La familia del alto dependiente sin pensión en Torre Alháquime pide ayuda a senadores y diputados por Cádiz

Gabriel Barroso come a través de una sonda nasogástrica y respira gracias a una traqueotomía. Su situación de dependencia es total. Recientemente, la Consejería de Inclusión Social, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía le remitía una carta en la que revocaba su derecho a una pensión no contributiva de 776 euros; reclamándole, además, 2.023 euros de cobros indebidos entre enero y abril de 2024 (ya devueltos); y obligándole a un copago sanitario del 40% de toda su medicación. ¿La razón? Que sus padres, por previsión, contrataron un seguro de vida para él que han rescatado recientemente.

"¿Se debe penalizar la responsabilidad de unos padres trabajadores que han hecho el esfuerzo de ahorrar para que su hijo, gran dependiente, sin posibilidad de acceder al mercado laboral, tenga una vida lo más digna posible?", se pregunta, en una nota enviada a los medios, el hermano de Gabriel, Pedro Barroso, alcalde de Torre Alháquime, localidad en la que residen ambos. La familia del afectado considera un “atentado legal” la situación a la que someten a una persona que ha sido "gran dependiente" desde su nacimiento.

"El Estado de Derecho no solo ofrece a la ciudadanía la posibilidad de ejercer su derecho a voto para elegir a los representantes del pueblo, sino que estos están en la entera obligación de cumplir su mandato en pro del beneficio común", recuerda Pedro Barroso.

Por todos esos motivos, solicita el amparo, al menos, de los titulares en el Senado y en el Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz para que trabajen por cambiar estas anomalías de la ley que afectan a personas como Gabriel, que “no es más que un ejemplo de todo un colectivo social que se ve indefenso ante leyes que no contemplan situaciones particulares, sino que ven a las personas como un número de expediente”.

En cualquier caso, a título individual, tanto el senador gaditano, Alfonso Moscoso, como los diputados nacionales Juan Carlos Ruiz Boix, Isabel Moreno y Mamen Sánchez, “ya tienen conocimiento de la situación de Gabriel”.

MÁS QUE UN NÚMERO EN UN EXPEDIENTE

Destacar que “el caso de Gabriel es solo un ejemplo de todos esos colectivos vulnerables a los que las leyes no amparan”. Barroso, entiende que “se legisla para la generalidad, pero las leyes que se aprueban con un fin de amparo han de tener las herramientas para que la interpretación de cada caso particular sea tomada en cuenta y que, en ningún caso, se den situaciones como la de Gabriel”.

Desde luego, “lo que no es admisible es que personas que cumplen escrupulosamente con la ley; que hacen caso a sus obligaciones como ciudadanos; que son previsoras; implementan el escudo social de una persona gran dependiente, y lo hacen con recursos propios sean atropelladas de forma legal y se pisoteen todos sus derechos sociales y asistenciales”.

En definitiva, Pedro Barroso ha iniciado una movilización personal a la que espera “se sumen más personas y familias afectadas”. Al mismo tiempo, ha procedido a trasladar la situación a los legisladores que “deben demostrar, ahora, su compromiso real con la ciudadanía, los derechos sociales y el de las personas más dependientes del sistema y el Estado de Derecho”, ha concluido.