"No he firmado nada, ¿cómo voy a ser responsable?

El funcionario Clemente Ruiz, el principal imputado por el desfalco millonario de la caja del Consistorio isleño, al que se le considera responsable directo junto a su compañera, María José Lebrero, mostró su indignación ante la demanda presentada por el Ayuntamiento en el proceso contable iniciado por el Tribunal de Cuentas.

"Si el alcalde (José Loaiza) habla realmente con sinceridad, no actúa por presiones políticas y pretende aclarar lo ocurrido en la caja y recuperar el dinero desaparecido de las arcas municipales, no se explica que se limite a exigir a los responsables subsidiarios poco menos que 300.000 euros". Son -afirmó- cantidades rídiculas y no se comprende en qué se sustentan, cómo han sido calculadas por los servicios jurídicos que llevan el caso.

El funcionario -al que en el proceso contable se le reclaman hasta 9,4 millones al sumar los intereses correspondientes a la cantidad desaparecida- niega además que tuviera a su cargo la responsabilidad del manejo de la caja según lo establecido por la RPT del Ayuntamiento, tal y como apuntaba Loaiza al explicar los términos de la demanda. Y asegura que no pueden encomendársele funciones que exclusivamente, en razón a su cargo, corresponden a la tesorera. "Cuando se cuadraba la caja, firmaban tesorera e interventor. Y con su firma daban su conformidad a las cuentas. Ahora, todo lo que antes estaba bien, resulta que está mal. Yo no he firmado nada en ocho años. ¿Cómo voy a ser el responsable del manejo de estos fondos?", se preguntó. "Soy tan inocente como puedan serlo todos ellos (los responsables subsidiarios), aunque ellos siguen ahí y están trabajando y no han sido apartados de sus puestos".

Clemente, que estuvo en prisión provisional entre noviembre de 2009 y julio de 2011, insistió: "Si realmente se pretendiera el esclarecimiento de los hechos, no se pedirían apenas 300.000 euros", apuntó.

A estas cantidades se refirió también su abogado defensor, José Luis Tellado, que consideró "sorprendentes" los cálculos realizados por los servicios jurídicos encargados de la demanda del Ayuntamiento.