El fiscal pide cinco años de prisión para el ex senador Sebastián Ruiz

Cádiz/El fiscal pide cinco años de prisión para el ex senador del PP, Sebastián Ruiz, acusado de un delito de cohecho y prevaricación por enchufar en el Ayuntamiento de Arcos a la hija del ex interventor Antonio Muñoz, a cambio de que este modificara informes de reparo. También están acusados de ambos delitos en este mismo caso el ex teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Manuel Erdozain (AIPro), el ex interventor accidental del Ayuntamiento de Arcos, Antonio Muñoz, y el ex delegado de Hacienda (PP), Carlos de la Barrera. La Fiscalía pide para Erdozain una pena de cinco años mientras que para Muñoz y de la Barrera la rebaja a cuatro años. También pide para los cuatro acusados nueve años de inhabilitación para cargo público.

En el momento de los hechos, Sebastián Ruiz tenía el cargo de segundo teniente de alcalde, responsable del Área de Hacienda y delegado de Infraestructuras, además de ser senador del Partido Popular por Cádiz, cargo que ostentó hasta octubre de 2015. Todos ellos tienen el próximo lunes una vista preliminar en la Audiencia Provincial con sede en Jerez, donde las partes podrían alcanzar un acuerdo y, si no se lograra, el juez pondrá entonces fecha de juicio.

En su escrito de calificación, el fiscal dice que "los acusados Manuel Erdozain, Sebastián Ruiz y Carlos de la Barrera, de común acuerdo, ante el problema que les planteaba el informe del interventor municipal, Antonio Muñoz, de fecha de 18 de junio de 2014, en el que se informaba negativamente de todas las nuevas adjudicaciones de obras e inversiones por lo grave de la situación económica del Ayuntamiento, decidieron de común acuerdo ofrecer al interventor la contratación de su hija a cambio de que modificase el sentido de dicho informe".

Así que ante la problemática que planteaba la no ejecución de dichas obras "se diseñó por los mismos un plan aprovechando que Sebastián Ruiz era también el responsable del Área de Hacienda, Régimen Interior y Bienestar Social, de la que dependía el delegado de Hacienda y Régimen Interior, Carlos de la Barrera, con competencia para la celebración de los contratos de personal temporal, por virtud del cual le ofrecerían al interventor Antonio Muñoz la contratación de su hija en el Ayuntamiento, con la finalidad de cambiar el sentido a dichos informes. Dicha contratación se realizaría en un lugar apartado de la población para no levantar sospechas".

Y ese lugar fue el centro ocupacional Juan Candil, entidad dependiente del Ayuntamiento que atiende a personas con discapacidad. Su directora había manifestado verbalmente, en varias ocasiones, que necesitaba alguna persona como monitora para este servicio que "tuviese conocimiento, cualificación y experiencia en la asistencia de disminuidos psíquicos y físicos. Teniendo en cuenta que dicho centro se encuentra alejado varios kilómetros del núcleo de la localidad y con un acceso dificultoso a través de un carril, decidieron los acusados que sería el lugar idóneo para colocar a la hija del interventor", añade el fiscal.

El contrato se formalizó el 1 de septiembre de 2014 sin "procedimiento de selección y sin que se respetasen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen en la contratación pública". Se da la circunstancia de que la contratada carecía de formación específica en atención a personas discapacitadas, ya que sus conocimientos eran de peluquería, por lo que "la directora del centro, ante su falta de cualificación para desempeñar el puesto que había solicitado, la tuvo que reubicar en el único puesto que podía desempeñar, que era el de ayudante de monitora, un cargo que hasta entonces sólo se había ocupado por voluntarios que no cobraban salario alguno", pasando a ser la hija del interventor "la única ayudante de monitora que existía en el centro Juan Candil". El fiscal detalla la relación de informes positivos que emitió Muñoz para obras a pesar de la situación catastrófica de las arcas municipales.

Este caso parte de una denuncia de un trabajador municipal del Ayuntamiento ante la Fiscalía Anticorrupción. Además, denunció irregularidades en vales para el gasoil y el destino de la leña municipal.

Los tres ediles del gobierno anterior del PP-AIPro están inmersos también junto con otros concejales de entonces y junto al ex alcalde popular, José Luis Núñez, en otra causa de supuesto enchufismo de 25 personas afines en el Ayuntamiento de Arcos.