El ex alcalde de Rota Lorenzo Sánchez regresa al banquillo por el caso Parking

Cádiz/El periplo judicial del ex alcalde de Rota Lorenzo Sánchez por los tribunales aún no ha terminado. El que fue regidor por Roteños Unidos (RRUU) desde 2003 hasta el 2010 regresa al banquillo de los acusados, esta vez, por el caso Parking, un asunto que pretende esclarecer la supuesta permuta ilegal de suelos municipales a cambio de la construcción de un aparcamiento subterráneo en la localidad. En esta ocasión, la Fiscalía lo acusa de prevaricación y fraude a la administración y solicita para él dos años de cárcel y doce años de inhabilitación.

Lorenzo Sánchez ya fue condenado a 13 años de inhabilitación y a un año y medio de prisión por el caso Uniformes, si bien la Audiencia de Cádiz decidió suspenderle la pena y no entró en la cárcel. En las otras dos causas que llevaron a Sánchez ante la Justicia, el caso Horas Extra y el caso Convenios Urbanísticos, el ex alcalde roteño fue absuelto.

Respecto al caso Parking, la Fiscalía procesa, además de a Lorenzo Sánchez, a Antonio PeñaAntonio Peña, a la fecha de los hechos concejal de Urbanismo en Rota y posteriormente alcalde de Chipiona; a los empresarios Felipe y José Castellano por lograr a dedo la adjudicación de una obra pública; y a un arquitecto. Para Peña pide ocho años de inhabilitación como cooperador necesario en el delito de prevaricación; para los constructores, once meses de prisión y ocho de inhabilitación; y para el arquitecto, cinco años de inhabilitación.

Tal y como precisa el escrito de calificación fiscal, el Ayuntamiento de Rota era titular de una parcela cuyo uso, según el Plan General de Ordenación Urbana, era el de equipamiento público. Dicha parcela lindaba con un inmueble ubicado en la calle Álvaro Méndez de Rota, que fue adquirido en julio de 2005 por el constructor Felipe Castellano por un importe de 483.322,12 euros.

Asimismo, precisa la acusación pública, el Consistorio roteño era titular de 2.053,57 unidades de aprovechamiento urbanístico en el Pago de Valdespino, zona de expansión urbanística de Rota, las cuales lindaban al sur con otra parcela propiedad también de la sociedad Promociones Castellano.

Según el fiscal del caso, a principios de 2006, Lorenzo Sánchez, entonces alcalde de la localidad, y los promotores José y Felipe Castellano "idearon, prepararon y desarrollaron de forma conjunta un plan" en virtud del cual se adjudicó a Promociones Castellano tanto la construcción de un parking público como las 2.053,57 unidades de aprovechamiento urbanístico que formaban parte del Patrimonio Municipal del Suelo. Y todo ello, "eludiendo cualquier procedimiento de licitación pública que garantizase los principios de publicidad y concurrencia".

La Fiscalía sostiene que Sánchez aprovechó su cargo de alcalde para suscribir un convenio por el que le otorgaba a Promociones Castellano las ya referidas 2.053,57 unidades de aprovechamiento urbanístico a cambio de que la constructora cediese al Ayuntamiento de Rota la finca ubicada en la calle Álvaro Méndez, derribase el inmueble existente en la misma y construyese el aparcamiento.

Como el valor de las obras de construcción del aparcamiento y de la finca de Álvaro Méndez era superior al valor de las unidades de aprovechamiento, prosigue el fiscal, el Ayuntamiento de Rota se obligó a satisfacer esa diferencia en metálico. "De esta forma, se favorecieron los intereses de Castellano, que vio cómo un solar que había adquirido hacía menos de un año por 483.322,12 euros se valoraba en 1.192.840,39 euros al mismo tiempo que lograba la adjudicación directa de una obra pública presupuestada en 1.989.099,70 euros y la cesión directa de la finca en la que se concretaron las 2.053,57 unidades de aprovechamiento", afirma la Fiscalía.

Según la acusación pública, Lorenzo Sánchez obtuvo "un beneficio político", pues "consiguió la construcción e inauguración de un aparcamiento en el casco histórico de Rota muy cerca de las elecciones municipales que se iban a celebrar en mayo de 2007".

En conclusión, el Ministerio Público estima que el convenio suscrito por Lorenzo Sánchez "estuvo plagado de irregularidades" y que Promociones Castellano "se aseguró la ejecución de una obra pública sin procedimiento de licitación pública así como las unidades de aprovechamiento sin concurso público".