El Defensor del Pueblo Andaluz investiga los Servicios Sociales de Cádiz

Cádiz/El Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) ha emprendido una queja de oficio dirigida a los Ayuntamientos de Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, Barbate, Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios, Jerez, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Arcos, así como a la la Diputación Provincial de Cádiz para conocer y valorar el estado y la configuración de los Servicios Sociales en los municipios gaditanos.

Desde el organismo andaluz aseguran que son conocedores de la importancia que tienen los Servicios Sociales comunitarios para quienes tienen dificultades para garantizar su necesidades básicas. “Hablamos de personas que carecen de ingresos suficientes para sufragar los gastos mínimos que permiten tener una vida digna, de quienes son objeto de desahucio de su vivienda habitual o de quienes carecen de ella, personas que en ocasiones pertenecen a minorías étnicas o son migrantes que necesitan el apoyo de estos recursos para alcanzar su ciudadanía”, explican.

Al respecto, el DPA trae a colación el informe FOESA 2022 sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, un documento que refleja cómo se han reducido las tasas de integración social con un crecimiento de las situaciones de exclusión severa, manifestándose con más virulencia en quienes tienen problemas en tres o más dimensiones de la vida cotidiana. Así, crece el porcentaje de personas afectadas por problemas en el ámbito del empleo, la vivienda y la salud.

Asimismo, al Defensor del Pueblo Andaluz han llegado también las dificultades a las que se enfrentan los distintos profesionales que conforman los equipos de Servicios Sociales, “que tienen que asumir cada día la sobrecarga de trabajo como consecuencia de la deficitaria conformación de los mismos”, una situación que “nos han hecho llegar estos profesionales a través de las distintas reuniones mantenidas en las visitas que programamos”, señala la entidad.

"El desgaste condiciona el funcionamiento de los Servicios Sociales"

Por eso, el organismo liderado por el asidonense Jesús Maeztu ha abierto una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida a los Ayuntamientos de Cádiz con una población superior a 20.000 habitantes, así como a la Diputación Provincial en relación a los municipios más pequeños, acerca de la conformación de los Servicios Sociales en cada una de las ciudades, ratios asignadas, así como protocolos de actuación, sistemas de atención articulados y mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos relacionados con la población destinataria.

Una actuación, dice el Defensor del Pueblo Andaluz, en consonancia con la Agenda 2030, que recoge dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los relacionados con la eliminación de la pobreza, reduciendo todo tipo de desigualdad y favoreciendo el acceso a los distintos derechos de manera que se potencie y promueva la inclusión social, económica y política de todas las personas.

Por tanto, advierte el DPA, “con el fin de estudiar la problemática descrita sobre el desgaste que parece condicionar el funcionamiento de los Servicios Sociales, se apertura queja de oficio, solicitando a los organismos antes enumerados –los 15 ayuntamientos gaditanos y la Diputación Provincial– la emisión de un informe en el que se nos indique, entre otras cuestiones, la conformación de los equipos y perfiles profesionales que integran los Servicios Sociales comunitarios de cada uno de los ámbitos antes citados, así como las ratios de población a la que atienden en función de las características de cada territorio”.

Es igualmente de interés para la Defensoría conocer los protocolos de actuación que se están llevando a cabo para garantizar la atención de la población y, en especial, los casos de urgencia social que requieren una asistencia inmediata; los mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos que gestionen otras administraciones que permita mejorar la atención a la ciudadanía; y los sistemas de interoperabilidad con otras administraciones que tramiten recursos de protección social que posibilite suprimir trámites de consulta innecesarios y agilizar las peticiones de la ciudadanía.

Por último, para el Defensor del Pueblo Andaluz tiene “una relevancia significativa el presupuesto destinado al sostenimiento de los Servicios Sociales”. “Nos hemos interesado por las fuentes de financiación y porcentajes de participación de cada una de ellas, haciendo constar si el presupuesto destinado, así como las aportaciones de las distintas administraciones es acorde con las necesidades detectadas y, en su caso, propuestas elevadas para un mejor funcionamiento”.