El faseado y las contribuciones especiales, elementos claves

Chiclana/Entre las diferentes ponencias e intervenciones que ayer se ofrecieron en el marco de la jornada técnica sobre regularización de viviendas, cabe destacar de forma especial la que tuvo como protagonista al alcalde de Chiclana, José María Román, por tratar algunos de los aspectos que más interesan a los afectados por este proceso y que en mayor medida inciden en la práctica de lo que será la puesta en marcha y el desarrollo de esta actuación.

El título de su ponencia, Medidas favorables para la regularización de las viviendas en Chiclana, ya avanzaba la existencia de una serie de iniciativas, públicas o privadas, encaminadas a hacer posible, agilizar y facilitar un proceso ya de por sí complejo y costoso.

En esta línea, Román hizo una apuesta decidida por conseguir que la actual reglamentación, que se encuentran en fase de aprobación, sea la que definitivamente ponga en marcha el proceso. Para ello, el primer edil chiclanero enumeró las medidas reguladas en esta norma que persiguen facilitarlo, tales como "ajustar las edificabilidades de las parcelas conforme a la estimación de lo que se entiende que hay en cada tipo de parcela", la supeditación del proceso a las curvas de nivel para dividir el territorio afectado en 176 subcuencas hidráulicas como zonas de regularización para abaratar costes o la renuncia por parte del Consistorio del 10% de los aprovechamientos para que éste sea reincorporado al proceso de regularización, una cantidad que se estima en torno a 93 millones de euros. Otra de las medidas para favorecer el proceso es el faseado del mismo, de forma que éste se divida en una urbanización primaria y una urbanización secundaria. La primaria abarcaría aquellas acciones que permiten que las viviendas o parcelas puedan adquirir la condición de solar y conectarse a los servicios con la tramitación del expediente de legalización y la primera ocupación. Román explicó, en relación con la regularización, que se estima un coste total de la misma en torno a los 300 millones de euros, de los que 158 corresponderían a la urbanización primaria y 137 a la secundaria. "Es de estas cifras de donde sale la estimación de los 9.500 euros por vivienda como coste de la urbanización primaria, correspondientes a fecales, abastecimiento y alumbrado", desglosó el regidor al respecto. En cuanto a la urbanización secundaria, ésta abarcaría pluviales, excesos, etc.

En lo que a la financiación del proceso se refiere, sobre todo en lo que a la urbanización primaria respecta, José María Román incidió en las dificultades tanto de la Administración local como de los propietarios para hacer frente a estos costes, por lo que apuntó la creación en las ordenanzas de la figura de la contribución especial, un mecanismo a través del cual se garantiza el pago de los costes y el aplazamiento y faseado de los mismos. "Hará falta la presencia de un externo que ponga el dinero en nombre de todos y que lo cobre progresivamente durante unos años, ese será uno de los temas por concretar entre la Corporación y los vecinos, entidades con liquidez y capacidad de endeudamiento con las que ya estamos manteniendo conversaciones y con interesados en entrar en esa operatividad, de forma que los 9.500 euros de la urbanización primaria se puedan ir abonando en cantidades que oscilen en torno a los 50 euros mensuales", aclaró Román.

Por último, el alcalde chiclanero incidió en la necesidad de acometer definitivamente este proceso, entre otros motivos por la situación de los acuíferos, apelando a una "triple sostenibilidad, la ambiental, la económica y la social".

Antes de la intervención del regidor chiclanero, el secretario general de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Junta de Andalucía, Rafael Márquez, había ofrecido unas pinceladas sobre el nuevo marco normativo de la Ley de Ordenación Urbanística en el que se desarrollará esta regularización. En este sentido, Márquez incidió en las modificaciones introducidas tras las reformas de 2016, incidiendo en la necesidad de avanzar y abrir camino con "cintura y flexibilidad" en un proceso pionero que requiere de la adaptación y evolución hacia la realidad existente.

Las modificaciones y adaptación del Decreto 2/2012 a las dificultades encontradas en sus primeros años de vigencia fueron parte destacada de la intervención del representante de la Junta, todo ello en busca de una solución definitiva a este problema.