La familia de uno de los guardias civiles de Barbate pide reabrir la causa contra los mandos

Cádiz/La familia de uno de guardias civiles que falleció en febrero de 2024 arrollado por una narcolancha en Barbate ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 1 de la localidad la reapertura de la causa contra los altos mandos del Instituto Armado al considerar que son responsables de las muertes de los agentes, por cuanto dieron las órdenes en el operativo policial desplegado en el recinto portuario el año pasado con el propósito de disuadir a varias embarcaciones que se refugiaban allí del temporal.

Así, los familiares de Miguel Ángel González Gómez, representados por el letrado Miguel Lozano, han planteado que se reabra la pieza que ya fue archivada por la Audiencia Provincial de Cádiz contra el coronel de la Guardia Civil de Cádiz, Luis Martín Velasco, y el general de la Guardia civil de la zona IV, Luis Ortega Carmona. Ambos fueron denunciados por un delito contra la seguridad y la salud en el trabajo (artículo 316 del Código Penal) y por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes (artículo 142 y 152)-

En esta ocasión, explica el abogado Miguel Lozano, la acusación dimana de una grabacion de 50 minutos que no constaba anteriormente en el procedimiento. Con ella, se pretende acreditar la supuesta comisión de un delito de homicidio con dolo eventual en el caso Barbate.

En noviembre de año pasado, la Audiencia de Cádiz ya estimó estimó que los altos mandos no incurrieron ni en un delito de homicidio imprudente ni un delito contra la seguridad de los trabajadores. Ahora bien, dice el letrado, "esta nueva acusación en la que se aportan más pruebas desconocidas hasta el momento dará un giro radical a la causa seguida contra la cadena de mandos", concluye.

El abogado ha anunciado que este martes la familia de Miguel Ángel González acudirá a las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz "para pedir justicia".

Archivo del caso

La Audiencia Provincial, al igual que la Fiscalía de Cádiz, entendió que no se podía imputar a Luis Martín Velasco y a Luis Ortega Carmona el delito de homicidio imprudente por cuanto se produjo una ruptura del "nexo causal" entre la muerte de los agentes y las decisiones que pudieron adoptar los jefes respecto al operativo desplegado aquella noche en el recinto portuario de Barbate.

Del mismo modo, la Audiencia de Cádiz consideró que la actuación desarrollada por los guardias civiles en la localidad jandeña no tenía encaje en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que las acciones emprendidas por la Benemérita para mantener y velar por la seguridad ciudadana que conllevan un riesgo intrínseco inherente a su profesión se rigen por otra normativa laboral específica.