El fiscal pide 87 años de prisión para seis acusados de secuestrar, torturar y asesinar por la desaparición de un alijo en Cádiz

Cádiz/La Audiencia Provincial de Cádiz acogerá a partir del próximo 14 de marzo un juicio con jurado a seis hombres acusados de secuestrar a otros cinco y propinarles numerosas palizas por la desaparición de un alijo de droga. Los procesados, según la Fiscalía, amordazaron y maniataron a las víctimas para luego golpearlas con bates de béisbol, palos y navajas. También con escopetas y pistolas. Tras horas de torturas, un navajazo en el pecho causó la muerte de uno de los secuestrados, cuyo cuerpo fue arrojado desde un vehículo en marcha en la carretera A-480 entre Chipiona y Sanlúcar, junto a otras dos víctimas gravemente heridas. Según pudo confirmar este medio en su día, el suceso tuvo su origen en lo que en el argot policial se conoce como un vuelco, es decir, narcos que roban a otros narcos. un vuelco narcos que roban a otros narcos.

Los seis encausados serán juzgados por detención ilegal, lesiones, asesinato, intento de asesinato, tenencia de armas prohibidas y tenencia ilícita de armas de fuego, una serie de delitos por los que el fiscal solicita que cada uno de ellos sea condenado a la pena total de 87 años de prisión. Para uno de los acusados plantea incluso tres años más de cárcel (90 en total) porque le atribuye otro delito de conducción temeraria.

El escrito de calificación fiscal recoge que a finales del mes de septiembre de 2019, los encausados se concertaron entre sí y con otras personas no identificadas para actuar contra MRQ, EMR, MJR, MVR y JRC por la desaparición de un alijo de hachís introducido por las costas de Cádiz.

Así, el sábado 21 de septiembre de 2019, uno de los procesados -el supuesto cabecilla- organizó una primera reunión en una casa de campo que tenía en Chipiona. A ella acudieron otros acusados portando bates de béisbol, palos, navajas, una escopeta y una pistola. Además, llevaron guantes y la cara tapada con pasamontañas para evitar ser identificados.

El supuesto líder, según la Fiscalía, llamó por teléfono a EMR para que asistiese a esa primera reunión. Cuando sobre las 23:00 horas EMR llegó a la casa, los encausados lo retuvieron allí contra su voluntad, le taparon los ojos y lo maniataron con cinta de embalaje al tiempo que le preguntaron dónde estaba la mercancía. "Dado que EMR no tenía posibilidad de defensa, lo tiraron al suelo y, con ánimo de menoscabar su integridad física, lo golpearon en diferentes partes del cuerpo causándole varias heridas", explica la acusación pública en sus conclusiones provisionales, que añaden que los acusados dejaron marchar a EMR, no sin antes advertirle que volviera al día siguiente.

Más violencia

La mañana del domingo 22 de septiembre de 2019, el líder convocó una segunda reunión en la misma casa ya mencionada en la que también estaban, junto a otras personas no identificadas, el resto de procesados, quienes portaban de igual forma las mismas armas y objetos contundentes que la noche anterior.

Según la Fiscalía, el primero en aparecer fue otra vez EMR, al que, nada más llegar, le amarraron las manos y le taparon los ojos con cinta de embalar. Después, el cabecilla llamó por teléfono a MRQ e hizo que éste buscara a MJR y a su primo MVR para que fueran a su casa de campo. Una vez allí, también fueron retenidos en contra de su voluntad. Finalmente, hizo lo mismo con JRC.

En tales circunstancias, los acusados agredieron a las víctimas "repetidamente durante varias horas y principalmente en la cabeza" mientras les preguntaban por el paradero de la droga. "Llegaron incluso a clavarle una navaja en el pecho a MJR", precisa el fiscal.

Acto seguido, varios encausados se dispusieron a abandonar el lugar. Así, introdujeron en la parte trasera de una furgoneta marca Ford Transit a MJR, MVR y JRC todavía atados, amordazados y con los ojos tapados con la cinta. Otros acusados se fueron en un turismo marca Opel-Insignia. El líder se quedó en su casa de campo y, tras dejar marchar EMR y MRQ, la limpió de cualquier resto o vestigio que pudiera incriminarle en lo sucedido.

"Sobre las 17:10 horas de ese mismo día 22 de septiembre de 2019, cuando la furgoneta circulaba por el punto kilométrico 4,500 de la carretera A-480 entre las poblaciones de Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, los encausados abrieron las puertas de la parte trasera del vehículo y arrojaron a la calzada a MJR, MVR y JRC", expone la Fiscalía en su escrito de acusación.

Un poco más adelante, los procesados que viajaban en la furgoneta se bajaron y se montaron en el turismo marca Opel-Insignia en el que iban sus compañeros. Emprendieron entonces la huida juntos hasta que una hora más tarde fueron interceptados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en La Rinconada (Sevilla).

Armas

Según la versión de los hechos del fiscal, sobre las 18:30 horas de ese mismo 22 de septiembre de 2019, la Policía localizó en la ciudad de Sevilla a uno de los implicados. Así, tras una peligrosa persecución en la que el sospechoso condujo la furgoneta a toda velocidad por distintas calles de la capital hispalense, fue finalmente detenido en la calle República Argentina.

En el interior de la furgoneta los agentes intervinieron un teléfono móvil, 7.034,03 euros en metálico, una pistola con su cargador -que contenía seis cartuchos- y una escopeta con cuatro cartuchos alojados en su interior.

La pistola era de alarma y señales (detonadora), marca Zoraki, modelo M906, calibre 9 milímetros. Fue adquirida por los acusados a sabiendas de que tenía su número de identificación eliminado y que había sido transformada para disparar munición metálica de percusión central del calibre 7,65 milímetros, también conocido como 32 auto. Se trataba de un arma prohibida según el reglamento al haberse sustituido su cañón original por otro que la hacía apta para disparar munición metálica de proyectil único.

La escopeta era de repetición manual, marca Maverick, modelo 88, del calibre 12/76 con culata. Fue igualmente adquirida por los encausados a sabiendas de que tenía su número de identificación eliminado. La escopeta se encontraba en correcto estado de funcionamiento, por lo que disparaba con normalidad la munición adecuada a su calibre y características.

"La pistola y la escopeta estuvieron a disposición de todos los procesados en la casa de campo y fueron utilizadas por los mismos para la comisión de los hechos descritos anteriormente, todo ello sin que conste que ninguno tuviera las correspondientes licencias o permisos necesarios", afirma la acusación pública.

Ataque mortal

Todos los secuestrados sufrieron heridas muy graves que supusieron riesgo vital. "De todas ellas, la herida más importante fue el navajazo propinado a MJR en el pecho, que penetró en la cavidad pleural y alcanzó el pulmón derecho, ocasionando una hemorragia intratorácica masiva con una rápida pérdida de sangre y finalmente el fallecimiento de MJR por un shock hipovolémico", concluye el fiscal.