Esclavos del nuevo tiempo

 Regresaba todavía conmocionado Manuel Piedra, el secretario de Migraciones de la Unión de Pequeños Agricultores en Andalucía, de su viaje a Guatemala. Durante una semana estuvo escuchando 1.500 historias de aspirantes a ser reclutados para la recogida de los frutos rojos en Huelva. Habían llegado de todos los puntos del país para ser uno de los 500 seleccionados. Saben a lo que vienen: trabajo duro y salarios muy bajos para los estándares españoles, pero mejor que deslomarse en los campos de su país por el equivalente a 12 euros en jornadas de más de diez horas.

Piedra no los podía traerse a todos. Le hubiera gustado, pero Guatemala tiene un cupo dentro del programa Gecco, que cada año realiza 14.000 contratos de nueve meses a extranjeros de países concertados con el Gobierno español. El compromiso es que una vez terminado el contrato tienen que volver a su país. Era la idea que había expresado el pasado verano en Mauritania Pedro Sánchez. Inmigración circular se llama. Gecco lleva más de veinte años funcionando, no todo lo bien que debiera, y eso no ha detenido el flujo migratorio que denominamos como irregular.

Todo eso lo sabe Piedra, que durante su estancia en Guatemala ha escuchado cómo las mafias engañaban a muchos de ellos sacándoles todos sus ahorros a cambio de una visa que nunca llegó para Estados Unidos. Ahora España era su oportunidad. Con lo que ganaran en Huelva podrían quizá construir una casa para familias de una decena de miembros que se hacinaban en una habitación. Partiendo de esa base, por muy duras que fueran las condiciones de la campaña de la fresa, no podían ser peores que las que sufrían en su país.

Mientras en España el CIS nos informaba de que la principal preocupación de los españoles es la inmigración, en la UPA, la organización de Piedra, saben muy bien lo que significa la inmigración. Para empezar, su supervivencia. Sin esas catorce mil personas, catorce mil inmigrantes, sería imposible que el sector de los frutos rojos pudiera recoger una cosecha que supone una facturación anual de 1.200 millones de euros. Por eso en la UPA defienden que “los migrantes deben ser ciudadanos de pleno derecho en los pueblos y es responsabilidad de todos colaborar en su integración y en el desarrollo de sus derechos y deberes. Mientras algunos políticos quieren mandarles fragatas, los agricultores queremos darles trabajo y alojamiento dignos”. En eso coinciden con un movimiento que se está haciendo fuerte en esta provincia y que atiende al nombre de Jornaleras de Huelva en Lucha, que denuncia amenazas de devolver a trabajadoras a Marruecos, condiciones de vida casi infrahumanas e incumplimientos en el pago del salario mínimo o de las horas extras: “Hay quien aún no se ha enterado de que no puede hacer lo que le dé la gana”, decía Ana Pinto, una de sus líderes.

Eso no evita que Vox, con su discurso anti inmigración, superase el 20% de los votos en las últimas elecciones en los principales municipios productores, casi seis puntos más que en toda su provincia y ocho más que en el resto de Andalucía. El pasado mes de septiembre el grupo municipal de Vox en Cartaya llevó al pleno una moción instando “al gobierno provincial a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro municipio, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida”.

El debate

Acusar, como hizo Adelante Andalucía el pasado mes de septiembre en un pleno del Parlamento, a todo un sector diciendo que “la gente que comete delitos son los explotadores de la fresa y de los plásticos de Almería, gente que tiene a los jornaleros sin contrato y explotados en trabajos de sol a sol” puede parecer exagerado, pero lo cierto es que las buenas intenciones de UPA no siempre se cumplen. El Grupo de Expertos en Acción contra la Trata de Seres Humanos (Greta), dependiente del Consejo de Europa, visitó en julio de 2023 Huelva para conocer las condiciones de las jornaleras y no le gustó mucho lo que vio. En los asentamientos visitados encontró, a pesar del programa Gecco, numerosas inmigrantes sin papeles procedentes de Marruecos, Mali y Ghana. Mujeres sin ningún tipo de protección laboral. Se extrañaban de que los asentamientos no pudieran ser visitados por los inspectores de trabajo y que sólo pudiera actuar la Guardia Civil. En su informe al Gobierno español manifestó su profunda preocupación “por la inacción de las autoridades con esta situación humanitaria que dura desde hace años y genera elevados riesgos de tráfico de personas". No difería mucho del informe realizado hace tres años por el relator de la ONU Phil Alshton, que se mostró “pasmado por la situación de los recolectores, que viven como animales”.

El Gobierno reaccionó y puso sobre la mesa sus datos diciendo que los inspectores sí que iban a los centros de trabajo agrícola de Huelva. En 2023 se habían hecho más de 3.000 inspecciones de las que resultaron sólo 98 infracciones, que no es sinónimo de explotación laboral, lo que se tradujo en multas por valor de más de 500.000. Pero esto es muy relativo, ya que un inspector sólo puede denunciar los casos de trabajadores en situación irregular si los pilla trabajando. El empleador está obligado a dotarles de una vivienda y los núcleos de chabolas que rodean los campos demuestran que no siempre es así. Pero ahí un inspector poco puede hacer, ya que el irregular trabaja sin contrato laboral. No se puede demostrar nada.

No es justo centrar en empresarios agrícolas de Huelva o Almería -primero porque puede parecer que todos operan de la misma forma y eso no es así- una situación de la que vienen alertando numerosas organizaciones. Es el caso de Accem, que elaboró en 2020 un informe sobre la trata de personas en Andalucía. En él se reconocía el esfuerzo de las fuerzas de seguridad en su lucha por acabar con el esclavismo sexual. Y así lo atestiguan los datos. Sólo la Guardia Civil ha liberado en lo que llevamos de año a 350 personas, casi todas mujeres y casi todas extranjeras, a las que se les obligaba a practicar la prostitución. Y el problema en Andalucía es serio. De los 122 detenidos por esclavismo sexual en España en 2023, 83 eran residentes en la región. Sin embargo, Accem no encuentra el mismo foco en otro tipo de esclavismo, el de la explotación laboral.

Explotación laboral

Sobre eso los datos que proporciona Interior no son concluyentes. En 2023 la Guardia Civil inspeccionó en Andalucía la situación de 5.400 trabajadores y sólo en 40 casos se concluyó que se encontraban ante víctimas de trata laboral y en otros 91 se determinó explotación laboral. A la cabeza estaban los marroquíes y los colombianos. Otros datos nos permiten hacer deducciones. En Andalucía, según el reciente estudio publicado por Oxfam, un 19,4% de las personas que trabajan -no parados, sino gente que trabaja todos los días y muy duro- vive por debajo del umbral de la pobreza. Pues bien, dentro de ese abanico de trabajadores, un 30%, cerca de uno de cada tres, son inmigrantes de fuera de la Unión Europea, a pesar de que no suponen ni el 8% de la población total. Y, por ocupación, sus trabajos por este orden son hostelería, servicio doméstico, construcción y agricultura, que es donde se acumula el mayor número de trabajadores pobres. Y estos son los inmigrantes controlados que cotizan. ¿Qué pasa con los que están fuera de radar?

Nos lo podemos suponer revisando algunos de los últimos casos que han salido a la luz. Mientras Manuel Piedra se encontraba en Guatemala escuchando las desdichas de aquellos jornaleros, trece mujeres colombianas eran obligadas a trabajar en la provincias de Sevilla y Cádiz cuidando ancianos dependientes 24 horas al día sin relevos y sin ningún tipo de descanso. En la trama estaban implicados ocho colombianos que captaban en su país mujeres en situación de extrema necesidad prometiéndoles trabajo en el servicio doméstico. Las víctimas firmaban un reconocimiento de deuda con sus captores, que se encargaban del pasaje de avión. Esos pasajes de turistas se convertirían en una deuda imposible de saldar. La Policía Nacional pudo liberarlas el pasado 20 de octubre. En este caso la trama criminal tenía su origen en Colombia, pero los beneficiarios de esa explotación, los familiares de los ancianos, eran españoles que obtenían un servicio clandestino sin preocuparse de las condiciones laborales de sus empleadas.

El pasado mes de agosto la Guardia Civil penetró en una nave industrial cercana a Arcos que en su día se había dedicado al cultivo de marihuana y se incautó de 190.000 cajetillas de tabaco falsificado y 560 kilos de picadura. Se trataba de una fábrica ilegal. Dentro encontraron a ocho hombres de nacionalidad paraguaya que fueron detenidos, junto a otros dos cuya nacionalidad no se especificó. Pero estos ocho inmigrantes, que carecían de papeles, eran la mano de obra que trabajaba en ese lugar en turnos agotadores y a los que no se les permitía salir de la nave, que es donde hacían su vida. Para ello tenían como todo lujo unas literas, una cocina y un comedor. La puerta principal estaba soldada y sólo se podía acceder por la parte de atrás, a través de una puerta atrancada con una barra de hierro. De hecho, nadie en Arcos había visto nunca antes a los paraguayos. Eran invisibles.

En su informe sobre explotación laboral y sexual en Andalucía Accem recoge el caso descubierto en 2020 en la localidad de la sierra de Cádiz de Prado del Rey. Allí los servicios sociales del Ayuntamiento pusieron en conocimiento del Guardia Civil que desde hacía algún tiempo se veía por las calles del pueblo a un grupo de siete chavales sudamericanos que decían que venían a triunfar en el fútbol español. Todo muy raro. Resultó que los chicos eran colombianos y argentinos. Un supuesto ojeador español les había pagado el billete de avión para que participaran en un proyecto futbolístico que nunca existió. Este personaje había propuesto a la alcaldesa de la localidad montar un centro del ato rendimiento en el pueblo, pero aquello quedó en nada. Aún así, la deuda estaba contraída. Los chavales vivían hacinados y sobrevivían de la caridad de los vecinos. La Guardia Civil descubrió que cuando salían del pueblo no era, como decían, para jugar partidos con equipos de otras localidades o para hacer pruebas con equipos profesionales, sino para pagar la deuda con los servicios sexuales que el captor les conseguía en distintos puntos de la provincia de Cádiz y Sevilla. En Cáritas, que se encargaba de llevarles comida, se lamentaban de que “lo tuvimos delante y no lo vimos”.

Ese mismo año la Guardia Civil llevó a cabo la Operación Fruta desmantelando en el pueblo sevillano de Brenes una organización que se encargaba de traer de Rumanía mano de obra para el campo que ofrecía a agricultores de la zona. Las víctimas entregaban la documentación a sus captores nada más pisar España y de ese modo se convertían en rehenes. Vivían en pisos de la organización en pésimas condiciones y lo que les pagaban por su trabajo apenas les daba para su propia alimentación. El responsable, también de nacionalidad rumana, ingresaba por el dinero que le robaba a sus compatriotas del orden de 30.000 euros mensuales. Una vez más el explotador no era español, pero los beneficiarios de esa mano de obra barata sí eran españoles.

Hay una parte de la sociedad española, y no pequeña, que detrás de la inmigración ve delincuencia, a pesar de que las estadísticas policiales lo desmientan continuamente. Pedir tomar medidas contra los inmigrrantes por que algunos delincan sería como pedir tras el episodio de La Manada en Pamplona que se tomaran medidas contra los sevillanos. Como le dijo el director general de la Policía, Francisco Pardo, al diputado de Vox Ortega Smith en la comisión de Interior: “De patriota a patriota: paren. No es verdad”. En España contratar a una persona ‘sin papeles’ puede conllevar una multa entre 10.000 y 100.000 euros. En algunos casos renta. Porque los ‘sin papeles’ que llegan a nuestro país, muchos con intención de saltar a otros países de Europa, no pueden trabajar y en la mayor parte de los casos tampoco se les puede deportar. Y ellos tienen que vivir de algo. Una pescadilla que se muerde la cola. Quizá sea la hora de entender que detrás de la inmigración lo que hay, sobre todo, es el nuevo esclavismo de nuestro tiempo. Y esa es la verdadera delincuencia que se desprende de la inmigración que llamamos ilegal.