De cuantías millonarias y sin avales, a control único del Ministerio y menos dinero

El escándalo de las ayudas de Bahía Competitiva dejó en evidencia el sistema de control que las otorgaba. En él participaban tres administraciones que, entonces, estaban todas gobernadas por el PSOE.

La concesión de las ayudas las tomaba finalmente el Ministerio de Industria, pero se basaba en los criterios que le llegaban en un informe que se encargaba de realizar la Junta, a través de la Agencia IDEA, y que a su vez le transmitía el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz, ya que era a la institución provincial donde llegaban todas las solicitudes.

Cuando se destapó el asunto, el PP anunció que llevaría a la Fiscalía toda la documentación en su poder ya que, como aseguró en aquella fecha el recién llegado presidente del organismo provincial, José Loaiza, "ha existido una clara voluntad de un determinado señor o una determinada institución para beneficiar o ayudar a determinadas empresas y localidades". Es más, dio cuenta de un informe interno del organismo de la Diputación en la que, como explicó el PP, "se demuestra que el gerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, estaba al corriente de los riesgos que implicaba la concesión de ayudas a la red de empresas que administraba Alejandro Manuel Dávila Ouviña".

Fruto de aquella denuncia fue llamado a declarar por la Policía el citado Antonio Perales. Se da la circunstancia de que, días después, el consejero de Innovación, Antonio Ávila, dijo en el Parlamento andaluz que la Junta había denunciado el asunto ante la Fiscalía y ante el Banco de España en el mes de marzo, cuando Perales no fue apartado del organismo público hasta después de estallar el asunto, en julio.

También es destacable la figura del que fuera director general de Industria en el último Gobierno de Zapatero, Jesús Candil. Fueron numerosas las ocasiones en las que visitó la provincia para dar cuenta del reparto de las ayudas que otorgaba el Ministerio, siempre en compañía del entonces secretario general socialista y presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña. También se desplazaba al Campo de Gibraltar para hablar del reparto de subvenciones en esa comarca. Lo cierto es que la última vez que Candil visitó Cádiz fue pocos meses antes de que se supiera el fraude encabezado por Dávila Ouviña.

Una de las principales críticas que recibió este sistema de ayudas fue que se habían eliminado los controles por parte de la Administración, como la presentación de avales. Visto lo sucedido, ya con la etapa del Gobierno del PP, el Ministerio de Industria decidió aglutinar en solitario el control de la selección de los proyectos presentados.

También es destacable el hecho de que, en 2012, la cuantía destinada por Industria a estas ayudas para la provincia se redujo sensiblemente.