Las empleadas de la Dependencia, en pie de guerra en Villamartín

Villamartín/Las trabajadoras de la ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia en Villamartín anuncian movilizaciones ante la decisión del Ayuntamiento serrano de devolver este servicio a la Diputación ante su "incapacidad", según el alcalde, Juan Luis Morales, para seguir gestionándolo por el volumen que ha cobrado en los últimos años, con una plantilla que supera las 120 empleadas.

Así las cosas, la Diputación, como titular de estas competencias, ha sacado ya a licitación el pliego de condiciones para recibir ofertas, hasta el día 13 de noviembre, de distintas empresas que quieran asumir el servicio. Algo que la plantilla rechaza ante el temor de perder sus condiciones laborales y calidad en la atención. Las trabajadoras han convocado un calendario de movilizaciones "por sentirse engañadas" por la institución municipal, que arranca este sábado, a las doce de la mañana, con una protesta en la plaza del pueblo. Las manifestaciones seguirán los jueves.

"El Ayuntamiento ha decidido de manera unilateral dejar de prestar este servicio, lo que significa que hace una privatización encubierta", denuncia el comité de empresa del Consistorio, que defiende la importancia del servicio que vienen realizando estas trabajadoras a lo largo de los años. Además, el presidente del comité de empresa, Antonio Pavón, explica que el equipo de gobierno andalucista ha actuado en la tramitación de la cesión del servicio, incumpliendo una cláusula del convenio que regula la actividad y que se firmó en 2012. Para materializarse la cesión que pretende el alcalde, "antes tiene que tener la unanimidad del pleno municipal e informes favorables del comité de empresa y la comisión paritaria. Y eso no ha ocurrido", apostilla Pavón. Según informa, la ayuda a domicilio en Villamartín se presta desde 2008. En la actualidad, el pueblo recibe una subvención de un millón de euros "que va íntegra a la ayuda a domicilio, por lo que no entendemos esa privatización encubierta cuando al Ayuntamiento no le cuesta un céntimo. El convenio recoge, incluso, que si costara dinero, se puede negociar una nueva tabla salarial", añadió Antonio Pavón.

Por su parte, el alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales, defendió ayer que cuando llegó al Consistorio hace seis años había 40 empleadas de la Dependencia y hoy suman 129. "Ahora no podemos soportar los gastos financieros que eso conlleva cuando, por ejemplo, hay retrasos en los pagos de Diputación y hay que adelantar nóminas. O encajar vacaciones, días personales o hacer seguimientos", añadió para resaltar que el Ayuntamiento "no devuelve el servicio por voluntad propia sino porque tiene un volumen que no podemos asimilar con eficacia. Afortunadamente, la Dependencia se ha desarrollado más", dijo Morales.

El regidor asegura que las trabajadoras no verán mermados sus derechos laborales. "He garantizado que pasen a Diputación con la misma antigüedad que tienen, los mismos salarios y el mismo convenio", aseguró. En cuanto a las críticas del comité de no respetar el convenio regulador para ejecutar la cesión del servicio, se defendió: "El incumplimiento sería en caso de que el Ayuntamiento hiciera una licitación. Lo que hacemos es devolver el servicio a sus legítimos dueños (Diputación), en las mismas condiciones y para eso no es necesario aplicarlo", concluyó.

"Tememos que se reduzca la plantilla o bajen nuestras condiciones porque entraremos en la dinámica de una empresa que busca el beneficio", explica una de las afectadas. El comité de empresa pide que se frene la licitación y se dé marcha atrás ya que la privatización "repercutirá, también, en los propios usuarios y sus familias. Villamartín ha sido siempre un referente en la gestión municipal de la Dependencia y no se puede perder", explicó Pavón.