El fiscal pide 10 años de prisión para Carretero y el médico Casto

El fiscal solicita diez años de prisión para Carlos Carretero Máñez, ex jefe de la Policía Local de Ubrique, y para Francisco Casto Pérez Lara, inspector médico, a quienes señala como los procesados que pusieron en marcha en la provincia de Cádiz un plan para la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social destinadas a personas que pagaban por ello diferentes cantidades de dinero. Carretero y Casto, principales encausados en la Operación Karlos, están acusados de estafa, falsedad y cohecho. Ambos estuvieron en prisión preventiva y obtuvieron la libertad tras pagar sendas fianzas.

El escrito de calificación provisional del fiscal, enviado ya al Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, acusa a 24 personas. Ocho menos de las que estaban imputadas en las últimas fechas, después de que el juez archivase el caso respecto a una hermana de Carretero y el fallecimiento de otra imputada.

Entre los procesados, el fiscal mantiene a cuatro médicos, a María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, y a la madre de ésta. Para ellas dos, la Fiscalía reclama penas de cuatro años y seis meses de prisión por estafa y por colaboración en un delito de falsedad. El fiscal ha retirado la acusación contra la ex secretaria de Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez. También contra la madre de la secretaria de Carretero, quien suplantó a la madre de Campanario en una revisión médica.

La Operación Karlos desmanteló en 2006 la supuesta trama de las pensiones fraudulentas que habían montado Carretero y Casto. El fiscal explica en su escrito de acusación que fue Carlos Carretero quien ideó el plan con el objetivo de beneficiarse económicamente de forma ilícita. Para ello, señala, se puso de acuerdo con Casto Pérez, funcionario, quien desempeñaba el cargo de inspector médico destinado en la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Junta de Andalucía. Por su privilegiada situación en cuanto al control y tramitación de las situaciones de altas y bajas en los expedientes de incapacidad laboral, relata el fiscal, Casto podía influir de forma determinante en el reconocimiento de prestaciones a los beneficiario.

De ese modo, agrega el escrito, Carretero se encargaba de contactar con personas que en numerosos casos no reunían los requisitos legalmente exigidos y que estaban interesadas en obtener una pensión. Carretero, añade, les pedía en muchas ocasiones la entrega de dinero por gestionar la tramitación de los expedientes, en los que Casto emitía, como inspector médico, informes que falseando la situación real de los interesados y basándose, muchas veces, en informes médicos que sabía falsos, consignaba un estado de salud con padecimientos que conllevaban la propuesta de reconocimiento de algún tipo de incapacidad laboral.

El fiscal asegura que, por su necesaria intervención, Carretero le entregaba a Casto cantidades de dinero u otras compensaciones de valor económico.

Como Casto tenía asignados los casos que provenían de bajas laborales extendidas por médicos de las ciudades de Cádiz, San Fernando y El Puerto, explica el fiscal, con el fin de que el inspector médico pudiera emitir los informes en los expedientes de las personas captadas por Carretero, plasmaban en los expedientes que sus domicilios se encontraban en localidades que tenía encomendadas Casto, a pesar de que no residían en esos municipios.

Para iniciar los expedientes era preciso obtener un informe previo de baja médica del interesado extendido por algún médico que prestase servicio en Cádiz, San Fernando o El Puerto. El fiscal señala que, para ello, Carretero y Casto se pusieron de acuerdo con los médicos, también acusados, Harold Escalante, que prestaba servicios en el Centro de Salud ubicado en la barriada de La Paz de Cádiz, y con Luis Carretero Cala, que trabajaba en el hospital Santa María del Puerto, entre otros centros.

Estos médicos, sostiene el fiscal, emitían informes médicos y de baja y confirmación por dolencias no reales respecto a los interesados que les indicaban Carretero y Casto. A muchos de los pacientes ni siquiera los reconocían, anota el escrito de acusación.

En determinados expedientes también intervenían, de acuerdo con Carretero y Casto, otras personas. Es el caso de una pareja de médicos que, según el fiscal, participaron en el intento de obtención fraudulenta de una pensión de incapacidad para el también acusado Miguel Ángel Fernández Fernández.

Casto, relata el escrito de acusación, contactó con el médico y le presentó a Carretero haciéndole ver la posibilidad de que éste promocionase en la zona de la Sierra de Cádiz la Mutua que gestionaba el facultativo.

Eso llevó al Centro de Salud de San Fernando en el que trabajaba la esposa del médico, quien sin conocer la finalidad, emitió un parte de baja por trastorno depresivo para Miguel Ángel Fernández, señala el fiscal.