Despidos en una contrata de Diputación tras la sanción de la Inspección de Trabajo

Unos trece empleados de la empresa ALC, que prestaban servicio para el Servicio Provincial de Recaudación en Cádiz, han recibido la carta de preaviso para su despido. Estos avisos se producen dos meses después de conocerse la sanción que la Inspección de Trabajo ha abierto a la Diputación de Cádiz y a la empresa por cesión ilegal de mano de obra, al considerar que realizaban la misma tarea que los trabajadores de la institución provincial, pero con unas diferencias de cotización y "salarios inferiores", desde 2014 hasta la actualidad. A esta se ha sumado una nueva inspección por la misma cuestión en la oficina de Puerto Real.

Para prescindir de sus servicios, la empresa externa alega el fin del contrato entre la misma y la institución provincial como causa objetiva y que en el caso en que hubiese prórroga del mismo quedaría sin efecto el despido. Desde la Diputación han confirmado que el contrato con ALC termina el 3 de agosto y que se estudia, "desde hace casi un año", si se realiza una nueva licitación o se asume una gestión directa.

Su representante sindical, que también ha sido despedido, lamenta que son 13 familias las que se ven en la calle, empleados que contaban con varios años de antigüedad y que, además, cobraban, entre 700 y 1.100 euros, el que más. Los trabajadores han solicitado una reunión con algún responsable de la institución provincial para intentar buscar una solución a esta situación.

La diputada de Personal, Encarnación Niño, ha querido desvincular el fin de este contrato -proveniente de un convenio con el Catastro- ,"heredado", que "ha quedado antiguo" y "con unos precios difícil de continuar"; con la sanción de la Inspección de Trabajo, que tienen recurrida desde la administración. "Si no podríamos incurrir en prevaricación", ha añadido Niño. La institución provincial no está de acuerdo con las conclusiones de la Inspección y ha presentado alegaciones. Pero si finalmente un juzgado dice lo contrario, que efectivamente hubo cesión ilegal, "lo asumiríamos con normalidad". De momento, "no tenemos una relación directa con esos trabajadores".

300.000 euros de sanción

La gran mayoría de empleados que van a ser despedidos estaban en una de las oficinas del Servicio Provincial de Recaudación en Cádiz, en la Zona Franca, y la Inspección de Trabajo, tras una visita realizada en noviembre, vio un posible fraude en su contratación. La resolución provisional señalaba que percibiendo "salarios inferiores" y "contando por tanto con unas bases de cotización muy inferiores" prestaban "idénticos servicios" que los funcionarios, con lo que constituye una infracción. Por ello, no se habían ingresado las cotizaciones correspondientes y que supondrían 292.000 euros de diferencia. Esta decisión está pendiente aún de resolución definitiva.

También, la Inspección de Trabajo ha abierto expediente recientemente por la misma cuestión en la oficina del Servicio Provincial de Recaudación en Puerto Real, alegando las mismas circunstancias de cesión ilegal de un trabajador, estimando la "responsabilidad solidaria" entre ALC y la Diputación de Cádiz. En el acta, contra la que se pueden presentar alegaciones, señalan "la falta de control y dirección de la empresa", que le facilita el ordenador pero "la planificación y supervisión de su trabajo lo realiza la Diputación". Serían unos 28.000 euros más.