Cinco detenidos, entre ellos el ex director de Puerto III, por supuestos cobros a cambio de beneficios penitenciarios

Cinco personas, entre ellas el ex director de Puerto III y el actual administrador, han sido detenidas por la Guardia Civil por, presuntamente, lucrarse a cambio de beneficios penitenciarios a diferentes reclusos con un alto poder adquisitivo y que podían pagar en efectivo.

La Guardia Civil, en colaboración con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, ha llevado a cabo la operación denominada Ergástulo, que ha culminado con la detención de un grupo delictivo dedicado a facilitar beneficios penitenciarios a internos del Centro Penitenciario Puerto III.

La operación, llevada a cabo con el mayor sigilo, se inició a finales de 2022 después de que la pareja sentimental de uno de los internos de la cárcel interpusiera una denuncia en la que aseguraba que su esposo había solicitado un permiso penitenciario y que estando pendiente de valoración otro preso le indicó que él podía ayudarle a través del personal que trabajaba para el centro a cambio de una compensación económica.

A raíz de esto los agentes comenzaron una investigación para dar con la supuesta trama corrupta que de manera concertada se estaba lucrando a través de la venta del tercer grado y otros permisos. De hecho, hablamos de cantidades importantes. Por ejemplo, según han comentado fuente de la investigación, la trama cobraba 9.000 euros por un permiso y entre 14.000 y 15.000 por conceder el tercer grado. Entre los beneficiarios hay numerosos narcotraficantes, algunos muy conocidos en Sanlúcar y la Colonia Monte Algaida.

Fruto de las investigaciones, los agentes pudieron determinar que los cabecillas de la trama eran dos trabajadores de la propia prisión quienes, aprovechando su posición ejercían influencia sobre otros trabajadores del centro y obtenían información secreta o privilegiada que trasladaban a abogados o familiares.

Asimismo, los agentes pudieron constatar que uno de los internos se dedicaba a captar a otros reclusos dispuestos a pagar por estos beneficios, y a otra persona, quien, junto a este, llevaban a cabo en el exterior de la prisión las gestiones necesarias para convencer a familiares de los presos para que pagasen por obtener dichos beneficios penitenciarios.

En ocasiones la estafa era doble, puesto que por sus puestos llegaban a conocer con antelación los internos que contaban con buenos informes en la Junta de Tratamiento pero les hacían creer lo contrario y les solicitaban dinero para hacer cambiar de parecer a sus miembros. "Les decían que eran ellos los que habían mediado para conseguirles el permiso y les exigían dinero en metálico", dicen desde la Guardia Civil.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de uso de secreto o información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, estafa y extorsión.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz-Equipo de Delitos Económicos, Tecnológicos y contra la Administración y dirigida por la Fiscalía Anticorrupción.