El fiscal acusa a un edil de Arcos de apropiarse de leña municipal

La Fiscalía Anticorrupción acusa a un concejal de Arcos, Francisco Muñoz (AI-Pro), de apoderarse de entre unos 16.000 y 30.000 kilos de leña municipal en el año 2013, cuando ocupaba el cargo de delegado de Medio Ambiente en el Ayuntamiento arcense.

El Ministerio Público procesa al edil, ahora en la oposición, como autor de un delito de malversación de caudales públicos y como inductor de otros dos delitos: falsedad continuada en documento mercantil y prevaricación. El fiscal Anticorrupción pide para Muñoz la pena total de 27 meses de prisión, multa e inhabilitación para el empleo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro cargo electivo de ámbito local, autonómico, estatal o europeo por un periodo de ocho años y medio.

Según recogen las conclusiones provisionales de la Fiscalía, sobre el mes de abril de 2013, Francisco Muñoz, entonces delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arcos, con la finalidad de hacer suya la leña proveniente de la tala de unos 500 cipreses del Camping Municipal situado en la Hacienda El Santiscal de dicha localidad y prevaliéndose de su cargo, ordenó a los trabajadores del Departamento de Parques y Jardines que se encontraban bajo sus órdenes que cortasen los troncos en trozos pequeños y cargasen las cubas "bien llenas".

A continuación, apunta la Fiscalía, Muñoz se puso en contacto con los también acusados en este caso J.M.S. y A.J.R., quienes habían sido contratados por el Consistorio arcense con motivo de las obras que se estaban ejecutando en dicho camping para llevar a cabo labores de transporte de escombros, ramas, troncos y demás restos que se iban generando para su traslado a dependencias municipales, como el Vivero o el Campo de Tiro.

Anticorrupción sostiene que los tres encausados se concertaron entre ellos para que la referida leña se transportase hasta la finca del padre del delegado, situada en la Colada del Barranco, junto al Centro Ocupacional Juan Candil, en vez de llevarla a las dependencias municipales. Así, el delegado y los transportistas acordaron que dichos portes serían abonados "camuflándolos entre la numerosa facturación que se estaba realizando" con cargo a las obras del camping.

Las conclusiones del fiscal exponen que los dos transportistas dieron aproximadamente unos 10 viajes, cargando en cada uno de ellos entre 2.000 y 3.000 kilos de leña a la finca particular de Francisco Muñoz. De esta forma, el que fue delegado de Medio Ambiente "se apoderó de entre 16.000 y 30.000 kilos de leña municipal, para lo cual se valió tanto de personal como de medios públicos con fines particulares, ya que utilizó a trabajadores municipales para que cortasen la leña en trozos más pequeños de lo habitual para que entrase en su chimenea al mismo tiempo que empleó transportistas contratados por el Ayuntamiento para trasladar la leña a su finca privada en vez de a dependencias municipales".

Habitualmente la leña se almacenaba en el Vivero Municipal para posteriormente ser usada con fines sociales: bien para actos populares, como las hogueras del Belén Viviente de la localidad y las zambombás; bien para ser entregada en pequeñas cantidades a personas que lo necesitaban.

La leña municipal de la que se apropió el concejal del AI-Pro ha sido tasada pericialmente en 2.240 euros, precisa el fiscal Anticorrupción.

Los transportistas

La Fiscalía plantea en sus conclusiones provisionales que los transportistas cobraron los portes privados de la leña municipal con dinero público, "aprovechando las facturas que se emitían por los traslados que estos estaban realizando por los trabajos para los que fueron contratados en el camping".

Para el abono de dichas facturas -entre las que se encontraban ocultos los portes particulares mencionados- se emitieron de manera arbitraria unas órdenes de pago que tenían como soportes las mencionadas facturas y albaranes falsos.

Para los procesados J.M.S. y A.J.R la Fiscalía solicita 25 meses de prisión, multa e inhabilitación para cargo electo por seis años.

En concepto de responsabilidad civil, los tres encausados deberán indemnizar de manera conjunta al Ayuntamiento de Arcos en la cantidad de 2.240 euros por los efectos sustraídos. Además, deberán pagar 480 euros, montante que fue abonado de manera indebida por los portes.