“El gaditano ejerce el derecho a no vivir amargado”

Jesús Maeztu (Medina, 1943) va a cumplir siete años al frente de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, si bien ya fue adjunto mucho tiempo. Bajo su mandato ha incorporado la figura de la mediación y ahora ha decidido no esperar a que las quejas lleguen a él, sino que ha decidido ir él a las quejas en un recorrido por los ayuntamientos en los que convoca a asociaciones para conocer de primera mano las carencias de los vecinos. Esta semana ha estado en Rota y Sanlúcar y se va con una carpeta repleta de reclamaciones. Es una forma de reducir la distancia que él percibe entre los políticos y los ciudadanos.

–Una vez Chamizo se subió al estrado del Parlamento y les cayó a los políticos una bronca bíblica. Si usted se subiera ahora al estrado qué les diría.

–La complejidad política que hay ahora con el clima de desigualdad, los problemas derivados de los cambios generacionales, el reto del cambio climático o las necesidades de reforma de la Constitución tendrían que ser abordada con el diálogo y la aceptación del otro. Pero no parece que sea esa la mentalidad de los políticos de esta época y no parece que sea posible, lo que me entristece.

- Usted se ha lanzado a la acción y busca ese diálogo en la mediación.

-La mediación está demostrando ser un instrumento muchas veces más útil que recibir una queja y realizar un informe, como se hacía tradicionalmente. La mediación parte de la convicción de que vas a conseguir solucionar esa queja por muy enquistada que parezca. Para eso hay que generar una empatía entre las partes repecto a la forma y al fondo. A partir de ahí hablar. No hay nada que no se pueda solucionar hablando.

- Póngame un ejemplo.

- Hace poco recibimos un caso de un centro de educación especial de Motril donde no había calefacción. La queja era del AMPA y, pese a su insistencia a la Administración, no habían logrado ser escuchados o, al menos ahí seguían sin calefacción. Pusimos en contacto a todas las partes y, al acabar, se llegó a un acuerdo para que la máquina la pagara la Junta y el Ayuntamiento se encargara de su mantenimiento. Al terminar la reunión la presidenta del AMPA nos contó que nunca había hablado con el alcalde y ahora lo había hecho durante cuatro horas y había entendido muchas cosas que antes no entendía. Habían hablado no sólo de la calefacción, sino de muchas cosas. La calefacción es sólo la punta del iceberg para que el político se ponga en contacto con sus vecinos. Se soluciona el vértice que aflora, pero eso hace que salgan las raíces. La mediación es la única fórmula que crea el cordón que relaciona al político con el ciudadano y que cada uno entienda al otro.

-Es el problema de siempre. La clase política tan alejada del mundo real.

- Es un hecho. No existe el diálogo entre la Administración y el administrado. Eso nos lleva a una falsa participación política. Participar no es hacer una encuesta y que el vecino rellene una casilla con una equis. Hay que implicarse en el problema y en la solución. Otro caso se produjo con un bloque de viviendas que empezó a a agrietarse porque estaba construido sobre una zona de aguas subterráneas. Hubo que desalojarlo. Se juntó a vecinos, al Ayuntamiento, a la Confederación Hidrográfica, que tenía que drenar el terreno. El coste era grande. Todos entraron en la dinámica y un asunto que se hubiera dilatado años pudo solucionarse en un tiempo razonable. Pero también porque los vecinos pusieron de su parte.

-A veces el ciudadano exige que se lo den todo hecho.

- Es que en este país la participación en la cosa pública la tenemos olvidada o poco trabajada lo que nos aboca a que el ciudadano tenga una percepción de la política como una tarea mercenaria que genera desafección. Pero no se trata de que Papá Estado me solucione todos los problemas, sino participar en esa solución. Todos los temas de derecho de la ciudadanía se solucionan cuando uno participa con la capacidad de colaborar. Ocurre, por ejemplo, en los casos de conjugar el derecho al descanso y el derecho al ocio en el tema de los ruidos. Cuántas veces nos hemos encontrado con el ciudadano que exige, pero que no predica con el ejemplo, que se queja del ruido en su casa y luego él hace ruido en otro lugar. El político tiene que ceder para solucionar los conflictos, pero el vecino también.

- Está de gira por ayuntamientos, yendo usted a las quejas en vez de que las quejas lleguen a usted. ¿Cómo le va?

- Hoy (por el jueves)estamos en Rota. Hemos recibido desde aquí 50 quejas en dos años. En unas horas de reunión nos hemos encontrado 50 más de las que no nos hubiéramos enterado.

- ¿El gaditano se queja mucho?

- Como soy gaditano, me meto en el saco y puedo decir que tenemos un sentido lúdico del dolor y con nuestro sentido del humor no echamos las penas a la espalda hasta que la situación llega a un punto de gravedad en la que estallamos y nos convertimos en los más exigentes. Cuando se llega a la ebullición entra en un punto de radicalidad total, como sucedió con las protestas de los astilleros, que tiraban los muebles y los electrodomésticos a la calle cuando pasaba la policía. Pero ya digo, aunque no soy sociólogo, sí percibo en el día a día en el gaditano ejerce el derecho a no vivir amargado.

- Un debate muy del momento. ¿De quién son los niños?

- Cuando hay un divorcio con menores de por medio lo único que se dlilucida es el interés del menor, no el derecho del padre o de la madre. Pues eso en todos los órdenes. El niño no es de nadie, no es de los padres. Los padres son protectores y cuidadores de sus hijos, no sus propietarios.

- Está muy implicado con los MENA, que se han convertido en objeto del pim pam pum político.

- Tendríamos que empezar por dejar de llamarles MENA, que es un término que los deshumaniza. Son niños y adolescentes, sin más. Es una persona, no una sigla. Aquí lo que hay que hacer es aplicar los convenios internacionales y dar un servicio de calidad porque, volviendo a lo anterior, el Estado suple el papel de cuidador y protector del niño.

- Pero algunos centros no son los adecuados y, además, tras la llegada masiva de inmigrantes en 2017 y 2018 se saturaron.

- Estoy de acuerdo en que los centros de acogida no pueden ser una especie de cárcel. Los defensores del pueblo de toda España tuvimos una reunión y llegamos al acuerdo de cómo hacer un flujo de reparto equitativo entre todas las autonomías y redactamos lo que se conoció como la declaración de Tarifa. Esta reunión tuvo su reflejo en el Gobierno central, aunque no se consiguieron todos los objetivos.

- ¿A qué se refiere con servicios de calidad?

- Tenemos que entender que atender a esos niños no sólo es una tarea humanitaria por la que les procuramos la manutención, es que, además, esos niños son necesarios para que se incorporen al ritmo demográfico de Andalucía. Esa es la realidad: los necesitamos. Hay un número: 3.000. Los podemos asumir perfectamente. Porque cada vez hay menos niños, las aulas se nos están quedando vacías. Ahora Andalucía, que es la puerta de entrada, acoge a esos niños y cuando cumplen los dieciocho se van para seguir emigrando fuera de Andalucía cuando les podíamos estar enseñando el idioma, darles una formación para que puedan encontrar un trabajo y, por supuesto, darles ese derecho a trabajar para que cuando salgan se queden con nosotros, aquí, con un empleo e integrados.

- Vox parece que quiere que cale el mensaje de MENA sinónimo de extranjero y delincuente. La foto de Rocío Monasterio en el centro de la Macarena es muy ilustrativa.

- Yo conozco a los chavales de ese centro y no generan ningún problema en el barrio. Son chicos muy agradecidos. En Andalucía tenemos quince centros de reforma para adolescentes que delinquen. En ellos hay internados unos 1.500 chavales. Según ese razonamiento son 1.500 españoles que nos sobran, habría que echarlos. Entre los MENA habrá chicos que necesiten correcciones, lo mismo que los de aquí. Es un debate falso e interesado. Ese problema no existe. De hecho, el último punto de la declaración de Tarifa es ‘Basta ya’. Basta ya de utilizar a niños en el ruedo político.

- ¿Qué le parece la regulación sobre inmigración en cuanto a permisos de trabajo? Hasta tres años tienen que esperar los inmigrantes para conseguir uno si no les deportan antes.

- Es un ciclo irracional. El inmigrante quiere trabajar, pero no puede porque no tiene el permiso, por lo que entra en el ciclo de la economía sumergida y entonces el empresario puede poner las condiciones que quiera, como pagarle seis euros la hora por cargar con cajas de fruta y dejarle vivir hacinado en poblados de chabolas para que cualquier día salgan ardiendo. Si no estuviera el inmigrante pueblos como El Ejido, Lepe o Palos se arruinarían, son imprescindibles para el desarrollo de esos pueblos. Ese mundo del plástico vive del inmigrante y encima no son queridos. No tiene sentido.

-De joven participó activamente en la batalla del barrio más degradado de Cádiz, el Cerro del Moro. ¿Qué recuerda de aquel tiempo?

-Conocer ese mundo me dio vida. Allí todos sumaban, existía una enorme conciencia colectiva para acabar con esa forma de vida indigna a la que estaban condenados, pero sin embargo ellos tenían toda la dignidad del mundo. Aquellos años se vivieron muchos momentos de comunión en el triángulo que eran donde se reunían para defender los problemas de las cooperativas, de los trabajadores de astilleros... Era un espíritu de colaboración que percibo que de algún modo se ha perdido en nuestra sociedad, que se ha vuelto más acomodada y espera que la solución a sus problemas venga sin más. Es un mundo más individualista en el que se busca que te solucionen tu problema sin pensar en los problemas de los demás.