La Diputación de Cádiz suspende sus actos públicos y regula medidas para sus trabajadores

La presidenta de Diputación, Irene García, ha suscrito un decreto que regula la adopción de medidas con las que la institución provincial contribuye a reducir la propagación del coronavirus COVID-19. La norma ratifica una serie de recomendaciones alcanzada en el seno de una comisión de seguimiento conformada por las direcciones de área y el servicio de Salud Laboral de Diputación.

La entrada en vigor del decreto propicia la modificación de los servicios que presta Diputación. Los cambios incidirán sobre todo en los que requieren una atención directa y presencial y que, en las actuales circunstancias, se resolverán prioritariamente a través de asistencia telefónica o por medios telemáticos.

En su organización interna se ha acordado que al personal que tenga a su cargo menores o personas dependientes –ante un eventual cierre de centros educativos o de residencias- se le podrá aplicar una flexibilización de su jornada laboral, además de facilitar los medios para resolver su servicio en régimen de teletrabajo en el caso de que sea imprescindible

Las pruebas de concurrencia competitiva, como las oposiciones, que hayan registrado una respuesta masiva podrán posponerse por el tiempo que sea imprescindible; mientras que el aplazamiento de las convocatorias que no reúnan un número significativo de aspirantes se evaluará caso a caso.

La aplicación de este decreto supone además la suspensión de las convocatorias públicas –ruedas de prensa, exposiciones, jornadas…- promovidas por Diputación. Esta circunstancia obligará al aplazamiento de sesiones de órganos colegiados como el Pleno –que tenía previsto reunirse el próximo martes 17 y que no será finalmente convocado-, así como del Día de la Provincia que no se celebrará finalmente el próximo 19 de marzo.

A continuación se exponen las decisiones adoptadas en los centros públicos y programas promovidos por la delegación de Bienestar Social de Diputación:

Intervención en centros y programas de Bienestar Social: CTA, residencias, ludotecas y mayores activos.-

La Diputación ha implantado las medidas incluidas en los protocolos que la Junta de Andalucía ha establecido para minimizar la posibilidad de situaciones de contagio del virus COVID-19 con población considerada de riesgo residente de los dos centros de mayores que gestiona, el de la Calle Matía Calvo, en Cádiz, y el de la Calle Zarza, en El Puerto de Santa María.

Las pautas de actuación vienen contempladas en la circular de la Junta de Andalucía de fecha 11/03/20, e incluyen la restricción de las visitas a las personas residentes, alrededor de 120 entre ambos centros, que quedan limitadas a una persona por semana por cada usuario, salvo en casos excepcionales.

Otra de las medidas adoptadas tiene que ver con suministrar información para usuarios y personal de estos centros (unos 225 trabajadores entre las dos residencias de mayores). Además se está trabajado para asegurar la provisión de los materiales que se incluyen en la citada circular para personas que trabajan en estos centros, así como en los Centros de Tratamiento Ambulatorio para personas con drogodependencias, con soluciones hidroalcóholicas y guantes. También se ha solicitado el suministro de aquellos de los que no se dispone en número suficiente para atajar esta crisis como mascarillas, gafas y cubos de pedal.

Desde la delegación de Bienestar Social se ha remitido un escrito a los treinta ayuntamientos incluidos en la red de ludotecas y el programa de Mayores Activos de la Diputación, para que procedan a la suspensión de la actividad. Este programa está financiado con fondos de la entidad provincial, pero son los ayuntamientos los que deben ejecutar la orden del cese de la actividad para dos poblaciones de riesgo, como son los niños y niñas y las personas de mayor edad.

Además los consistorios han sido instados por la Diputación a que coloquen cartelería oficial en todos los edificios y se comunique la cancelación a cada familia. Se ha informado además a las empresas concesionarias de los servicios de asistencia a domicilio para que cumplan con los protocolos de seguridad que establecen las autoridades sanitarias para prevenir la propagación de este virus.