El cura acusado de desviar 500.000 euros de los fondos de una parroquia de Vejer: "Yo tenía una misión"

Cádiz/"Yo tenía encomendada una misión, un deber, un encargo que cumplir como sacerdote: adoptar a un niño de Guinea Ecuatorial", dijo este lunes en su declaración ante el tribunal el cura Antonio Casado, acusado de desviar 513.000 euros de la parroquia del Divino Salvador de Vejer entre los años 2014 y 2018 a través de diferentes movimientos bancarios efectuados a su favor desde las cuentas de la iglesia. Casado, para el que la Fiscalía pide 8 años de prisión y el reintegro de la suma supuestamente sustraída, manifestó que fue víctima de una extorsión durante el proceso de adopción, lo que le obligó a asumir una serie de pagos -"cantidades enormes" las calificó el fiscal- muchos años después de haber inscrito al niño como suyo en el Registro Civil de Chiclana.

Durante la primera sesión del juicio que esta semana se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz, el cura Casado explicó que estuvo al frente de la parroquia del Divino Salvador desde el año 2012 hasta 2018, si bien antes ejerció como capellán en un orfanato en Guinea. Como párroco en Vejer, era la persona encargada de administrar los bienes de esa iglesia, "una parroquia rica", señaló, "por cuanto se nutría de la gestión del cementerio, las capellanías, el alquiler de fincas, las colectas...". Había habilitadas hasta nueve cuentas corrientes, "pero ninguna la abrí yo, ya estaban ahí a mi llegada", aclaró.

El religioso afirmó que a una de esas cuentas bancarias llegaban los ingresos de las denominadas fundaciones vivas o capellanías vivas, de cuya gestión se encargaba él en exclusiva y de la que no tenía que dar explicaciones al Obispado, "pues así me lo hizo saber el padre Balbino, un párroco anterior"; de manera que, según la versión de Casado, no tenía por qué responder ante sus superiores de los movimientos bancarios asociados a esa cuenta, de ahí que efectuase más de un centenar de transferencias a su favor, que alcanzaron un valor superior a los 244.000 euros y a las que después siguieron otras transacciones similares.

"Esas transferencias obedecían a los pagos derivados de la adopción", testificó Casado, como ya hiciera durante la instrucción de la causa. "Hablé con el obispo anterior [a Rafael Zornoza] y me dio luz verde para usar esos fondos para el proceso de adopción. No había nada escrito pero yo tenía la autorización verbal y fehaciente del obispo, del arcipreste y del vicario", indicó el sacerdote procesado, que remató: "No me traje al niño por capricho, el cónsul me pidió una evacuación urgente del menor, puesto que estaba enfermo".

Cuestionado por la Fiscalía por más transferencias realizadas a su favor desde otras cuentas bancarias de la parroquia del Divino Salvador hasta alcanzar una cuantía superior al medio millón de euros, el párroco insistió en que respondían a más costes de la adopción. "¿No le pareció a usted excesivo?", preguntó el fiscal, quien acto seguido le recordó a Casado que la adopción se tramitó entre los años 2005 y 2006 y que al año siguiente, en 2007, el niño ya estaba inscrito como hijo suyo en el Registro Civil de Chiclana. "Si ya el asunto quedó formalizado en 2007, ¿por qué siguió usted detrayendo cantidades de los fondos parroquiales entre 2014 y 2018?, volvió a interrogar el fiscal. "Me paralizó el miedo", contestó el cura.

Según el religioso acusado, recibió numerosos correos electrónicos en los que le solicitaban más dinero para concluir las gestiones administrativas del procedimiento adoptivo. "Me amenazaban con paralizarlo todo y me advertían que debía continuar pagando. Incluso en algunos de esos @mails aparecían membretes que parecían oficiales, aunque después me percaté que eran falsos. Yo pensaba que si no pagaba, me quitaban al niño. Ese era mi miedo, que el niño retornase a Guinea, que acabase en un centro de menores o con los Servicios Sociales", relató Casado. "Me paralizó el miedo y ni siquiera consulté si realmente esas cantidades estaban siendo destinadas al fin que yo pretendía. Ahora bien, mi obligación era proteger a un niño, aunque ahora asuma los errores que pude cometer. Siempre tuve la conciencia de hacerlo todo bien".

"Sacó cantidades enormes para un asunto que estaba ya resuelto. Le llamó la atención pero no puso objeciones. Usted es un hombre culto, pudo haber acudido a los juzgados o a los Servicios Sociales y preguntar por su caso", inquirió el fiscal, a lo que Casado aseveró que se asesoró paralelamente con otros religiosos especializados en Derecho, quienes le advirtieron que su adopción era irregular porque no existía un convenio marco de colaboración entre España y Marruecos.

Sobre Miguela Domingo, también procesada en este caso como cooperadora necesaria, Casado declaró que esta mujer era doctora en Ciencias de la Educación y Filosofía y también en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Dijo que la conoció en Guinea, donde era responsable de la Universidad Nacional del país, y que se ofreció para iniciar el proceso de la adopción del niño, ya que ella ya había adoptado con anterioridad.

En los escritos de la preadopción, aportados a la causa, el cura Casado y Miguela Domingo aparecen como pareja -como núcleo familiar- aunque en ningún momento se menciona que él es sacerdote. Ambos tenían el acogimiento previo del menor, aunque finalmente fue adoptado sólo por el párroco. En la sesión celebrada este lunes en la Audiencia de Cádiz, el presidente de la Sección Tercera, el magistrado Miguel Ángel Lazaga, pidió a Casado que leyera un @mail que le envió Miguela y que decía lo siguiente sobre el expediente de adopción: "Seguiremos haciendo el paripé como pareja". Preguntado por esta frase en concreto, Antonio Casado negó en rotundo esa supuesta connivencia y rechazó que desviara los fondos parroquiales para asegurar una vida "desahogada" a Miguela, al niño y a él mismo.

Ya a preguntas de su defensa (sólo contestó a la Fiscalía y a su abogado, no a la acusación particular ejercida por el Obispado ni al letrado de Miguela Domingo), el párroco afirmó que "abrió los ojos" en 2018, "cuando mi abogado me lo puso por delante". En este punto, Casado señaló que le explicó todo lo ocurrido al obispo, al arcipreste y al vicario, "no obstante, tenía razones para ser reservado con Rafael Zornoza", apostilló sin dar más detalles.

Asimismo, explicó que dejó constancia de las transferencia bancarias "a propósito" para que quedaran patentes los gastos que le ocasionó la adopción. Dijo también que entre 2012 y 2018 no se realizaron auditorías en la parroquia del Divino Salvador, que el Obispado nunca puso reparos a sus cuentas y que en 2018, cuando se marchó, la iglesia estaba mejor que a su llegada porque puso a un administrador al frente de las finanzas. Además, añadió que el Consejo de Asuntos Económicos de la parroquia jamás le pidió explicaciones de su gestión. Por último, testificó que a raíz de la adopción del niño perdió dos casas que heredó -y que hipotecó- y que, a día de hoy, su patrimonio es cero.

"Le presté mucho dinero"

Miguela Domingo, considerada por la Fiscalía cooperadora necesaria en este asunto, declaró en la vista oral que ayudó a Antonio Casado en su proceso de adopción. "Él estaba empadronado en mi casa y nos presentamos ante los Servicios Sociales como pareja, aunque después, en el expediente, la propuesta de adopción sólo le atañó a él", manifestó.

Según Domingo, ella le prestó "mucho dinero" al sacerdote y éste se lo tuvo que devolver, lo que justificaría los ingresos efectuados a su favor desde las cuentas del religioso. "Existió connivencia entre los dos, ambos sabíamos que esas cantidades provenían de las cuentas de la parroquia del Divino Salvador", recalcó; sin embargo, negó que escribiera correos electrónicos a Casado para solicitarle dinero.

"Antonio me comentó que estaba siendo víctima de una extorsión, entonces yo le recomendé que denunciara", precisó al tribunal.

Finalmente, Miguela Domingo adelantó que ya ha consignado al tribunal 160.000 euros para solventar su responsabilidad civil, ha pedido perdón y ha mostrado su arrepentimiento.

La Fiscalía pide para ella la pena de seis años de cárcel.

La pena eclesiástica

Recientemente se hizo público el fallo del Tribunal de la Rota que, como ya hiciera en 2020 el Tribunal Metropolitano de Sevilla en primera instancia, declaró culpable a Casado de administración desleal y sustracción del patrimonio de la parroquia.

El tribunal eclesiástico dictaminó que Antonio Casado debía restituir la cantidad sustraída a la parroquia perjudicada. Además, le impuso la prohibición de tres años para ejercer el ministerio ordenado, así como una prohibición indefinida para ocupar cualquier cargo administrativo que implique el manejo de bienes eclesiásticos.