La legalidad urbanística gana terreno en la comarca de la Janda

La Consejería de Fomento está llevando a cabo labores de precinto y suspensión de obras en relación con nuevas parcelas ilegales detectadas en la zona de la Ribera de la Oliva, dentro del término municipal de Barbate, al estar esos terrenos dentro de la zona de policía del Dominio Público Hidráulico del Arroyo denominado de Mondragón, perteneciente a la demarcación del Guadalete-Barbate.

A pesar de la contundencia de las medidas adoptadas en años anteriores, en los que se han precintado entorno a un centenar de parcelas y edificaciones ilegales y se ha ejecutado la demolición de una vivienda, el proceso parcelatorio ilegal continúa en terrenos de la zona a día de hoy. Con estas medidas de precinto y suspensión la Inspección de Ordenación del Territorio pretende fomentar la prevención para no tener que llegar a consecuencias que implican la demolición de viviendas como la que se efectuó a escasos 500 metros de este lugar en el pasado en abril del presente año.

De las actuaciones previas de investigación se advirtió por la parte de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía que otras cuatro parcelas registrales habían sido divididas en ejecución en un plan preconcebido que ha provocado la división del terreno en alrededor de 60 lotes. Así, la parcelación urbanística detectada se compone de un conglomerado de parcelas próximas entre sí, pero que responden a un patrón único parcelatorio, deducible por la continuidad de las calles abiertas, por la propia tipología edificatoria y por el tamaño de los lotes resultantes, según apunta la Junta.

Aunque la mayor parte de parcelas se encuentran aún expeditas, en algunas existen ya edificaciones terminadas y la mayor parte está rodeada por muros ciegos para dificultar que los actos edificatorios ilegales y la actividad que se desarrolla en su interior pudieran visibilizarse desde el exterior.

Como viene siendo habitual en este tipo de operaciones, la Inspección citó a pie de cada parcela a todos los propietarios conocidos y publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el día y la hora en que se realizaría el operativo, favoreciendo que los propietarios pudieran alegar en presencia de los inspectores lo que estimasen oportuno para la defensa de sus intereses.

Ante la envergadura de la parcelación, las operaciones se han practicado en dos días, procediendo a realizar precintos y a colocar diligencias informativas de la orden de suspensión del uso en la mayor parte de los lotes.

Así, en la jornada del martes día 22 de octubre se practicaron 25 precintos y diligencias informativas. Asimismo se cortó el suministro de electricidad por operarios de Endesa por estrictos y alarmantes motivos de seguridad tal y como se recoge en el acta levantada conjuntamente por los inspectores, los operarios de la compañía y la policía autonómica, al haberse constatado la ilegalidad de la acometida, realizada sin ningún tipo de permiso ni autorización, el peligro para las personas residentes en la parcelación por las condiciones del cableado, por la ausencia de contadores de luz y porque al no contar con proyecto no presenta condiciones de seguridad necesarias para la red subterránea en derivaciones.

Al mismo tiempo, las edificaciones estaban vertiendo residuos incontrolados en el subsuelo, habiéndose constatado la posible captación ilegal de agua desde un pozo situado en las inmediaciones.

Durante la jornada de este miércoles se continuaron las labores sobre otros lotes hasta completar la totalidad del ámbito, con un total aproximado de 60 precintos.

De todas estas actuaciones se ha procedido a dar traslado a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz, ya que la construcción ilegal de viviendas en suelo rústico puede ser constitutivo de delito.

Asimismo, la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo incoará expedientes sancionadores frente a todos los responsables de las actuaciones, para lo cual se están realizando actuaciones de investigación en colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma y la Guardia Civil.

Por su lado, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Conil ha informado de la remisión a la Fiscalía de Cádiz de más de un centenar y medio de expedientes de disciplina urbanística que pueden terminar en el derribo de decenas de viviendas que se construyeron sin la preceptiva licencia municipal.

El concejal de Urbanismo del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Conil, Pedro Pérez, ha explicado que son más de 150 expedientes requeridos por la Fiscalía de Cádiz. En esa misma comparecencia de prensa, estuvo la alcaldesa de Andalucía por Sí (AxSí), Inmaculada Sánchez, quien apuntó que se trata de una petición al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Conil por parte del equipo de blanqueo de capitales y delitos contra la administración de la Guardia Civil, por lo que se han abierto unas diligencias preprocesales.

Inma Sánchez apuesta por un desarrollo urbano ordenado para dar solución al desorden urbanístico que aseguró existe en el término municipal. La alcaldesa apuntó que no sabe el destino y consecuencias de esta reclamación de la Fiscalía de Cádiz tendrá sobre las personas afectadas.