La custodia de las embarcaciones, en el punto de mira

Cádiz/Es la segunda vez en menos de un año que el depósito de Conil ubicado en la carretera nacional 340 sufre un altercado de graves consecuencias. En mayo de 2017 hubo una explosión en estas dependencias, lo que dio lugar a un incendio que calcinó muchas embarcaciones requisadas en operativos policiales, dejando además a un trabajador herido.

Este depósito está gestionado (entonces y ahora) por la empresa Rent Marín, entidad privada que obtuvo la concesión para tramitar este servicio a través de una subasta de la Agencia Tributaria, es decir, del Estado. Desde la Agencia Tributaria confirman que ni el reciente incidente ni el ocurrido meses atrás son razones suficientes para rescindir el contrato a esta concesionaria.

Los buques intervenidos en una operación policial "nunca deberían estar en un desguace"

Estas instalaciones, por tanto, no dependen de la Junta de Andalucía. "El único depósito judicial público que existe actualmente en Andalucía es el que la Consejería de Justicia e Interior tiene en Bellavista, en el que se custodian los vehículos cuyo decomiso ha sido acordado por los órganos judiciales de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz", señala la administración autonómica.

Además, añade la Junta, está en tramitación otro contrato privado para la adjudicación del servicio de depósito de los vehículos que determinen los juzgados de Algeciras, que complementará al anterior. Será el primero "oficial" que exista en la provincia de Cádiz.

En cualquier caso, más allá de la competencia administrativa de turno, resulta llamativo el apunte que hace la Junta de Andalucía sobre dónde (y no quién) hay que custodiar un barco incautado en una operación policial. "En base al acuerdo de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Fomento, la Fiscalía General del Estado y el organismo público Puertos del Estado -de 20 de noviembre de 2013-, los buques, barcos y embarcaciones considerados como efectos judiciales aprehendidos o intervenidos en procesos sobre tráfico ilícito de drogas, blanqueo de capitales procedentes de dicha actividad y delitos conexos se deben custodiar en los Puertos del Estado (Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla). La Junta incide en que dicho acuerdo se le ha comunicado repetidas veces a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que una embarcación "nunca debería estar en un desguace".

De otra parte, la administración regional explica que "puntualmente" ha tenido que asumir facturas de desguaces privados en los que se depositaron en su momento vehículos de los que luego les ha correspondido la custodia judicial, sobre todo, en el Campo de Gibraltar. "No es el caso del depósito de Conil, con el que hace más de una década que no hay relación económica por parte de la Junta de Andalucía", indican fuentes oficiales.

Por último, este medio ha intentado contactar sin éxito con la empresa Rent Marín.

"Una grave perjuicio" para el proceso judicial

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justica (STAJ) alertan de que el suceso ocurrido en el depósito judicial de Conil puede producir "un grave perjucio" para el funcionamiento de la actividad procesal dependiendo de si se ha celebrado o no el juicio. "Si la vista oral no ha tenido lugar, se trata de una pieza necesaria para esclarecer los hechos y dictar sentencia. Si se ha celebrado el juicio y el bien decomisado estaba pendiente de subasta, aquí los perjudicados seríamos todos, pues es un dinero que perdemos el conjunto los ciudadanos", afirma Carmen del Castillo, delegada de STAJ en Cádiz.