La Fiscalía de Cádiz propone tipificar el ‘petaqueo’ para combatir el narcotráfico

Cádiz/La memoria anual de la Fiscalía General del Estado (FGE) recoge la queja de la Fiscalía de Cádiz sobre la situación de los juzgados de la provincia, especialmente los mixtos, y sobre todo los de la comarca del Campo de Gibraltar, Barbate y Chiclana, “desbordados por el volumen de trabajo, las macrocausas vinculadas al narcotráfico y las notorias deficiencias de medios personales”.

A esto se suma “lo anacrónico del sistema procesal”, lo que origina grandes dilaciones que dan lugar, de una parte, a la paralización de las causas, llegando en ocasiones a la prescripción, y, de otra, por vía de las atenuantes –con frecuencia muy cualificadas–, a importantes rebajas de las penas”, lamenta la Fiscalía Provincial . 

La misma situación se repite se en los Juzgados de lo Penal de la capital gaditana, en los que desde que ingresa un asunto hasta el momento de la celebración de la vista oral transcurren con frecuencia plazos “desmesurados que alcanzan varios años”, incide el Ministerio Público. 

Ante este pésimo panorama, la Fiscalía Provincial de Cádiz propone una serie de reformas legislativas con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema judicial y su respuesta ante los hechos delictivos vinculados al tráfico de drogas.

Así, resulta fundamental para la Fiscalía insistir en la necesidad de dar una respuesta penal a varias conductas relacionadas con el narcotráfico que plantean “enormes dificultades”. Primero, el transporte, tenencia y almacenamiento de un gran número de petacas de gasolina sin ningún tipo de medida de seguridad. “Este combustible, que va a ser utilizado posteriormente por narcolanchas en alijos de droga, se conserva y transporta en unas condiciones precarias con grave riesgo para la seguridad y la vida de las personas. La imposibilidad de relacionarlo cuando es aprehendido con una operación de narcotráfico concreta impide sancionar la conducta por vía penal, pese a su gravedad, al no encajar en un tipo delictivo concreto, por lo que sería conveniente una tipificación expresa”, demanda la Fiscalía 

Destrucción de narcolanchas

Otra reforma legislativa que propone la Fiscalía Provincial de Cádiz pasa por la modificación del artículo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), párrafo segundo. 

La reforma consistiría en incluir la posibilidad de “destruir por vía administrativa” las embarcaciones de alta velocidad y sus motores, consideradas como género prohibido, una vez realizada la valoración y los informes técnicos correspondientes que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos. 

Para la Fiscalía, “se trata de una medida para evitar las acumulaciones de embarcaciones de alta velocidad en lugares que no son los depósitos oficiales, debido a su saturación”. 

Y es que se están produciendo “graves problemas de seguridad”, según alertan las fuerzas de seguridad, “tanto por el riesgo elevado de sustracción de los motores y componentes, como para la salud pública y el medio ambiente debido a los residuos que generan. Y esto se produce, fundamentalmente, por la tardanza en obtener las autorizaciones judiciales de destrucción ante la saturación de los juzgados que se encargan de las causas derivadas de esas aprehensiones”, conluye la Fiscalía. 

Conversaciones encriptadas

Por último, el Ministerio Público solicita una respuesta procesal respecto al empleo de tecnologías de la comunicación encriptadas que impiden su interceptación en el marco de procedimientos judiciales. 

Al respecto, cabe recordar que el pasado mes de junio la Audiencia Nacional condenó a ocho miembros de una organización criminal que traficaba con droga entre España y Holanda a penas de entre cinco y catorce años de cárcel y avaló el uso de las conversaciones interceptadas con las que se comunicaban a través del servicio de mensajería encriptada Encrochat. Para ello, la AN se apoyó en una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que otorgó validez a las comunicaciones obtenidas de ese ‘WhatsApp secreto de las mafias’.

Esa resolución judicial no era otra que la dictada a principios de año por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial con sede en Algeciras contra el clan de los Castaña. En su fallo, que no es firme, resultaron condenados casi un centenar de los miembros de ese grupo, entre ellos, su líder Antonio Tejón, al que le impusieron la pena de seis años y medio de prisión.

En la causa gaditana, no se admitieron como prueba las conversaciones encriptadas a través de Encrochat entre los miembros los Castaña, por cuanto no se aportaron a la causa en el momento procesal oportuno y, por tanto, no pudieron ser valoradas. Sin embargo, la Audiencia de Cádiz estimó que dichas conversaciones eran válidas.