La Fiscalía advierte que hay casas ilegales destinadas a viviendas turísticas en Cádiz

Cádiz/Cádiz ha registrado un “importante incremento” en el número de delitos que atañen a las áreas de medio ambiente y urbanismo, según apunta la Fiscalía en los datos estadísticos recogidos en su memoria anual de 2022. El balance recoge que la cifra de diligencias de investigación incoadas ha aumentado de 158 a 182 el año pasado. Esa subida se debe “al aumento de los delitos contra la ordenación del territorio”.

Aun cuando constan 99 denuncias, lo cierto es que se han interpuesto al menos 170 y ello porque la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha remitido a la Fiscalía diferentes expedientes en relación a las zonas de Barbate, Vejer, Zahara de los Atunes, Arcos de la Frontera, Sanlúcar y Jerez, donde se han llevado a cabo diversas parcelaciones. Así, de una misma diligencia de investigación se han derivado tantas denuncias como subparcelas se han realizado en la finca objeto de investigación, y eso ha desembocado en “un enorme incremento de los procedimientos penales”, puntualiza la Fiscalía, que, no obstante, ve llamativo “el descenso de las demoliciones”.

La memoria de la Fiscalía relativa a 2022 advierte que las construcciones ilegales, que sufrieron un repunte durante la pandemia, han seguido incrementándose. “Se ha interpuesto un importante número de denuncias ante los juzgados de Barbate al aumentar las edificaciones ilegales en las localidades de Arcos de la Frontera, Barbate y Vejer. Se trata de construcciones realizadas en poco tiempo por los compradores de diversos lotes de una misma parcela, siendo un procedimiento muy rápido que se ha visto facilitado por la venta a través de internet y por la instalación de casas prefabricadas, lo que impide adoptar medidas cautelares. Incluso algunas de ellas se han habilitado como conjuntos de viviendas turísticas”, denuncia la Fiscalía en su balance.

Ante esta situación, los juzgados de Arcos de la Frontera y Barbate se han visto poco a poco “colapsados” por el incremento de diligencias previas relativas a las construcciones ilegales. “Como consecuencia, la instrucción se prolonga en el tiempo sin que se lleguen a practicar las pesquisas que el Ministerio Fiscal solicita en su denuncia. Ello entraña un importante riesgo de que finalmente las actuaciones lleguen a prescribir”, señala el documento.

Los derribos, un problema económico y "ético"

De otra parte, las demoliciones siguen planteando numerosos problemas para hacerse efectivas. Mientras que en el año 2021 se llevaron a cabo once derribos, en el año 2022 tan sólo se realizaron seis, cinco de ellos de forma voluntaria por los condenados.

Al respecto, la Fiscalía expone que, pese a que la Audiencia de Cádiz ha venido manteniendo en sus sentencias la demolición aunque las viviendas hayan sido declaradas como Asimiladas Fuera de Ordenación (AFO), la cuestión radica en que se suspende temporalmente la pena de prisión impuesta al infractor bajo la condición de que derribe la finca ilegal. Sin embargo, ocurre con frecuencia que, transcurrido el tiempo legal establecido, la persona condenada no sólo no echa abajo la edificación, sino que tampoco entra la cárcel “por una interpretación laxa” que se hace de la normativa vigente, critica la acusación pública.

Al acudir a la vía subsidiaria, prosigue la Fiscalía, los ayuntamientos son los que ponen obstáculos para llevar a cabo el derribo, “alegando o bien que carecen de medios económicos o bien que han sacado la correspondiente demolición a licitación y que ninguna empresa se ha presentado al concurso”. El Ayuntamiento de Conil de la Frontera, por ejemplo, está presentando informes sobre su incapacidad económica de llevar a cabo la demolición y alude además a los supuestos “problemas éticos” que les supone llevarlas a cabo.

Otro de los problemas es el supuesto de los terceros que adquieren posteriormente la vivienda y que presentan escritos en las ejecutorias a fin de que no se proceda a llevar a cabo dicha demolición.

Medio ambiente

En cuanto a los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, se ha producido un leve descenso tanto en las diligencias de investigación como en los procedimientos penales. La memoria de la Fiscalía señala que un importante número de estos procesos suele finalizar con el archivo.

No obstante, recalca que se ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía Provincial de Cádiz contra el responsable de un empresa eléctrica por un delito contra la fauna al producirse la electrocución de un buitre leonado y no adoptarse por la entidad las medidas necesarias a fin de evitar la electrocución en instalaciones de alta tensión.

Sobre los delitos contra la flora y la fauna, merece una especial referencia el capítulo que habla del maltrato a los animales domésticos. A diferencia del año anterior, en el que se produjo un ligero descenso de casos, durante el año 2022 hubo un aumento tanto de los procedimientos como de las sentencias y las calificaciones, que pasaron de 5 a 17. Destacan las diligencias de investigación incoadas en la Fiscalía de Jerez por la muerte de un perro border collie a manos de dos perros de raza pit bull que solían andar sueltos por Rota.