"El ciudadano debe prepararse para tener paciencia"

Cádiz/-¿Cómo está afectando a la Justicia gaditana la pandemia del Covid-19?

-Como al resto de sectores de la sociedad en general, no de forma específica. Esencialmente, nos afecta en cuanto a la paralización de la actividad con servicios mínimos esenciales y la suspensión de plazos procesales. Funcionan con total normalidad los servicios de guardia, las medidas cautelares... El problema ha sido, también como en otros sectores, la falta de medidas de protección personal que aún siguen sin ser totales y el desconcierto que ello ha podido provocar en los primeros momentos, solucionado al restringirse el acceso a los edificios judiciales. La entrega de cuantos han tenido que intervenir en las guardias es encomiable, están arriesgando su propia salud por servir a los ciudadanos.

-¿Es la Administración de Justicia una de las que más está sufriendo los efectos de la pandemia?

-No, en absoluto, su funcionamiento simplemente se ha ajustado a la paralización de la actividad y a las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno. Profesionalmente me preocupa mucho la Justicia, pues no en vano es mi obligación, pero como ciudadano y como persona, créame que me preocupan otras cosas mucho más. Las consecuencias de esta tragedia van a ser impredecibles.

-En esta situación de emergencia tan complicada, ha estallado una particular guerra entre los funcionarios de Justicia y los máximos órganos judiciales en cuanto al número de trabajadores que deben atender presencialmente los servicios esenciales. ¿Considera suficiente la plantilla mínima establecida por la Junta de Andalucía para prestar esos servicios esenciales o, por contra, respalda la postura del CGPJ y del TSJA de aumentarla?

-No hay una guerra, al menos en el día a día de los juzgados no existe esta situación, ni siquiera de tensión. Las fricciones a las que se hace referencia son absolutamente falsas, todos los que trabajamos en Justicia hemos sido siempre como una gran familia, ahora menos porque ya somos muchos más, pero las relaciones han sido excelentes siempre; en estos momentos, con más motivo.

El problema es que se han ido dictando resoluciones diarias, a veces dos en el mismo día, y eso ha provocado cierto desconcierto. Sin embargo, todo el mundo se ha ajustado a lo que se ha ido imponiendo en cuanto a servicios mínimos esenciales sin ningún problema.

Sí es cierto que la última resolución de la Junta de Andalucía, más restrictiva respecto al personal presencial, es poco práctica en determinados órganos judiciales, como los juzgados de instrucción, los penales y las secciones penales de la Audiencia. Lo es incluso para los mismos funcionarios que tienen que prestar los servicios mínimos con una mayor movilidad por tener que desplazarse a otras oficinas, lo que, a efectos prácticos, supone generar más riesgos que si un solo funcionario se queda en su propia sede y se encarga de sus propios papeles con un solo Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y un solo juez. De ahí la postura del CGPJ y del TSJA, más ajustada a la realidad del trabajo de las oficinas en las que recaen la mayoría de los temas afectados por los servicios esenciales (presos, medidas cautelares...).

-Ésta es la historia de siempre: los funcionarios de Justicia dependen de la Junta, los LAJ rinden cuentas ante el Gobierno y los jueces hacen los propio ante el CGPJ. ¿Esta dispersión es un hándicap añadido para afrontar la crisis del coronavirus?, ¿ahora es más necesario que nunca un acuerdo entre las Administraciones implicadas?

-Sin duda es una importante disfunción que viene sufriendo la Justicia hace tiempo, pero la verdad es que ahora no se ha incrementado especialmente. Sí hace falta un acuerdo, pero hay que tener en cuenta la realidad concreta de cada órgano judicial y de cada jurisdicción.

-En una entrevista realizada la pasada semana, Lorenzo del Río, presidente del TSJA, afirmaba que "los jueces nunca han dejado de arrimar el hombro". ¿Considera que, efectivamente, es así en el caso de la magistratura gaditana?

-Claro que sí, rotundamente sí, ha habido casos concretos de situaciones personales que se han cubierto sin incidencias por el régimen de sustituciones legal.

-¿El estado de emergencia está dejando en evidencia que la Justicia no se ha modernizado, en los términos que debiera, en cuanto a nuevas tecnologías y digitalización de los trámites judiciales?

-Es cierto que la implantación de tecnología se está realizando desde hace tiempo, poco a poco, y debiera estar más avanzada. Sin embargo, se han puesto en funcionamiento con éxito aplicaciones informáticas nuevas con todas las garantías procesales y jurídicas. Esto ha permitido, junto a la tecnología que ya había y a la disposición del personal implicado, el desarrollo de la actividad judicial sin incidencias, sobre todo entre juzgados, Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, gracias al empleo de las videoconferencias, fundamentalmente, y al envío de toda la documentación por los sistemas informáticos habilitados para evitar contactos.

Ha sido esencial la disponibilidad de todos los afectados, también la de los letrados. Sería para una reflexión dotar de medios a los funcionarios para que realicen teletrabajo, con turnos de atención al público. Esto, actualmente, no existe. A nivel andaluz, he de reconocer que la implantación tecnológica en un tiempo récord por parte de la Junta ha sido un éxito, y la colaboración de los profesionales como pauta general, excelente.

-¿Qué va a pasar en los juzgados gaditanos cuando se levante el estado de alarma?, ¿será necesario un plan de choque para desatascar una Administración que ya de por sí adolece de retrasos y demoras?

-Ya se está trabajando en el CGPJ, con planificación por sectores y por órganos judiciales, a fin de detectar anticipadamente posibles colapsos e impactos sobre la situación actual y futura. Se están identificando medidas concretas por órdenes jurisdiccionales y generales para reducir la litigiosidad, agilizar los procesos, incrementar los niveles de resolución, unificar criterios y compensar el sobresfuerzo de los jueces.

Insisto en el gran problema que va a suponer que una maquinaria, ya de por sí tan pesada como es la Justicia, tenga que reactivarse de nuevo después de haber estado paralizada tanto tiempo y ante la inminente entrada masiva de asuntos que la crisis social va a comportar a todos los niveles. Esto es muy peligroso y va a pasar. El ciudadano debe prepararse para tener paciencia cuando todo esto se reanude. Y nosotros ya lo vamos avisando.

-Solo en la provincia de Cádiz se han presentado en las últimas semanas 11.000 ERTEs. ¿Cómo están afrontando los Juzgados de lo Social de Cádiz esta avalancha de solicitudes?

-De momento, de ninguna manera, porque están en fase administrativa, pero el aluvión que va a caer sobre la jurisdicción social, que ya arrastraba mucho desde la anterior crisis, es harto preocupante. Y en un sentido muy parecido, me preocupa lo que pueda suceder con los concursos en el Juzgado de lo Mercantil y la sección Quinta de la Audiencia que conoce de sus recursos.

-¿Estima que las medidas de protección adoptadas en las sedes judiciales de Cádiz (mamparas, desinfectantes, refuerzos de limpieza) son suficientes para garantizar unas condiciones de seguridad óptimas en el trabajo?

-No lo son y han llegado tarde, aún faltan, sobre todo los EPIs para el personal.

-¿Cómo es su día a día ahora en la Audiencia de Cádiz?, ¿tiene que apagar muchos fuegos?

-Los fuegos de siempre, pero ahora más intensos. Pero saldremos, la mayoría aplastante de los implicados está poniendo lo mejor de sí. La solidaridad y la buena voluntad son admirables.