La gran familia y uno más

El hermano de Pedro Sánchez, el hermano de Díaz Ayuso o el hermano de Ximo Puig tienen un precedente en el primer gran hermano de la Transición, Juan Guerra, hermano del entonces todopoderoso vicepresidente del todopoderoso PSOE de las mayorías absolutas, Alfonso Guerra. Aquel caso es el padre de todos los demás casos porque hasta entonces en el Código Penal no existía la figura de tráfico de influencias, que es el delito que el juez Peinado quiere endosar también a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.

El caso Juan Guerra desató tal indignación que, aparte de llevarse por delante a Alfonso Guerra, fue el detonante de la Ley Orgánica 9/91 del 22 de marzo. Según el profesor de la Universidad Carlos III, José Muñoz Lorente, que ha estudiado a fondo este delito, aquello fue un ejemplo de “legislación a golpe de titular periodístico, delitos cuya introducción estuvo claramente encaminada a calmar los ánimos de la ciudadanía y, como no, la conciencia de los políticos siempre dispuestos, aunque sólo sea nominal y demagógicamente, a luchar contra la corrupción; no en vano, su introducción en el Código Penal se llevó a cabo con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos, intentando con ello restaurar una cierta estética”.

Desde entonces, a cada escándalo de corrupción los políticos han acudido al Código Penal para aumentar los castigos por tráfico de influencias. Sin embargo, el primero que originó esta ola no tuvo ninguna condena. Juan Guerra jamás fue condenado por tráfico de influencias por la sencilla razón de que cuando él lo cometió tal delito no existía.

Serafín y Juan

Serafín Núñez, mancebo de farmacia de profesión, era un alcalde socialista con una enorme popularidad en Barbate. Había sido elegido en las primeras elecciones democráticas en 1979 y después de diez años seguía en el cargo con una mayoría abrumadora. Su grupo municipal tenía 17 concejales frente a los tres del CDS y uno del PP. Pero dentro del PSOE Serafín, que había sido parlamentario andaluz en la legislatura del 82 al 86, tenía mucho de verso suelto. Siempre decía que anteponía los intereses del pueblo a los del partido. Y, efectivamente, Serafín Núñez le iba a causar un verdadero dolor de cabeza a su partido.

Un día de diciembre de 1989 Serafín Núñez se planta en el Ministerio de Defensa para pedir formalmente el desmantelamiento del campo de maniobras de El Retín, que había sido comprado por cuatro perras al pueblo sólo ocho años antes y que le había dado un bocado al término municipal de 5.400 hectáreas. Por entonces no se sabe, pero pronto se sabrá el motivo real de aquella visita. Antes de ir a Defensa, Serafín se ha envalentonado tras haber estado hablando largo y tendido con un personaje que él considera muy importante y un aliado notable: Juan Guerra, el hermano del vicepresidente Alfonso Guerra. Juan Guerra le había pedido en septiembre del año 89 que recibiera a unos amigos suyos que estaban interesados en levantar un complejo turístico en la zona.

En principio, Juan Guerra no era más que eso, uno de los doce hermanos (el más pequeño) del vicepresidente del Gobierno. Desde 1982 estaba instalado en un despacho de la delegación de Gobierno en la plaza de España, en Sevilla, con la tarea, al parecer, de llevar algunos de los asuntos de su hermano. Desde aquel despacho, Juan Guerra también se dedicaba a hacer negocios y se fijó en un lugar ideal para ello en la misma zona entre Barbate y Zahara de los Atunes donde se encontraba una parte del campo de tiro de El Retín.

Meses antes ya se había presentado un proyecto muy parecido y en la misma zona por un ex capitán del Ejército del Aire llamado Jesús López. En aquella ocasión el Ayuntamiento se había negado a recalificar los terrenos. Pero ahora Juan Guerra y sus amigos habían hecho cambiar de opinión a Serafín. Esos amigos del hermano del vicepresidente del Gobierno eran un tal José Garrido, decorador de profesión, amigo de juventud y socio de Juan Guerra en una empresa llamada Modular Andaluza, y un ciudadano francés, Pierre René Elbaz, residente en la urbanización de Sotogrande y que años después acabaría en la cárcel por la Operación Ballena Blanca, un caso de blanqueo de dinero en operaciones inmobiliarias en Marbella. Pero por entonces Elbaz era sólo un tipo adinerado y un perfecto desconocido. Y un ‘amigo’ de Juan Guerra.

Se entendieron a las mil maravillas Serafín y los amigos de Juan Guerra. El acuerdo fue inmediato. El alcalde se comprometió a desbloquear los trámites urbanísticos, incluida la molesta presencia del campo de tiro. Construirían el complejo que ellos proponían. Pero aquella visita de Serafín Núñez al director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Alberto Valdivielso, resultó un fracaso. Defensa no iba a renunciar a su único campo de maniobras anfibio en el que podían desarrollar sus juegos de guerra con munición real. Serafín insistió. Propuso una alternativa consistente en trasladar el campo de maniobras a las cercanas dunas de Tarifa. Defensa no tragó. Lo que le ofrecía el alcalde, para empezar, era sólo una cuarta parte del terreno del que disfrutaban en Barbate, y, para terminar, lo que le ofrecía el alcalde no se lo podía ofrecer porque no se encontraba dentro de su término municipal. Era inviable, se podía ir olvidando de aquello estuviera detrás Juan Guerra o quienquiera que estuviese.

La negativa del responsable de Infraestructuras de Defensa no arredró a Serafín, que se dirigió por carta al ministro, Narcís Serra, y le dibujó una situación en el pueblo al borde del estallido social y que necesitaba conjurarlo de algún modo, lo que podría ser gracias a esta inversión que traería empleo y mucho dinero y cauterizaría las pérdidas de ingresos por los continuos parones en los caladeros marroquíes.

Un escándalo nacional

A continuación, quiso forzar aún más el pulso con Defensa y llevó al pleno municipal el proyecto para urbanizar una zona que se llamaría Puerto Plata, con dos mil viviendas, comercios y numerosos negocios de ocio. La inversión sería de 8.000 millones de pesetas de la época sobre 300 hectáreas. La oposición municipal se quedó estupefacta. El alcalde presentaba un proyecto casi calcado al que ya se le había rechazado. Y, además, todo eso estaba muy bien, pero cómo iba a conseguir convencer a Defensa de que les cediera esa parte de su campo de maniobras. Muy sencillo, contestó Serafín. Las cosas habían cambiado notablemente desde que rechazaron el anterior proyecto. Y soltó la bomba. Tenía un as en la manga, un aliado para el nuevo Puerto de la Plata: “No es lo mismo que te venga con un proyecto un tal López a que te venga el hermano del vicepresidente del Gobierno”, dijo ante los concejales.

Serafín, por supuesto, logró su objetivo. El proyecto se aprobó. Para eso tenía diecisiete concejales. Ya se frotaba las manos Serafín. Él ya había hecho su trabajo; ahora le tocaba hacerlo a Juan Guerra. Alguien en las alturas tenía que convencer a Defensa para que diera su brazo a torcer. Serafín ya se proyectaba en el futuro como el alcalde más recordado de la historia de Barbate. Y en eso, en parte, tendría razón.

La noticia de lo sucedido en aquel pleno saltó de los periódicos provinciales a los nacionales. La oposición del PP al Gobierno de Felipe González, encabezada por un joven José María Aznar, empezó a indagar y no le fue muy difícil descubrir en poquísimo tiempo que Juan Guerra, aparte de sus amigos de Barbate, tenía muchos amigos más repartidos por toda Andalucía y su trabajo consistía en hacerles favores a todos ellos intermediando con alcaldes socialistas (por entonces, la mayoría de los alcaldes andaluces), aunque es verdad que ningún alcalde resultó ser tan bocazas como Serafín. En definitiva, Juan Guerra, el hermano de Alfonso Guerra, era un 'conseguidor' y lo era gracias a pasear su apellido por los ayuntamientos de la región.

En febrero de 1990 Alfonso Guerra fue preguntado en el Parlamento acerca de cuáles eran los trabajos que realizaba su hermano desde el despacho que tenía en la subdelegación de Gobierno en Sevilla, si todos eran como el que había sacado a la luz el alcalde de Barbate. Guerra tuvo una intervención confusa, pero logró que Felipe González ligara su suerte a la suya, asegurando, por supuesto, que no había nada ilegal en lo que había sucedido en Barbate. Y, por entonces, como hemos visto, no lo había. Felipe González afirmó que "estoy absolutamente seguro de la honorabilidad y honradez del vicepresidente. Si en algún momento siente la tentación de presentar la dimisión, habrían ganado dos batallas".

Aznar contestó que “si usted considera que nadie tiene responsabilidad política por el hecho de que un ciudadano particular haya utilizado un despacho oficial durante seis años, entonces es que no hay responsabilidad política por nada”. Por su parte, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Julio Anguita, fue más allá: “Después de escuchar sus palabras considero que la responsabilidad política total salpica al presidente del Gobierno, porque él conocía lo que estaba pasando. Lo que ha ocurrido en lo que se conoce como el caso Juan Guerra ya es para mí el caso Felipe González Márquez". Alfonso Guerra salía muy tocado de aquella jornada parlamentaria.

Serafín, mientras tanto, se mostraba impaciente. No se le ocurrió mejor idea que crear una Plataforma para el Desmantelamiento del Retín. Como tantas veces en Barbate, se convocó una manifestación que apoyaron varios partidos políticos, incluidos los andalucistas y los comunistas, así como el sindicato CCOO, pero no su partido, el PSOE. La manifestación fue un fracaso y los pocos que acudieron hicieron una marcha de cinco kilómetros para entregar en el conocido como cortijo de la Casma, cuartel general del campo de maniobras, una carta dirigida al ministro de Defensa exigiendo que los militares se largaran de allí. Sus argumentos parecían razonables. Ese campo de maniobras impedía la competitividad turística de Barbate y Zahara, pero es que además los pepinazos causaban cada dos por tres incendios que afectaban a la ganadería retinta. Para colmo, insistían, el Retín invadía 600 hectáreas de las llamadas Hazas de la Suerte. En fin, que los militares, aparte de intrusos, eran un dolor de cabeza para el pueblo y un obstáculo para su desarrollo.

La judicialización

La contestación no tardaría en llegar, pero no del ministro de Defensa, sino de la fiscalía de la Audiencia Provincial, que presentó una querella por prevaricación contra el alcalde de Barbate y algunos de los concejales que habían expresado su voto a favor del Puerto de la Plata. Para el fiscal, la tramitación del cambio de uso del suelo para la construcción del complejo desobedecía a sabiendas las normativas urbanísticas. La querella también afectaba al propio Juan Guerra y a su amigo José Garrido. Pocas semanas después la mayor parte de ellos fueron imputados por el juez de Barbate.

José Garrido, el amigo y socio de Juan Guerra, afirmó en sus declaraciones que no entendía cuál era el motivo de su imputación ni que este caso tuviera un recorrido judicial. "No hay razón para que no salga adelante este proyecto, cuando el alcalde y los vecinos están interesados en que se haga", dijo, aunque reconoció que había dificultades porque “los inversores se están mostrando prudentes después del show que se ha montado",

El cerco contra Serafín se iba a estrechar. Tras la decisión de la fiscalía varios miembros de la ejecutiva local del PSOE (siete) presentaron su dimisión y dejaron un poco más solo al alcalde. El PSOE andaluz había dado la orden de que había que parar los pies a Serafín, que estaba fuera de madre y acordó su expulsión del partido. "Desde aquel pleno -afirmó Serafín Núñez-, estoy achicharrado. Mi familia y yo estamos asustados porque el teléfono de casa suena de madrugada y cuando lo descolgamos nadie responde".

En medio de todo esto, un concejal del CDS, Alfonso Varo, conocido comerciante de la localidad y azote del alcalde, tuvo una ocurrencia graciosa. Propuso que, con la que estaba cayendo, lo suyo sería rotular el nombre de una calle de la localidad con el de Juan Guerra, que gracias a él Barbate estaba adquiriendo una notoriedad nacional que no hubiera podido conseguir de otra forma.

Después del ajetreado verano del 90, Serafín, acorralado, decide dimitir como alcalde por tres motivos: “Primero, porque mi salud es precaria; segundo, porque me considero un estorbo para el desarrollo de Barbate y, tercero, porque ningún político debe ocupar un cargo público bajo sospecha". Le sustituye Francisco Tamayo, un hombre tímido que llevaba acompañando a Serafín como concejal desde su primera victoria electoral. Tamayo era mucho más fácil de manejar para el partido.

Serafín volvería fugazmente. Se presentó a alcalde como independiente en las elecciones del 95 y las ganaría, pero antes de acabar la legislatura tendría que renunciar por segunda vez al ser inhabilitado en los tribunales por el caso del Puerto de la Plata. En aquel juicio Serafín negó que el PSOE le hubiera presionado para actuar a favor de Juan Guerra: “El proyecto era bueno para Barbate. Lo llevó Juan Guerra, pero como si lo hubiera llevado Vito Corleone”, declaró.

El desenlace

Después de toda esta escandalera mediática que llenó titulares de periódicos de alcance nacional durante los años 89 y 90, el juicio contra Juan Guerra se celebró en 1992, pero ya todo estaba muy descafeinado y tuvo un seguimiento discreto. Alfonso Guerra, incapaz de soportar la presión y abandonado por Felipe González, había dimitido en 1991 y esa pieza estaba cobrada. Felipe González no cumplió su palabra de irse detrás de él. No se había conseguido localizar un trasvase entre los beneficios de Juan Guerra y las cuentas del PSOE, como había insinuado la oposición intentando localizar pruebas de financiación ilegal, tal y como había sucedido en el coetáneo caso Filesa, la empresa que había servido para financiar la campaña de Felipe González a las elecciones de 1989.

A pesar de esa absolución del partido, estaba claro que Serafín Núñez había metido en un auténtico embolado al PSOE. Su imprudencia desvelando quién había sido el intermediario para modificar la decisión sobre el Puerto de la Plata sirvió para destapar negocios de Juan Guerra como conseguidor en toda Andalucía. Juan Guerra fue absuelto de todos los delitos, menos de uno fiscal por el que le condenaron a una pena menor y a una pequeña cantidad que no pagó por declararse insolvente. Al fin y al cabo, el que había caído era el hermano, que era al que se perseguía. Juan Guerra no interesaba a nadie. Se recluyó en una casa que tenía en Conil y nunca quiso hablar con ningún periodista del asunto que llevaba su nombre hasta treinta años después, en 2022, cuando ya había cumplido 80 años. Fue en una entrevista en una cadena local andaluza en la que afirmó que la lección que había extraído de aquellos años era que "hay que seleccionar bien a las personas cuando le vas a encargar algo de importancia", en clara referencia a Serafín Núñez, por entonces ya fallecido.

Esta corruptela bastante cutre fue la principal causa de que durante todos los años 90, a cuenta del Puerto de la Plata que nunca se hizo, el municipio de Barbate fuera un apestado para los inversores, mientras que no paraban de proliferar proyectos turísticos en los municipios vecinos materializándose el gran boom de Cádiz como destino, Cadizfornia.

El actual alcalde, Miguel Molina, está convencido de que "el caso Juan Guerra tuvo una repercusión nacional y puso un freno a todo aquel que quisiera invertir en el municipio. Si estás en el centro de la diana de un caso de corrupción a nivel nacional y lo que escuchas es conflictivo, te buscas otro sitio. Sí, el caso Juan Guerra perjudicó muchísimo a Barbate, nos pusieron una cruz".

Andrés, militante del PSOE que durante años ha sido responsable de la lonja, reconoce que hubo vendetta: "Está claro que Serafín se equivocó. No sé si quería una medallita en el partido, pero todo salió al revés. Venían inversores, pero lo primero que decían era que en Barbate no y se iban para Conil o para Tarifa. Aquí hasta hace poco no teníamos un hotel en condiciones porque nadie apostaba por Barbate".

Antonio Rodríguez, que en aquella época era un joven líder vecinal muy combativo en las coordinadoras antidroga y que fue tentado sin éxito varias veces para entrar en política, considera que en la década de los 90 Barbate fue sentenciada a tres condenas a muerte: “Una fue la pesca, otra fue la expropiación de El Retín y la tercera fue el caso Juan Guerra. Supuso una venganza de la administración contra este pueblo por haber sacado a la luz un caso que afectó al final al partido de gobierno. No sé si fue una torpeza o no del alcalde, pero sí sé que nos metió en una dinámica de cerco político. Aquí siempre se habló de una mano negra tras el caso Juan Guerra”.

En su segunda etapa de alcalde, Serafín, que había alcanzado el bastón de mando con una agrupación independiente, se encontró de frente con su ex partido, que gobernaba en la Junta. Concedió a Abengoa una licencia para la instalación de molinos y crear un campo eólico en el municipio. El acuerdo era muy ventajoso para Barbate, pero la Junta impuso una moratoria. Y Serafín se encontró entre la espada y la pared. O incumplía la moratoria de la Junta o incumplía el acuerdo firmado con Abengoa, que amenazaba con demandar al Ayuntamiento. Serafín sufrió un infarto, el primero de cuatro. A continuación llegó su inhabilitación. Ni siquiera recurrió. Se fue. Poco después, la Junta pobló La Janda de campos eólicos. En 2001 ya estaban en funcionamiento los primeros 26 molinos en Bellavista, entre Zahora y Barbate, que irían poco a poco transformando el paisaje de la zona.

Serafín Núñez murió en su casa de Barbate de 70 metros cuadrados, donde había vivido toda su vida. Tenía 65 años. A sus más cercanos siempre les confesó que fueron el caso Juan Guerra y el partido de toda su vida quienes se llevaron su salud por delante.