“Gabriel, con un 90% de discapacidad, ahorró para sus cuidados y ahora lo penalizan con un año sin pensión”

Gabriel tiene 48 años y es una persona considerada gran dependiente, con más del 90% de discapacidad, que lleva postrado desde hace años en una cama en su casa de Torre Alháquime. Necesita 24 horas de cuidados, come por sonda y tiene una traqueotomía que obliga a los de su alrededor a estar pendientes de ‘aspirarlo’ para que no se ahogue con su propia saliva o mucosidad. Es decir, a Gabriel hay que hacérselo absolutamente todo.

Y sus padres sabiendo esta realidad y como sus tutores legales le contrataron hace 25 años un producto financiero para asegurarle que no le faltaran los cuidados. Gabriel, como titular de ese producto, pagó a Hacienda su correspondiente liquidación, de unos 6.000 euros, cuando rescató esta especie de seguro.

“Mis padres ahorraron con su sudor, durante 25 años, para garantizarle que no le faltara sus cuidados cuando fueran mayores. Ellos tienen ahora 88 y 78 años y no están físicamente bien. Y cuál es nuestra sorpresa cuando recibimos una carta a nombre de mi hermano Gabriel de la Consejería de Inclusión Social diciendo que se le quita la pensión de invalidez no contributiva por un año porque supera la baremación y se le hace devolver unos 2.002 euros por cobros indebidos. Y también, hace poco, vemos que a todo ello se une que tiene que pagar el 4O% de toda la medicación que toma un enfermo crónico, además de pañales, bolsas de orina…”, sostiene Pedro Barroso, hermano de esta persona con un grado muy fuerte de minusvalía.

Pedro Barroso es alcalde de Torre Alháquime, pero esta vez no quiere pronunciarse como cargo público sino como familiar de un gran dependiente para que se cambien las baremaciones y las leyes para ellos porque considera que la situación del hermano pasa a otros grandes dependientes, cuyos padres se “han forjado con mucho esfuerzo unos pequeños ahorros, para garantizar la atención a estas personas”.

“Es injusto que se le castigue a mi hermano así. Mis padres, un obrero agrario y una ama de casa, ahorraron todos los meses un céntimo para su hijo gran dependiente y ahora los penalizan. Ellos lo hicieron como cualquier padre sabiendo que llegaría un día, ya mayores, que no podrían cuidar a mi hermano para que ese dinero le ayudara. Y ese dinero que Gabriel ha ahorrado no es para irse de vacaciones o de viajes. Es para que lo ayuden, tenga cuidados, porque no tiene ninguna autonomía física y depende de otra persona para todo”, lamenta Pedro Barroso.

Y añade el regidor de Torre Alháquime que “en estos casos no nombro a ningún partido. Sólo digo a los que se sientan en los despachos, sea en Madrid o Sevilla, me da igual, que este tipo de personas necesitan de los demás para vivir. Las leyes, entre otras muchas cosas, dicen que están para dar protección a los colectivos más vulnerables, al desarrollo de la mejora de su bienestar y a que tengan mejor y mayor calidad de vida. Y este tipo de cosas nos parece una aberración”. Y se interroga: “¿Habéis pasado un día con un gran dependiente, sabéis de sus verdaderas necesidades, creéis que con esa pensión que cobran tienen mucha calidad de vida?”.

Gabriel cobra una pensión de 740 euros, que ahora se frena durante un año, dice su hermano, por exceder la baremación correspondiente tras haber rescatado el producto financiero. “No ha recibido una herencia millonaria, simplemente rescata ese dinero que mis padres, cuota a cuota, fueron ahorrando. Será muy legal todo lo que hace la administración, sea la que sea, pero me parece injusto y una bajeza moral lo que han hecho”, denuncia Pedro Barroso.