Un equipo científico investigará en Galicia trazas genéticas del alga asiática para ayudar a su detección

La Xunta de Galicia ha encargado a la Universidad de Santiago de Compostela (USC) elaborar un estudio para la detección genética del alga parda Rugulopteryx okamurae, una especie asiática invasiva que ha colonizado ya otros puntos de España y de otros países europeos.

Detectada inicialmente en 2002 en las costas del suroeste de Francia, ha colonizado ya varios ecosistemas, como las costas andaluzas, y el verano pasado ha penetrado en el litoral gallego.

El rector de la USC, Antonio López, ha firmado con el conselleiro del Mar, Alfonso Villares, un convenio para que un equipo científico investigue trazas genéticas como "nueva forma de detección" de ese alga invasiva que "se propaga con mucha rapidez", ha explicado el representante de la Xunta a un grupo de periodistas.

Villares ha indicado que el estudio, de unos 200.000 euros, es para "saber si se puede detectar su presencia con sistemas científicos" basados en ADN (ácido desoxirribonucleico) y prevenir su expansión con el objetivo de impedir que "invada todos los ecosistemas".

La Xunta está elaborando un "protocolo de acción" acerca de esa especie, incluido cómo "gestionar los residuos", ya que ha observado que puede poner en riesgo el "crecimiento de especies" autóctonas, además de los "alimentos y nutrientes", ha añadido.

Zonas costeras de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería han registrado en los últimos años la presencia de ese alga que supone una amenaza para las artes de pesca menores, de manera que la tripulación de los barcos que faenan en esas áreas se ve desbordada por el peso al atraparlas en sus redes, además de suponer un elevado descenso de su facturación.

EJEMPLO DE COORDINACIÓN

El acuerdo firmado entre la Xunta gallega y la Universidad de Santiago respecto al control del alga invasora es un ejemplo de actuación temprana que, desde las áreas y sectores afectados en la comunidad andaluza, se echa de menos. Una guía de acción coordinada entre distintos organismos y administraciones se revela fundamental a la hora de tratar y gestionar el problema -máxime, cuando la Xunta está estudiando ya un plan de control de residuos de la biomasa, por ejemplo: algo que sigue en el limbo en Andalucía diez años después de detectarse el alga-.

Así, Sofía Tristancho, una de las responsables de la firma Futuralga, recordaba por ejemplo "que la Ley de Economía Circular, aprobada en 2023, recoge que “cualquier tipo de residuo al que se le pueda dar una segunda vida útil no se puede gestionar como un residuo orgánico”. Aunque, “a día de hoy, los ayuntamientos, que son los encargados de hacer la retirada de algas de la playa", no tengan "otra alternativa que llevarlas al vertedero ya que no tienen empresas a las que llevarlas para su tratamiento".

La descoordinación llega también, apuntaba la investigadora de la Universidad de Sevilla, Marta Florido, a los distintos grupos de estudio, que pueden no tener idea de los proyectos que están desarrollando otros grupos; o la orfandad que experimentan los consistorios afectados, muchos de ellos de pequeño tamaño e incapaces por sí mismos de gestionar el problema: “Hay que adoptar una serie de medidas, incluyendo incluso su catalogación como de emergencia -indicaba Irene Ares, jefa del servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Cádiz-. Lo que no podemos hacer es recaer todo este tema sobre las cofradías de pescadores y las entidades locales, porque no tienen medios suficientes”.