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La contradictoria presencia de los condenados en el Ayuntamiento

Loaiza tiene ahora que sortear la complicación que supone trabajar con la tesorera y el interventor

Arturo Rivera San Fernando

03 de diciembre 2013 - 06:41

Hace mes y medio, tras la vista del juicio contable, el ex alcalde Manuel María de Bernardo dejó entrever su inminente salida del Ayuntamiento con independencia del resultado de un proceso que le ha acarreado un excesivo coste tanto en lo político como en lo personal. Hoy, tras la sentencia del Tribunal de Cuentas, su marcha parece ya irremediable aún cuando la resolución insiste en su responsabilidad subsidiaria y atenuada y la cantidad a abonar apenas roza los 29.000 euros.

La permanencia de De Bernardo en el Gobierno municipal -desde 2011 ocupa el cargo de delegado específico de Aguas, Ahorro y Eficiencia Energética, Limpieza y Jardines- ha supuesto una enorme contradicción en el pacto de gobierno suscrito por el PP con el PA tras las últimas municipales. El alcalde, José Loaiza, incluyó en la demanda que presentó ante el Tribunal de Cuentas en septiembre de 2012 a uno de los concejales que forma parte de su propio equipo de gobierno, como en reiteradas ocasiones le ha recordado el PSOE.

Y esa anómala situación se ha conseguido salvar mientras el proceso contable seguía su curso durante más de un año. Ahora, con la sentencia sobre la mesa, el panorama es otro. Y probablemente esta contradicción que el Tribunal de Cuentas viene a confirmar se resuelva en breve con la salida definitiva de De Bernardo de la Corporación Municipal, aunque también habrá que ver en qué manera afecta la resolución recién conocida a la frágil estabilidad de un pacto de gobierno en el que la tensión entre una y otra parte resulta a todas luces palpable.

Aunque, la del ex regidor no será la única contradicción que Loaiza tendrá que sortear en lo que resta de mandato y con el juicio penal todavía pendiente de celebración. Junto a los ex regidores han sido condenados por el Tribunal de Cuentas tanto la tesorera como el interventor, también como responsables subsidiarios y con distintas cantidades: 29.544 euros a una y 67.450 al otro. Ambos funcionarios, cuya gestión pone en entredicho la sentencia, han permanecido en sus puestos en todo momento, desde que trascendió el robo millonario de la caja.

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