Dos décadas del fin de la mili en España
El 9 de marzo de 2001 el Gobierno del PP suspendió por decreto el servicio militar obligatorio poniendo fin al combate antimilitarista que llevó a cientos de insumisos a la cárceles españolas
El Gobierno del PP aprobó el 9 de marzo de 2001 el decreto que suspendía el servicio militar obligatorio a partir de diciembre de ese año. Culminaban de esta forma tres décadas de combate antimilitarista de objetores de conciencia e insumisos que llevó a cientos de ellos a las cárceles españolas.
Veinte años después del final de la "mili", objetores e insumisos recuerdan con orgullo aquellos años lucha en los que mantuvieron un pulso con las instituciones del Estado, con el pacifismo y la desobediencia civil como bandera.
Fue una lucha pacífica, clandestina en sus inicios, que fue popularizándose poco a poco y consiguió un apoyo mayoritario de la sociedad española, sobre todo cuando los insumisos, tanto al servicio militar como a la prestación social sustitutoria (PSS), comenzaron a entrar en la cárcel.
Los 70: Un movimiento clandestino
En los años setenta, la objeción de conciencia, para el Gobierno, "fue un problema, no un derecho. Lo enfocaron siempre como un delito, en todo caso como una provocación", asegura Pedro Oliver, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su trabajo El movimiento de objeción de conciencia e insumisión en España (1971-2002).
Quienes dieron el primer paso, por motivos de conciencia, fueron los Testigos de Jehová. En 1970, había ya 35 de ellos en prisiones militares y la cifra iba en aumento. A los "testigos" se sumaron muchos jóvenes católicos, que a su vez eran críticos con la jerarquía de la Iglesia.
El primer objetor "civil" fue el jienense Pepe Beunza, que terminó cumpliendo condena en un batallón disciplinario de la legión en el Sáhara. Cuando quedó en libertad, junto al veterano activista vallisoletano Gonzalo Arias organizó una pequeña red colaborativa con ramificaciones en ciudades como Barcelona, Tarragona, Vic, Valencia, Bilbao, Pamplona, Madrid o Málaga.
Fue el germen del movimiento asociativo de la objeción de conciencia, que fue reforzando su base teórica hasta que, a finales de 1975, cinco objetores hicieron pública su negativa a hacer la mili con argumentos pacifistas y de utilidad social.
Personas y colectivos de muy diversa procedencia geográfica e ideológica se unieron para crear en enero de 1977 el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), que tuvo un especial dinamismo en Cataluña, Valencia, Andalucía, Madrid, Euskadi y Navarra.
Posteriormente, tras el triunfo del PSOE en las elecciones de 1982 y en medio de la movilización en contra de la OTAN, con el intento de golpe de estado del 23-F todavía muy fresco en la memoria, comenzaron a constituirse en España los colectivos Mili KK.
La insumisión y la cárcel
Pero la lucha antimilitarista no se detuvo en la objeción de conciencia y dio otro paso al frente: la insumisión. En febrero de 1989 se presentaron públicamente 57 jóvenes que, más que objetores, ya eran auténticos insumisos a la mili. Ese año, los nuevos insumisos declarados cada mes se contaban por decenas, aunque las detenciones todavía eran escasas. Solo se arrestó en esa época al 8,5 % de los insumisos y la estancia media en prisión no pasó de 18 días.
Ante la intensidad que cobraba el fenómeno, el 1 de diciembre de 1989 se hizo oficial el pase a la reserva de los 27.000 objetores acumulados durante la última década. Pero aumentaba continuamente el número de insumisos no enjuiciados. En 1994 se calcula que había 10.800.
El navarro Mikel Huarte ha señalado a Efe que, "si nos hubieran juzgado a los 10.000 insumisos que había en todo el Estado español, tendrían que haber construido entre cinco y diez macrocárceles nuevas, porque no había espacio para meter a 10.000 presos, con una población reclusa total de 50.000 o 60.000 en esa época".
Donde sí se celebraban numerosos juicios y se producían más encarcelamientos era en Navarra. En una prisión para 250 internos, llegaron a entrar hasta 100 insumisos.
"No es lo que lo buscáramos, sino que asumíamos las consecuencias de la insumisión o de la objeción. Plantábamos cara al Ejército y dábamos la cara en la respuesta que el Ejército quisiera dar", ha aseverado el insumiso Taxio Ardanaz, encarcelado en 1999 en la prisión militar de Alcalá de Henares tras haber desertado en Navarra.
Patricia Moreno, abobada del MOC, recuerda lo difíciles que fueron aquellos momentos: "Aunque nos dejábamos los cuernos en novedosas e imaginativas estrategias jurídicas, torturando el Código Penal seguramente, aquello no tenía mucho éxito, con lo cual el trabajo principal, por lo menos en mi caso concreto, el trabajo de verdad consistía en toda la lidia penitenciaria, ya en el interior de prisión".
El encarcelamiento fue paradójicamente una de las "fortalezas" del movimiento insumiso. Lander Aurrekoetxea, que permaneció en prisión durante parte de 1993 y 1994, ha comentado que "el hecho de que estuviéramos en la cárcel era algo que la gente percibió como injusto y eso hizo que socialmente mucha más gente empatizara con la causa".
Las deserciones
El Gobierno del PSOE se vio desbordado y apenas contaba con recursos para la PSS. En marzo de 1989 sólo logró ofrecer medio centenar de plazas. A finales de 1991, con más de 92.000 objetores legalmente reconocidos, apenas 4.500 realizaban la prestación social.
Las cifras de objetores iban en aumento y llegaron al 37% del contingente militar en 1994. En 1995, la bolsa de objetores en espera de la PSS llegaba a 200.000.
Cuando el Gobierno, para aliviar la situación en las cárceles, decidió facilitar el paso de los insumisos al tercer grado, se encontró con la sorpresa de que muchos de ellos renunciaron a quedar en libertad. Quebrantaban la condena no acudiendo a dormir el domingo a la cárcel y se entregaban el lunes.
"O presos o en libertad, pero no ir a dormir a la noche. Era una apuesta de todo o nada", ha explicado Mikel Huarte.
Un amigo de la abogada Patricia Moreno, ha relatado ésta, afirmaba sobre el tercer grado: "Un pie dentro, otro fuera y los cojones en la alambrada". No era una medida acogida de buen grado por muchos de los insumisos.
El Gobierno del PP, tras las elecciones de 1996, pactó con CiU y PNV y anunció el fin de la mili para 2003, aunque finalmente la medida se iba a adoptar en 2001.
Con el compromiso de poner fin al servicio militar obligatorio, la insumisión perdió algo de visibilidad, pero continuó la lucha antimilitarista. En marzo de 1997, cinco insumisos que habían desertado de sus cuarteles en enero y febrero se presentaron en la Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid.
El resultado de esta nueva estrategia: nuevos consejos de guerra y casi 30 insumisos en la prisión de Alcalá-Meco.
Pero, además de las directrices hacia la profesionalización de las fuerzas armadas que empezaban a llegar de Europa, la sociedad ya empatizaba plenamente con este movimiento de desobediencia civil que protagonizaban tantos jóvenes españoles.
"La desobediencia civil, si algo tiene, es que se explica por sí misma, no necesita nada más que la propia acción. Con los hechos estás demostrando que puedes cambiar las cosas, que puedes poner en jaque a un estamento de una entidad como el Ejército", ha afirmado Taxio Ardanaz.
El fin de la mili en España
Finalmente, en noviembre del año 2000 se realizó el último sorteo de quintos de la historia de España. El Gobierno aprobó el 9 de marzo de 2001 el decreto que suspendía la mili a partir de diciembre de ese año, aunque la despenalización del delito de insumisión no llegaría a ser efectiva hasta 2002.
"A nivel personal fue una satisfacción inmensa, pero también a nivel ciudadano. Yo creo que fue la última gran batalla que se ganó" desde la desobediencia civil, ha opinado la abogada Patricia Moreno.
José Miguel Aguirre "Katxo", insumiso navarro encarcelado en Pamplona y posteriormente en Ocaña (Castilla-La Mancha), recuerda la alegría que sintió ese día. "A mí me han venido muchas madres a agradecerme y a decirme: por vuestra labor, por vuestra lucha, mi hijo no va a perder un año en el servicio militar", ha resaltado.
Para el insumiso Lander Aurrekoetxea, aunque en su momento no lo vivieron como una consecuencia directa de su lucha antimilitarista, "pasado el tiempo, y analizando mejor las cosas, yo creo que sí nos podemos arrogar un poco el éxito de hacer desaparecer el servicio militar obligatorio".
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