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Cádiz/Año tras año, el apartado sobre infraestructuras de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía mantiene demasiada vigencia y actualidad, así como la conclusión acerca del deficiente estado general de muchos edificios judiciales en el ámbito territorial del TSJA, donde existe un llamativo gasto anual en alquileres.
Desde el año 2010, apunta el Alto Tribunal Andaluz, se vienen reclamando de forma insistente cambios y mejoras para que las instalaciones judiciales sean dignas. Excepto Almería, Córdoba y Málaga, que cuentan desde hace años con modernos y unificados edificios judiciales, en el resto de capitales o ciudades importantes de Andalucía se continúa prestando el servicio público de Justicia en edificios dispersos e inadecuados, con graves carencias.
Así, Cádiz, Algeciras o Jerez vuelven un año más a servir de ejemplo elocuente de partidos judiciales que continúan esperando importantes cambios en instalaciones judiciales para contar con sedes unificadas y edificios de nueva planta, en su caso.
Asimismo, la memoria del TSJA indica que persisten deficiencias en buen número de sedes judiciales, que perturban seriamente el trabajo de los profesionales y los justiciables, de forma que se trasladan y reiteran a la Sala de Gobierno problemas referidos a elementales actuaciones de habitabilidad y mantenimiento de los edificios como deficiencias en el suministro de energía eléctrica y frecuentes problemas informáticos, medidas de seguridad inadecuadas, falta de calabozos y archivos, humedades y defectos de ventilación o refrigeración, barreras arquitectónicas, etcétera.
Y el problema añadido en el momento actual es que las deficiencias expuestas se pueden ver agravadas, sin duda, por la situación derivada de la crisis sociosanitaria por el Covid-19, que obliga a mayores medidas de prevención e higiene. "Nos preocupa que el importante impacto económico derivado del coronavirus suponga un grave freno en los proyectos de infraestrucuas judiciales, ya que, como se ha comentado, vamos muy retrasados respecto a obra nueva y reformas que deberían haberse puesto en marcha hace mucho tiempo. Los planes de infraestructuras realizados por diferentes Consejerías no han culminado como era exigible y, en algunos casos, ni han empezado", incide el TSJA.
Para el Alto Tribunal Andaluz, sería imprescindible impulsar, "de una vez por todas", la reubicación y concentración de edificios judiciales en Algeciras, Cádiz capital y Jerez. "En estos partidos, la dispersión de sedes dificulta la labor tanto de profesionales como la organización del trabajo, siendo más acuciante, si cabe, la necesidad de infraestructuras en Cádiz y Campo de Gibraltar, donde hay que hacer viable y dar pronta respuesta a esta problemática", subraya la memoria del TSJA.
Respecto a Cádiz capital, la memoria anual del tribunal que preside el magistrado Lorenzo del Río expone lo siguiente: "Debemos conocer con seguridad la futura sede judicial unificada, acabando con la persistente indefinición y concretando si el Ayuntamiento da viabilidad, finalmente, al proyecto de la Ciudad de la Justicia en el antiguo depósito de tabacos. No podemos permitir que el proyecto de Ciudad de la Justicia vuelva a eternizarse. Pasa el tiempo sin actuaciones concretas y pedimos acabar con la actual dispersión y serias deficiencias en infraestructuras judiciales en Cádiz".
Sobre el edificio de San José en Los Balbos, donde se ubican los juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, el TSJA recuerda que su uso es compartido con un mercado de abastos y añade que "aunque se han realizado diferentes actuaciones de mejora, el sótano se encuentra apuntalado desde el 2008 en parte y clausurado por orden de la Inspección de Trabajo.
En Jerez, el grado de dispersión de los edificios judiciales es menor, no obstante, se estima conveniente concentrar las sedes y solucionar las deficiencias en las instalaciones ubicadas en avenida Alcalde Álvaro Domecq. Tal y como detalla la memoria, el nuevo emplazamiento y posible sede de la Ciudad de la Justicia de Jerez "está aún sin definir".
De otra parte, el TSJA pone la lupa en los juzgados de El Puerto de Santa María, que encuentran alejados de la ciudad. "Se trata de una sede judicial ubicada en un polígono industrial, donde fue instalada en el año 2006 con carácter provisional. No hay ventilación natural, ni acceso de minusválidos y los archivos judiciales están a más de cinco kilómetros. Además, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria se encuentra en otro edificio del polígono industrial, con problemas de seguridad y vigilancia", enumera el balance.
En el caso de Algeciras, además de la dispersión, los juzgados de lo Penal, ubicados en el Palacio de los Marzales, se encuentran en una lamentable situación. Es urgente, según el TSJA, una reforma y ampliación del edificio donde se encuentra la Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz, los Juzgados de lo Contencioso y de lo Social, para ubicar, además, el Juzgado y Fiscalía de Menores, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y los Juzgados de lo Penal.
Por último, el Alto Tribunal Andaluz reitera que Barbate, Puerto Real y San Roque cuentan también con unas instalaciones deficientes. En el caso de Barbate, cuyo juzgado está situado en la planta baja de un edificio de vecinos, la sede presenta serios problemas de todo tipo (seguridad, intimidad de las víctimas y ciudadanos en general, hacinamiento de los profesionales, archivo, etcétera), que hacen "imprescindible" abandonar la actual sede arrendada y finalizar cuanto antes la obras de adecuación de una nueva sede judicial en la avenida del Río Barbate, número 17.
La pandemia de coronavirus ha tenido una grave incidencia general en la actividad judicial y, aunque no ha ocasionado su cese total, causará un considerable incremento de la litigiosidad. “Nos encontramos ante un horizonte incierto, que nos obliga a gestionar la carga de trabajo pendiente antes de la emergencia sanitaria, que ya presentaba síntomas de colapso, junto a la presumible avalancha de nuevos asuntos vinculados a la crisis socio-sanitaria, lo que amenaza con tensionar aún más el sistema judicial”, refleja la memoria.
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha advertido que la crisis sanitaria ha puesto de relieve nuevamente “la falta de modernización del Poder Judicial” y ha dejado patentes “sus límites y su fragilidad, al contrario que otros sectores y profesiones que han trabajado on line con mucha mayor eficiencia”. Del Río “encuentra complicada justificación a que se hayan tenido que paralizar los procesos y más del 90% de la actividad judicial, cuando llevamos años implementando el uso de los medios digitales para mejorar la gestión y modernización de nuestros juzgados y tribunales, que, no olvidemos, es también un mandato legal. La incidencia, repito, habría sido mucho menor en otro contexto organizativo y tecnológico del que por ahora carecemos”.
Ante este panorama, Lorenzo del Río ha subrayado que nuestro país sigue careciendo “de un sistema equilibrado de resolución de conflictos” y en el mismo existen demasiados incentivos para la litigación. Por ello, el presidente del TSJA ha insistido, un año más, en la necesidad de “contemplar con naturalidad un enfoque distinto a la respuesta tradicional e institucionalizada de la justicia” y ha abogado por “implantar obligatoriamente sistemas complementarios de resolución de conflictos”. “Reclamamos con urgencia un sistema de justicia eficiente y responsable, un cauce complementario de resolución de conflictos, donde la justicia restaurativa, la mediación, formen parte también de la tutela judicial efectiva. Es obligado salir de la situación actual, donde la mediación se sigue aplicando con cuentagotas, para que llegue a formar parte de nuestro sistema jurídico legal, lejos de personalismos o voluntarismos“, señaló.
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