Los contratados en planes de empleo deben cobrar como trabajadores municipales

Una sentencia del Supremo unifica la doctrina y pone en alerta a 44 municipios gaditanos que se acogieron a las subvenciones

Los Ayuntamientos estudian reclamar ese sobrecoste a la Junta

Trabajadoras contratadas mediante un plan de empleo realizando sus labores en un parque de San Fernando en 2016.

Cádiz/Los miles de trabajadores de toda Andalucía que desde el año 2014 han sido contratados por los ayuntamientos de forma temporal a través de sucesivos planes de empleo (Emple@Joven, +30 y +45) no pueden cobrar menos de lo fijado en los convenios colectivos de cada administración para su categoría. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo en una sentencia del pasado 9 de noviembre con la que se unifica la doctrina en este sentido tras el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

En la provincia de Cádiz hay 44 municipios que se han acogido a estos planes durante los últimos años que suman decenas de miles de trabajadores. Algunos de estos ayuntamientos están pendientes de que el Supremo falle sus respectivos recursos ante sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Uno de ellos es Chiclana, cuya portavoz del equipo de Gobierno, Cándida Verdier, señalaba a este medio que “estamos esperando la sentencia del Supremo, que no tiene por qué ser igual al caso de Alcalá, aunque habiendo ya una doctrina jurisprudencial parece lo más probable”.

En la sentencia del Supremo se confirma la validez de los contratos en cuanto a temporalidad pero no en lo que se refiere a las diferencias salariales con el resto de las plantillas municipales, y recuerda que los ayuntamientos “no se pueden amparar en una norma autonómica dictada por una comunidad que carece de competencias para regular las relaciones laborales”. “La subvención –continúa el fallo–, como su nombre indica, es sólo una ayuda económica para el mantenimiento de una actividad y el fomento del empleo en este caso, pero no una excusa para incumplir con la normativa laboral en materia de retribuciones”.

El conflicto tiene sus aristas porque los ayuntamientos consideran que es la Junta de Andalucía quien tendría que hacerse cargo de esa diferencia económica. Así lo piensa por ejemplo Cándida Verdier. “Desde 2014 hemos puesto en marcha tres planes de empleo, más de mil personas se han favorecido. Del primero de ellos nos presentaron un recurso en 1ª Instancia que ganó el Ayuntamiento; recurrieron al TSJA y les dio la razón, y nosotros recurrimos al Supremo y estamos esperando el fallo. En los dos siguientes planes de empleo los trabajadores no han presentado ninguna demanda”.

La Junta afirma que no es la encargada de los pagos y que sólo aprueba las ayudas

Considera el Ayuntamiento chiclanero, que sólo es uno de los 44 afectados en Cádiz, que podrían haber optado por renunciar a acogerse a estas ayudas y poner en marcha los planes, como ha hecho Málaga, por ejemplo, “sin embargo, de buena fe, lo que queremos es poder seguir contratando a personas. Lo que no puede ser es que el impacto económico lo asuma el Ayuntamiento. La Junta de Andalucía no puede hacer políticas de empleo a costa de los presupuestos municipales”, indicó Cándida Verdier.

Si el Supremo falla contra el Consistorio chiclanero este debería abonar unos 280.000 euros por la diferencia salarial, más el 10% de los intereses.

Por su parte, fuentes de la Junta comentaron ayer a este medio que todos los ayuntamientos de la provincia han cobrado ya el anticipo del 75% de estos planes. Y, de hecho, “41 municipios gaditanos tienen ya pagado el 100% del dinero que deben recibir”.

“Por lo tanto –comentaron–, los planes de empleo se están desarrollando a buen ritmo, pese a que heredamos una subida del Salario Mínimo Interprofesional que no fue contemplada por el anterior gobierno socialista en la normativa que regula la iniciativa de Cooperación Local, bajo la que se desarrollan los planes de empleo. Tampoco inició durante su periodo en funciones ninguna iniciativa para intentar ajustarlo”, dicen las mismas fuentes.

“Conscientes del problema, desde la Consejería mantuvimos una reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) tras la que la federación ha enviado una carta a los ayuntamientos explicándoles las soluciones administrativas a las que podían acogerse”.

Por último comentaron que “la Junta no es la encargada del pago directo de los salarios sino que aprueba ayudas a los ayuntamientos para que asuman estas contrataciones”.