El Gobierno estudia colocar barreras antinarcos en el río Guadalquivir a su paso por Sanlúcar
El proyecto tendría un presupuesto en torno a los siete millones de euros y sería similar al que tan buenos resultados ofreció en el Guadarranque
El objetivo es obstaculizar el paso de las ‘gomas’ por el Bajo Guadalquivir
Narcotráfico en Cádiz: Hachís a precio de costo
Cádiz/El Gobierno de España está decidido a plantar batalla al narcotráfico y golpearlo donde más le duele: en sus alijos. Desde que el Ministerio del Interior pusiera en marcha el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en julio de 2018, la presión policial ha provocado un paulatino desplazamiento hacia el norte de las zonas de entrada del hachís en la provincia. Las playas de La Janda y, sobre todo, la desembocadura del Guadalquivir se han convertido en el epicentro de un negocio que crece a la par que lo hace la producción de la droga en Marruecos. El sonido de los tambores de Ketama que apalean el demandado cannabis del Rif tiene su eco en los motores de las narcolanchas que, cada vez con menor pudor, se enseñorean subiendo el Guadalquivir por Bajo de Guía.
Poner freno a la entrada de hachís por Cádiz siempre ha sido uno de los objetivos de la cartera que dirige el ministro Grande-Marlaska. Hasta el punto que el Gobierno está estudiando la posibilidad de dotar al Guadalquivir, a su paso por Sanlúcar, de unas barreras que impidan el avance de las potentes gomas de tres motores que resultan inalcanzables para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El proyecto tendría un coste en torno a los siete millones de euros y consistiría en una serie de pilotes de acero rellenados de hormigón que se colocarían en los márgenes, dejando libre el canal de navegación. En este, de un extremo a otro de los pilotes más centrados, se colocaría una red de acero que se bajaría para permitir el paso de las embarcaciones recreativas y las que se dirigen a Sevilla y se subiría cuando se detectara la presencia de una narcolancha.
Desde el Ministerio del Interior se está recabando la opinión de expertos en la lucha antidroga para tratar de encontrar la mejor fórmula ante el avance de estas embarcaciones semirrígidas. Más aún después de que el pasado febrero dos guardias civiles perdieran la vida tras ser arrollados por una de ellas en el puerto de Barbate. Podría decirse que aquel suceso marcó un punto de inflexión y que desde entonces la presión contra los narcos ha aumentado. Así lo demuestra el hecho de que la Guardia Civil de Cádiz haya recibido ya la patrullera Río Iro, la más rápida del mundo y que está específicamente diseñada para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal en las costas gaditanas. El Gobierno ha prometido que en pocos meses llegará una segunda patrullera de idénticas características con las que se pretende poder combatir a las gomas y que alcanza velocidades de hasta 60 nudos gracias a dos motores intraborda de 1.800 caballos cada uno. Está fabricada en aluminio, un material muy resistente ante posibles embestidas de las narcolanchas, que es lo que suelen hacer las embarcaciones que se dedican al tráfico de droga.
El Gobierno quiere acabar con la sensación de que el río Guadalquivir es una auténtica autopista del hachís por donde se puede alijar con impunidad aprovechando sus cientos de kilómetros de estrechos caños por donde las patrulleras del instituto armado no pueden adentrarse. Hay días en que han llegado a verse hasta siete narcolanchas subiendo por el río sin esperar siquiera a que caiga la noche.
El Ministerio del Interior decidió en la primavera de 2009, coincidiendo con la romería del Rocío, ubicar una barcaza fija de la Guardia Civil en la playa sanluqueña de Bajo de Guía para intentar frenar los intentos de los narcos de introducir la droga río arriba. Sin embargo, en enero de 2011 el dispositivo de control marítimo de la zona se retiró, con lo que el tráfico de las gomas volvió a aumentar de manera sustancial.
Ahora, toda vez que parece que los narcos, incluso los clanes del Campo de Gibraltar, prefieren alijar por el Bajo Guadalquivir, el Gobierno ha decidido mover ficha y estudiar las maneras más eficaces para entorpecer sus operaciones.
Continuos sabotajes desde su instalación
Desde su puesta en funcionamiento, allá por el año 2016, las barreras antinarcos del río Guadarranque han sufrido multitud de sabotajes, a los que el Gobierno ha contestado reparándola y dejándola como nueva. En su momento se anunció una inversión de 231.394 euros para un proyecto que fue ejecutado por la entidad pública Tragsa mediante una encomienda de gestión. Obviamente, el que se estudia en el Guadalquivir sería mucho más costoso, de unos siete millones de euros, porque la anchura y la profundidad del río hará que el proyecto, caso de avanzar sorteando los trámites necesarios, sea mucho más complicado.
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