El ex jefe de la Seguridad Social acusado de amañar subastas en Cádiz se acoge a su derecho a no declarar

El que fue jefe de Sección de la Unidad de Subastas de la Dirección Provincial en Cádiz de la Tesorería General de la Seguridad Social prefirió guardar silencio y acogerse a su derecho a no declarar en la primera sesión del juicio celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de Cádiz por el caso destapado en 2016 sobre una trama dedicada supuestamente al amaño de subastas públicas.

El ex alto cargo, J.C., optó por no prestar declaración, no contestó siquiera a las preguntas de su abogado. Quien sí lo hizo -responder a su letrado- fue J.C., el subastero de Chiclana procesado igualmente en este asunto. El licitador explicó que se dedicaba a la compra-venta de inmuebles y vehículos en subastas desde el año 2001. Aseguró que adquiría esos bienes en subastas organizadas por diferentes organismos como Hacienda, Ayuntamientos, Diputación, Patrimonio, juzgados de instrucción... No obstante, precisó que la mayoría de las pujas las llevó a cabo con la Tesorería General de la Seguridad Social porque era la entidad con mayor volumen de subastas. "La Tesorería tenía un cuadrante establecido que se publicaba todos los meses. Era, con diferencia, la administración con más bienes a subastas", afirmó.

Asimismo, el licitador señaló que era "práctica habitual" que las pujas se hicieran a poco tiempo de cumplirse el plazo para ello. "Yo tenía una cartera de clientes y cuando se iba agotando el plazo para pujar, me ponía en contacto con ellos para saber si estaban interesados", reseñó. Del mismo modo, declaró que también era "habitual" hacer una oferta un 25% superior al precio máximo legal establecido con la intención de conseguir el bien al menor coste. "No sabía si había otros postores", remató.

Cuestionado por su relación con el jefe de Subastas de Cádiz, aseveró que no lo conoció personalmente hasta el año 2015, aunque antes había coincidido con él en la celebración de subastas en el edificio de la Tesorería ubicada en la plaza Asdrúbal de la capital gaditana.

El ex jefe de Subastas de la Seguridad Social en Cádiz, otro funcionario de la Tesorería, dos subasteros y un trabajador de la empresa que se encargaba del almacenaje y custodia de los bienes embargados, entre otros, se sientan en el banquillo acusados de numerosos delitos: alteración de los precios en subastas públicas, cohecho, actividades prohibidas a los funcionarios, aprovechamiento de información privilegiada, prevaricación y violación de informaciones o secretos, entre otros.

De todos los procesados, los que se enfrentan a una petición de cárcel más elevada son J.M., el que fue jefe de Subastas, y J.C., el subastero de Chiclana. La Fiscalía solicita para ambos 21 años de cárcel y multa. Para el primero pide, además, la privación definitiva del empleo de funcionario de la Seguridad Social. Ambos estuvieron privados de libertad provisionalmente desde el 6 de septiembre de 2016 hasta el 5 de marzo de 2017.

Según exponen las conclusiones provisionales del fiscal, "desde, al menos, mediados de 2010 y más intensamente en 2016", J.M., jefe de Sección de la Unidad de Subastas de la Subdirección de Recaudación en Vía Ejecutiva de la Dirección Provincial en Cádiz de la Tesorería General de la Seguridad Social, se concertó con dos licitadores, J.C. y L.F., ambos encausados, para "afectar al sistema de funcionamiento de la Administración, corromper el procedimiento de adjudicación de bienes así como los precios de subasta y exigir el pago de comisiones ilegales" por ello.