La falta de agua tensa la cuerda entre turismo y recursos en la costa gaditana

Que en pleno siglo XXI haya núcleos de población en Europa que no dispongan de agua potable es un dato que llama la atención a cualquiera que lo escuche. El agua es (por ahora) un derecho humano, repiten sus afectados, entre los que se encuentran tanto particulares como empresas de una de las millas de oro del turismo nacional: esa que va de Chiclana al Campo de Gibraltar y que incluye puntos como Los Caños y Zahora (Barbate) o El Palmar (Vejer). Un pedacito de eso que hemos quedado en llamar Cadizfornia.

Precisamente, cientos de residentes en esas poblaciones han visto estos días cómo su vida de complicaba a partir del precinto por parte de las autoridades autonómicas al suministro en cisterna que proporcionaba a varios clientes El Pipa. Clientes, no usuarios, porque el agua ya deja de ser un derecho para pasar a ser un servicio por el que se paga. Otro dato que no llama tanto la atención, pero que está en el corazón del problema, es que estamos hablando del abastecimiento a construcciones ilegales: núcleos, apuntan en una nota desde Enebro-Ecologistas en Acción, que “carecen, en gran medida, de suministro, saneamiento y depuración del agua, servicios que necesitan sus poblaciones (multiplicadas por cinco en verano) para uso en viviendas, restauración y hostelería”.

“No es un problema nuevo –continúan– viene ocurriendo desde hace más de 25 años, sin que ningún responsable político haya podido/querido solucionarlo. Estas poblaciones, tan de moda y tan visitadas, tienen una situación de urbanismo y de servicios públicos completamente descontrolada, cargada de incumplimientos y de irresponsabilidades”.

La situación en la zona –con clásicos eternos respecto a la mala gestión de aguas que han costado sanciones europeas, como el caso de la depuradora de Barbate, en camino de renovarse– se agrava con la tensión turística que soporta la zona. Zahora tiene registrados en su censo a unos 600 vecinos, pero en verano –apuntaba la asociación local Costa de la Luz– puede sobrepasar los 20.000.

Lo que supone una novedad, afirman los ecologistas, es la “angustiosa situación hídrica de la comarca, el desaforado incremento de población en verano, y la construcción y el alquiler sin regulación. En este año 2023 con la intensa sequía y el cambio climático insistente, la falta de agua se ha convertido en un problema estructural”.

“Desde hace más de 8 años –prosiguen– ha habido empresarios (el conocido como El Pipa y otros) que, conociendo el problema, han encontrado un nicho de negocios y, lo que las administraciones públicas no han hecho, lo están paliando ellos de manera marginal y dudosamente legal. Llevan años vendiendo cubas de agua, que todos hemos visto circulando continuamente por las carreteras de Chiclana y la comarca de La Janda, que extraen de comunidades de regantes según informaciones del Seprona, y de otros pozos del acuífero de Puerto Real, Conil y del acuífero de Vejer”, indican, subrayando que la Directiva Marco de Agua europea indica en uno de sus principios que el agua no es un bien comercial.

Desde luego, no es algo nuevo: hace tres años, el Seprona informaba de una investigación abierta contra trece personas (entre ellos, El Pipa) por presunta extracción ilegal y venta de agua del acuífero existente entre Conil y Chiclana. hace tres años, el Seprona informaba de una investigación abierta contra trece personas (entre ellos, El Pipa) por presunta extracción ilegal y venta de agua del acuífero existente entre Conil y Chiclana.A pesar de ser sólo apta para riego, se comercializaba para uso particular y hostelería, especialmente, para llenar piscinas y aljibes –Chiclana es el municipio con mayor número de piscinas de la provincia–. Los niveles de nitritos de una de las piscinas analizadas superaban por diez los recomendables.

De momento, en la zona de La Janda, son unas 400 personas las que se han quedado sin su acceso habitual al agua, que ha sido resuelto de momento entre un acuerdo entre los ayuntamientos de Barbate y Vejer y varias empresas de reparto.

Otra cuestión al respecto es la de los pozos: los particulares tienen un abastecimiento máximo de 7000 metros cúbicos al año, no se pueden movilizar volúmenes enormes de agua para su venta sin afectar a los acuíferos.

Y, precisamente, los acuíferos de Vejer-Barbate y parte del de Chiclana se encuentran entre los que presentan una situación de sobreexplotación o aguas en mal estado dentro de la provincia, según el informe hecho público el año pasado desde Greenpeace.Greenpeace.

A todo esto, hay que sumar el estado actual de sequía –a la espera de la respuesta de las lluvias otoñales, que probablemente se inauguren este fin de semana–, con unos embalses que ayer no llegaban al 18%de su capacidad (17,9%), con pantanos como los de Barbate y Celemín al 9%, y el de Bornos, al 6%. De hecho, hace casi un año, el informe sobre Situación Hidrológica de la Comisión para la Gestión de la Sequía en la Demarcación Hidrográfica de Guadalete-Barbate ya apuntaba que el sistema de explotación que vivía una situación más preocupante era el de Barbate, con “garantía de recursos disponibles para menos de un año”.

“No podemos defender la comercialización especulativa del agua –indican desde Enebro-Ecologistas en Acción– pero entendemos que la paralización del suministro privado por cubas hace que los vecinos se encuentren en una situación de indefensión”. Un escenario cuya solución, sin embargo –desarrollan también los ecologistas–, va allá más de la puntual implicación de los ayuntamientos en ayuda de los vecinos, e incluiría medidas como el replanteamiento de ordenación del territorio o el “rechazo a nuevos proyectos urbanísticos especuladores, como es el caso del Área de Oportunidad Turística Trafalgar–San Ambrosio”.

También, continúan, se hace necesario “limitar el modelo turístico que sufren Zahora, El Palmar y otras zonas, obligando, por ejemplo, “a darse de alta a quienes se dedican al alquiler”; además del inicio de obras como la construcción de la depuradora El Palmar-Zahora-Los Caños.