El fiscal rebaja de 8 a 4 su petición de cárcel para el cura acusado de desviar 500.000 euros de una parroquia de Vejer

Cádiz/La Fiscalía de Cádiz ha rebajado de ocho a cuatro años su petición de cárcel para el cura Antonio Casado, acusado de desviar más de 500.000 euros de la parroquia del Divino Salvador de Vejer entre los años 2014 y 2018 a través de diferentes movimientos bancarios efectuados a su favor, para cuya ejecución se valió de su cargo “como administrador de los bienes y del patrimonio” de la iglesia.

En la segunda y última sesión del juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Cádiz, el fiscal planteó esa importante rebaja de la pena asociada al delito de administración desleal que le imputa al padre Casado toda vez que tuvo en cuenta dos circunstancias que, bajo su punto de vista, condicionan la posible condena. De una parte, contempló el largo tiempo transcurrido desde que se destapó el caso hasta que ha sido juzgado, lo que no supone, sin embargo, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas (sino una rebaja del grado del delito hasta la horquilla punitiva mínima). De otra parte, a la hora de reducir su petición de cárcel para el párroco, el representante del Ministerio Fiscal valoró "de forma abstracta" la cantidad de 165.000 euros consignada en concepto de responsabilidad civil por la segunda procesada en este procedimiento, Miguela D., a la que considera cooperadora necesaria. Respecto a ella, la Fiscalía también modificó su petición de la pena privativa de libertad, que pasó de seis años a dos.

Asimismo, la acusación particular, ejercida por el Obispado de Cádiz, replanteó sus conclusiones definitivas y solicitó una pena de cárcel menor tanto para el cura Casado -seis años en lugar de los ocho iniciales- como para Miguela D. -que también se quedó en dos años, al igual que demandó el fiscal-.

La defensa de Miguela. D se adhirió a la petición de la acusación pública mientras que la defensa del religioso mantuvo la libre absolución, aunque subsidiariamente solicitó la atenuante de dilaciones indebidas y de error de prohibición en caso de condena. Y es que el religioso sostiene desde que se inició la instrucción de este procedimiento que ese medio millón de euros fue destinado a atender la extorsión que venía sufriendo desde que tramitó la adopción y el traslado a España de un menor de Guinea Ecuatorial, donde Casado permaneció una época como capellán de un orfanato antes de ser nombrado párroco en Vejer.

Testigos

En la sesión de este martes pasaron por la sala de vistas de la Sección Tercera varios testigos propuestos tanto por las acusaciones como por las defensas. Así, testificaron dos ecónomos de la Diócesis de Cádiz: Antonio Diufaín, quien ostentaba ese cargo cuando se sucedieron las transacciones bancarias a favor de Casado, y Carmen Lobato, la actual ecónoma. Ambos coincidieron en señalar que todas las parroquias, la del Divino Salvador también, dependen de la Diócesis como órgano superior, aunque tengan personalidad jurídica propia, y por ello los párrocos que las gestionan tienen la obligación de "rendir cuentas" ante la institución eclesiástica y "presentar anualmente" sus respectivos ejercicios financieros.

Diufaín afirmó que la parroquia del Divino Salvador era "rica" porque sumaba ingresos extra procedentes del cementerio, del alquiler de fincas propias y del 10% de las rentas de las antiguas capellanías que ahora sustentan a todo el clero, además de las colectas. "Nada quedaba fuera de supervisión", subrayó, "ni el pago de la congrua ordinaria ni las posibles emergencias que se asumían con los fondos de sustentación del clero por parte del Obispado".

Según el testimonio del entonces ecónomo, detectó las primeras anomalías e irregularidades en las cuentas del Divinio Salvador en 2014, cuando "Antonio Casado empezó a retrasarse la entrega de las cuentas anuales" y "no ofrecía explicaciones suficientes" sobre los desajustes económicos.

Al respecto, los dos testigos comentaron que el cura Casado refirió que una empresa que pagaba un alquiler a la parroquia para ocupar unos terrenos -la finca La Peñuela- para una instalación fotovoltaica dejó de abonar las rentas. "Sin embargo, preguntamos a dicha empresa por los supuestos retrasos y nos confirmaron que sí habían pagado", afirmó Carmen Lobato. "Como responsable del departamento jurídico, le pedí al párroco la liquidación de dicho alquiler para reclamar los impagos, pero me daba largas".

"No había explicación razonable y decidimos fiscalizar los saldos de las cuentas corrientes del Divino Salvador", indicó Diufaín, que apostilló que se descubrieron hasta 144 transferencias a favor de la cuenta personal del cura Casado, un extremo éste que ratificó en sala el guardia civil de la Unidad de Delitos Económicos que elaboró el examen de las cuentas parroquiales en el desarrollo de la investigación del caso.

"El obispo pidió explicaciones al párroco y las justificaciones que ofreció no dejaron nada en claro. Se formalizó una primera amonestación a Casado y se le dio un plazo para que cuadrara los números. Transcurrido dicho plazo y en reuniones posteriores, el párroco mencionó por primera vez que era víctima de una extorsión dentro del proceso de adopción de un menor de Guinea", aseveró Antonio Diufaín.

El que fue ecónomo de la Diócesis de Cádiz detalló que en el año 2012, antes de la llegada del Casado, la parroquia de Vejer disponía de 440.000 euros de fondos y que en 2018, cuando cesó, apenas alcanzaba los 17.000 euros.

Por su parte, la actual ecónoma afirmó que Casado sólo ofreció "tarde y mal" información a la Diócesis de dos cuentas bancarias cuando, según detalló el fiscal, había habilitadas hasta nueve. "No teníamos constancia de ellas", advirtió Lobato, quien especificó que el Obispado no podía llevar a cabo una auditoría inspectora en Vejer "si el párroco no colaboraba, pese a ser requerido por carta, por teléfono y por correo electrónico".

Interrogada por la posibilidad de emplear fondos parroquiales para hacer frente a la adopción del menor en Guinea, Carmen Lobato se mostró tajante: "Es absolutamente irregular; jurídicamente, no hay base para ese uso. Y si un sacerdote necesita un dinero extra para una urgencia, se tramita con una solicitud a la comisión de sustentación del clero".

Sacerdotes que apoyan Casado

En la sesión plenaria celebrada este martes en el Palacio de Justicia de Cádiz también testificaron los párrocos Aquiles López y Rafael Vez Palomino, quienes respaldaron en todo momento al cura Antonio Casado. Los dos religiosos afirmaron que el anterior obispo, Antonio Ceballos, estaba al corriente del proceso que inició Casado para adoptar a un niño de Guinea. "Le dije al obispo que eso conllevaría unos gastos y Ceballos dijo que p'alante", declaró el padre Aquiles.

Ambos testigos aseveraron que conocían la extorsión que estaba sufriendo Casado durante ese procedimiento adoptivo, por lo que le aconsejaron que pusiera el asunto en mano de las autoridades competentes. "La situación era espeluznante, lo amenazaron con llevarse al niño y con hacer daño a su madre", señalaron para argumentar los desvíos de importantes sumas de dinero de los fondos del Divino Salvador para satisfacer las exigencias de supuestas mafias extorsionadoras.

Rafael Vez Palomino afirmó que analizó todos los correos electrónicos de su compañero Casado para ayudarlo y asesorarlo jurídicamente. "Cada petición de dinero se correspondía con una transferencia. Eran peticiones creíbles, si bien cuando comprobé el montante total le comenté a Antonio que lo habían estafado. Entonces lo puse en contacto con un abogado y fue cuando abrió los ojos; antes ni siquiera se planteaba la posibilidad de un engaño".

Cuestionado por la forma correcta de proceder respecto a la gestión financiera de las cuentas de la parroquia, el padre Aquiles concluyó: "Las normas están ahí pero también hay un sentido de fraternidad y comunidad". Vez Palomino, por su parte, descartó que Casado llevase una "doble vida" y lamentó su situación actual. "Tiene que pedir ayuda para vivir".