaba en declaraciones a este periódico que el gobierno que preside no veía mal respaldar una petición de indulto si así lo planteaban los representantes de los trabajadores, siempre y cuando esa solicitud fuera liderada por la propia junta de personal -o por otro colectivo independiente- y que la misma incluyera exclusivamente a los funcionarios condenados y no a los políticos.

El fallo del Supremo conocido el pasado martes recoge penas de cárcel para cinco funcionarios del Ayuntamiento de Rota, para la esposa de uno de ellos y para dos ex concejales del PP, Eva Corrales e Ismael Puyana. Estos dos últimos han sido condenados por su gestión como delegados municipales del área de Turismo, desde donde encargaban a uno de los funcionarios condenados que cosiera por las tardes desde su casa las bandas que lucirían posteriormente las damas del Carnaval. Eva Corrales se auparía años después a la Alcaldía de Rota, pero Puyana apenas fue concejal durante un año, regresando posteriormente a su puesto de funcionario en la misma Delegación Municipal de Fiestas.

Ayer el regidor socialista, que relevó a Corrales en la Alcaldía hace casi un año, afirmó que "por coherencia" el gobierno que preside no puede solicitar el indulto para estos dos políticos. No en vano, en un comunicado hecho público en la jornada del miércoles, el gobierno municipal de Rota que reúne a concejales del PSOE y de Izquierda Unida (IU) entendía que había sido la "mala gestión" del gobierno de coalición que durante diez años conformaron el PP y el partido Roteños Unidos la que había desembocado en las sentencias condenatorias a un grupo de funcionarios "que llevan muchos años trabajando con nosotros", según declaró el propio Javier Ruiz Arana.

"Complicada". Con este adjetivo calificó ayer el alcalde de Rota la situación que se vive estos días en la Casa Consistorial, donde el mismo miércoles un grupo de unos 150 trabajadores municipales se concentraban a las puertas del Castillo de Luna para mostrar su apoyo a sus compañeros condenados. "El primer día fue un shock para todos y ahora el ambiente es de una gran tristeza. Ahora lo que queda es ver cómo se suceden los acontecimientos y ser sensibles con los afectados. De ahí que hayamos aceptado reunirnos con la junta de personal y con los funcionarios condenados, porque lo mínimo que podemos hacer es oírles", explicó Ruiz.

La sentencia condenatoria por el caso Horas Extras parte de una denuncia original planteada a la Fiscalía por la agrupación local de IU, que ahora gobierna esta ciudad en coalición con el PSOE. Al respecto, Ruiz Arana indicó que los ediles socialistas e izquierdistas "vamos de la mano" y que no ha detectado ni en la plantilla ni en la ciudadanía ningún tipo de animadversión hacia los miembros de ambos partidos.