Conil tiene más de 7.000 viviendas en una situación de posible irregularidad
Urbanismo viene trabajando en un protocolo para que la Policía Local pueda actuar
IU de Conil desmiente al gobierno local sobre la antigüedad de los expedientes urbanísticos
Muchas son las parejas o familias que durante los últimos años han adquirido o han recibido de sus familiares una parcela de terreno en el diseminado de Conil, lo que les ha permitido construir su casa y poner en marcha un proyecto familiar.
Todos empiezan igual, construyen los muros de la propiedad y según las posibilidades económicas de cada uno, comienzan con los cimientos de la que será su futura casa. Durante muchos años el Ayuntamiento de Conil ha contado con dos agentes de la Policía Local adscritos al área de Urbanismo, que tenían el cometido de recorrer todo el término municipal, incluido el casco urbano, para detectar cualquier posible infracción urbanística.
Una vez levantada el acta se recibe una sanción económica que puede estar próxima a los 5.000 euros, momento en el que la mayoría de las familias siguen con la construcción y en la mayoría de los casos las terminan para habitarlas.
Lo que muchos no esperan es que ese expediente pase a la Fiscalía de Cádiz, ya que ahí se comienza con otro proceso que en principio está sancionado económicamente con una cuantía que puede llegar a los 2.800 euros, pero que no para el proceso judicial que puede llevar al derribo de todo lo construido sin licencia municipal.
Las notificaciones de la Fiscalía pidiendo el derribo se siguen produciendo a lo largo de los años en los que se puede llegar a dilatar este proceso, que culmina con una orden de demolición. Muchos vecinos esperan en este tiempo sacar el Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), una figura urbanística establecida por la Junta de Andalucía que puede llevar a la regulación de todo lo construido. Un trámite que debe contar con el respaldo del Ayuntamiento.
Eso es lo que han venido haciendo muchos vecinos de Conil ante la imposibilidad de comprar una casa en el casco urbano dado el encarecimiento de los precios, y ante las difíciles condiciones hipotecarias que ponen muchos bancos.
En esa situación han podido estar unas 7.000 viviendas, según los datos por colectivos como la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares de Conil (Pavic).
Unos datos qué según el concejal de Urbanismo, Pedro Pérez, perteneciente al grupo municipal del Partido Popular, socio de gobierno con Andalucía por Sí (AxSí) y Siempre Conil, “no tiene una cifra exacta”, por lo que, en su opinión, “es un problema muy grande que se lleva arrastrando desde hace muchos años”.
Así, ha recordado que desde que llegaron al gobierno municipal vienen trabajando en distintas gestiones "para crear un protocolo para que la Policía pueda actuar”. Igualmente se han colocado carteles en el campo, aunque les siguen llegando denuncias de nuevas construcciones de viviendas, ya sean de mampostería, como de madera, prefabricadas e incluso contenedores.
Pérez ha explicado “la dificultad que supone estas nuevas construcciones”, ya que se pueden construir en un fin de semana y quedar preparadas para ser habitadas.
El concejal de Urbanismo ha aclarado que se cuenta con dos nuevos agentes para la inspección urbanística del término municipal, y que son distintos a los que tenía el anterior equipo de gobierno de Izquierda Unida (IU), con Juan Bermúdez al frente.
Estos agentes forman parte de una Mesa Técnica de Inspección que cada quince días se reúne y da a conocer las inspecciones y los expedientes sancionadores abiertos a nuevas construcciones sin licencia municipal. De esa mesa forman parte el propio concejal de Urbanismo y diferentes técnicos que han trabajado desde hace años en la disciplina urbanística, la alcaldesa y el jefe de la Policía Local.
“Mi pan de cada día es ver a familias en la oficina de Urbanismo con este problema, y muchos de ellos le dicen que si lo llegan a saber no se hubiesen construido una vivienda, ya que esto es una condena, llevando años con multas y con un procedimiento fiscal”, ha expuesto el edil de Urbanismo. Pedro Pérez advierte que “la gente debe ser consciente de que hasta que uno no está en esa situación, no sabe que una persona se puede meter en un delito de desobediencia como de ordenación del territorio, siendo cosas bastante complejas y situaciones desagradables”
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