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Cádiz/La Fiscalía de Andalucía en 2022 ha incoado un total de 376.119 de diligencias previas, un 4% más que en el año 2019, último registro previo a la pandemia del Covid 19, según informa la Fiscal Superior de la Comunidad, Ana Tárrago, en la Memoria de Andalucía, Ceuta, y Melilla correspondiente al ejercicio 2022. Han sido 15.000 más, lo que supone haber recuperado y superado en dos años la actividad procesal del Ministerio Fiscal previa a la pandemia.
Con respecto al año 2021, el incremento ha sido de un 13,3%, con 44.178 diligencias previas incoadas más. Todas las provincias aumentan: Málaga presenta un fuerte repunte de un 31,3%, con 114.726; Cádiz, un 13% más; y la menor ha sido Córdoba con un 1,2%.
Esta estadística muestra la actividad procesal de los cerca de 500 fiscales de la comunidad, "sin que ello indique la carga de trabajo real que realizan al no reflejar la asistencia a declaraciones en procedimientos de mayor complejidad o la preparación de juicios", indica la Fiscalía de Andalucía en un comunicado.
La Fiscal Superior considera que la cifra de 376.119 diligencias previas de 2022 es "elevada" para los recursos personales de fiscales y funcionarios que dispone. Asimismo, reconoce que se presentan todavía demasiadas denuncias al estar muy arraigada la cultura del litigio que es necesario reducir. Ana Tárrago incide en seguir implantando mecanismos de mediación, arbitraje y acuerdos para evitar los señalamientos de juicios. “Estas medidas extrajudiciales -señala- deben aumentar en los próximos años tras los convenios que han firmado las Fiscalías Provinciales con los Colegios de Abogados y deben permitir a la Justicia ser más eficiente en su respuesta”.
Las diligencias urgentes calificadas, conocidas como juicios rápidos, han subido un 13,6%. Han sido 33.076 causas y cada año mantiene una tendencia alcista al ofrecer una gran eficacia. Por eso Tárrago ve oportuno que esta modalidad se refuerce con una reforma legal que amplíe su ámbito de actuación.
Los procedimientos abreviados han sido 37.201 y presentan una leve subida del 2,4% de causas, con Málaga y Cádiz donde más se aprecia el aumento. Los sumarios abiertos en 2022 son 645 y han experimentado un incremento de un 32% con 156 procedimientos más que reflejan todas las provincias menos Jaén y Córdoba.
Los juicios con jurado celebrados en Andalucía en 2022 alcanzan los 105, 18 menos respecto al año anterior. Los juicios leves también han bajado un 9,6%, con 22.830 vistas orales, lo que evidencia la tendencia de los últimos años en favor de la mediación y el acuerdo. "Aun así, no han demostrado gran eficacia, pues los señalamientos de juicios orales siguen mantenido un volumen mayor que la totalidad ante los Juzgados de lo Penal y en las Audiencias Provinciales, con la consiguiente asistencia de los fiscales a los juicios", expone Tárrago, que insiste en la necesidad de alcanzar la mediación y el acuerdo antes del señalamiento del juicio para obtener un mayor rendimiento de los recursos humanos y materiales de los que dispone la Justicia.
Considerando que se puede establecer como indicador de la criminalidad en nuestra comunidad la suma de todos los registros procesales de diligencias previas, diligencias urgentes calificadas, procedimientos abreviados, sumarios y juicios con jurado, se aprecia una subida del 7,6%, son 5.000 causas más durante este ejercicio.
En cuanto a los datos de las diligencias de investigación, se aprecia un descenso del 11% (4.009 casos en 2022, 500 menos). Del mismo modo, se han dictado 75.234 sentencias en Andalucía, lo que supone una bajada del 3,4%, mientras que las calificaciones realizadas han aumentado un 8,8% con 5.217 causas.
La memoria recoge que la situación de los juzgados de la provincia de Cádiz, especialmente los mixtos, desbordados por volumen de trabajo, las macrocausas vinculadas con el narcotráfico y las notorias deficiencias de medios personales, junto a lo anacrónico del sistema procesal, origina dilaciones que dan lugar, por vía de las atenuantes, con frecuencia muy cualificadas, a importantes rebajas de las penas. Lo mismo se constata en los Juzgados de lo Penal de la capital, en los que desde que ingresa un asunto hasta el momento del plenario transcurren con frecuencia plazos desmesurados que alcanzan varios años.
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