¿Y si se legalizara el hachís?

Un debate pendiente

Alemania se ha unido a Canadá, Uruguay y varios estados de Estados Unidos en la regularización del consumo y distribución del cannabis. España ni se lo plantea, pero ¿cómo afectaría una medida de ese tipo a Andalucía como su principal puerta de entrada?

Miles de personas celebraron en la puerta de Brandenburgo el pasado mes de abril la legalización del hachís en Alemania.
Pedro Ingelmo

09 de junio 2024 - 07:00

El pasado 1 de abril cientos de personas se reunieron en la Puerta de Brandenburgo para celebrar con una gran fumada de hachís la entrada en vigor de la ley que despenaliza el consumo y tenencia de cualquier derivado del cannabis en Alemania. Con ello, Alemania se convertía en el tercer país de la Unión Europea, tras Malta y Luxemburgo, y el primero con gran peso en Europa, en regularizar esta sustancia. Fuera de Europa, el país pionero fue Uruguay, al que siguió Canadá. En Estados Unidos, desde que Colorado lo aprobara en referéndum en 2012, hay diez estados que permiten su consumo con uso recreativo, incluido California, que con 39 millones habitantes sería la quinta economía del mundo si fuera independiente.

En España el debate se ha ido diluyendo, no está en la agenda. Una vez fue preguntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la cuestión y contestó con un risita: “Bueno, bueno, ya tengo bastantes problemas”. Sin embargo, desde las costas de Huelva a Almería y principalmente en Cádiz el hachís sí es bastante más problema que otros que le ronden por la cabeza al presidente. Uno puede estar tranquilamente sentado en un chiringuito de Sancti Petri, por poner un ejemplo reciente, y, entre las vistas, aparte de su célebre castillo, tendrá un palco destacado para observar a las narcolanchas trasegar de un lado a otro. El tráfico de hachís se funde con el paisaje del litoral.

El Estado gasta millones en recursos humanos y materiales en taponar lo que todo el mundo reconoce que es intaponable. Sólo en el Campo de Gibraltar, el ministro Marlaska cifró en 11 millones de euros el presupuesto extra destinado a combatir el narcotráfico, lo que para los expertos es una cantidad del todo insuficiente. Si se actúa en una parte del litoral, el hachís entra por otro lado. Es una batalla perdida de antemano. En el pico de esta batalla, en el año 2021, cuando el equipo Ocon estaba en plena actividad en el Campo de Gibraltar, se llevaron a cabo más de 4.000 detenciones y se judicializaron 2.215 investigaciones. Se consiguió colapsar los juzgados y el hachís siguió entrando.

¿Cómo afectaría a Andalucía que en España se legalizara el hachís? Para empezar, todo esto tiene matices, ya que las legislaciones de cada uno de los países antes mencionados varían sobre el control del consumo. Pero pongámonos en el caso de una legalización completa.

Los riesgos

Vamos a mirar muy esquemáticamente lo que afecta a la salud pública. Indudablemente, el consumo de hachís no es inocuo. El cannabis es una sustancia que actúa sobre el cerebro y, desde ese momento, ya estás metiendo una bala en el tambor para jugar a la ruleta rusa. Se podría decir, según los estudios científicos, que si uno es fumador de tabaco o consumidor abusivo de alcohol estás metiendo más balas en el tambor para cargarte los pulmones o el hígado que si eres consumidor de hachís. Pero eso no convierte al hachís en una sustancia inocente.

El consumo de hachís acarrea el riesgo de desarrollar una enfermedad mental para un determinado porcentaje de la población que tenga una vulnerabilidad previa. Es lo que conocemos como patología dual, es decir, existe un trastorno mental (principalmente esquizofrenia o trastorno bipolar) y un trastorno adictivo. La patología dual no es exclusiva del hachís y se puede presentar por otras adicciones como la ludopatía, la compra compulsiva o la adicción al porno, que derivan de actividades absolutamente legales. Más de la mitad de los usuarios de las redes de Salud Mental en España sufren patología dual, pero sólo una pequeña parte está asociada al consumo de hachís. El adicto al hachís tiene papeletas para sufrir una patología dual, pero hay que contar con que en este país hay tres millones de consumidores habituales de hachís y no todos ellos son adictos, del mismo modo que no todos los consumidores de alcohol son alcohólicos. Queda claro entonces. Fumar hachís, como hacer tantas cosas, no es sano.

Hay otro argumento que podríamos calificar como histórico. Se considera tradicionalmente que el hachís abre la puerta al consumo de sustancias más peligrosas como la heroína o la cocaína. Entre los que vivieron los 80 y los 90 aún queda el recuerdo de la epidemia de heroína. Aquella epidemia trajo inseguridad ciudadana, muerte y un ejército de seres fantasmales vagando por las calles a la busca de una dosis. En realidad, no existe ninguna relación entre los activos químicos del cannabis y de los opiáceos. Lo que relacionó a lo uno y a lo otro no fue la química, sino el mercado negro y la marginalidad. Hoy el consumo de heroína es residual. Según el Plan Nacional de Drogas sólo el 0,1% de la población la consumió en el último año frente al 10,6% del hachís y un 2,3% de la cocaína.

Para gran parte de los jóvenes, de hecho, estamos hablando de drogas de otro tiempo. Para muchos, las drogas de sus padres. Y aunque las estadísticas bailan, en líneas generales se considera que la edad media del consumidor de hachís está más cerca de los 50 que de los 20. Un 22% de los jóvenes entre 15 o 24 años lo ha consumido alguna vez en los últimos doce meses y más del 60% no lo ha consumido nunca. Puede parecer mucho, pero generacionalmente no lo es. No sería fácil localizar a un boomer que no se haya fumado un porro en alguna ocasión. Un estudio realizado en Estados Unidos sobre el consumo de hachís entre personas de 50 y 64 años -en España ese estudio no se ha hecho- arrojó que el 9% había fumado hachís en los doce últimos meses. Era el doble que hace diez años.

En el razonamiento de los prolegalización estaría precisamente el derecho del consumidor adulto a saber lo que consume, un consumidor para el que no valen los anteriores razonamientos. Conoce los efectos y su opción es consumirlo sea por costumbre o por ocio. Hay miles de variantes de cannabis, ya sea como hachís o como maría y, habitualmente, el consumidor no tiene ni idea de lo que fuma. No sabe si el resultado de ese consumo va a ser euforizante o adormecedor ni sabe de dónde proviene el material que adquiere. La regulación permitiría conocer la trazabilidad del producto como se conoce el de cualquier bebida alcohólica que se puede comprar en un supermercado.

Uso terapéutico

Luego está el debate del uso terapéutico del cannabis. El pasado mes de febrero el Ministerio de Sanidad inició los trámites para regular el cannabis medicinal. En este aspecto hay pocas dudas científicas. El cannabis es útil para esclerosis múltiple, dolor crónico, enfermedad inflamatoria intestinal, en algunos casos de epilepsia y en medicina paliativa. También el cannabis, como cualquier consumidor sabe, abre el apetito, por lo que se considera recomendable para personas que sufran de anorexia.

Sin embargo, España está en el furgón de cola en esta regulación. Países tan diversos como Reino Unido, México, Australia, Italia o Israel ya aceptan el cannabis en numerosos tratamientos. En este sentido la marihuana ofrece mucho menos riesgos que la irresponsable política estadounidense que permitió a algunas farmacéuticas introducir los opiáceos en el mercado del dolor creando una crisis sanitaria de proporciones épicas que se puede percibir en las calles de cualquier gran ciudad de este país.

La prohibición

La prohibición del hachís es relativamente reciente. La planta del cannabis tiene su origen en algún lugar desértico al sureste del mar Caspio, en lo que hoy es Turkmenistán. La planta fue domesticada en el Neolítico y se ha usado como medicina, alimento, recreo, religión o vestido. Pronto se descubrió que una de sus principales cualidades era producir embriaguez y se sabe que los romanos utilizaban la planta para amenizar sus reuniones y se han encontrado restos en pipas de la época andalusí.

La primera vez que el cáñamo aparece en una disposición legal es en el estado de Virginia, en los incipientes Estados Unidos, y lo hace no para su prohibición, sino como obligación de plantarla para los granjeros. El cáñamo era un producto tan necesario para estos pioneros que incluso podían pagar los impuestos con él.

La ola prohibicionista de los Estados Unidos que desembocó en la ley Volstead (prohibición del alcohol, todo un experimento sociológico sobre la relación entre prohibición y criminalidad) incluyó la plantación de cáñamo en la década de los 20 del pasado siglo en numerosos estados del Oeste debido a la presión del lobby de los productores de algodón, que encontraban en ella una competencia. Hasta ese momento no había pasado por la cabeza de ningún mandatario de ningún lugar del planeta calificar el cannabis como una planta peligrosa. Cuando los estados prohibicionistas lo hicieron pusieron el foco en la población de origen mexicano que había exportado su hábito por el consumo de la marihuana, como ellos la llamaban, a California y Texas. Un senador de Texas –uno de los primeros estados en prohibirlo, en 1919- dijo que “todos los mejicanos están locos y es esta hierba la que los vuelve locos”. Los periódicos del magnate William Randolph Hearst extendieron esta teoría hablando de la “marijuana” como la sustancia que convertía en “bestias” a los negros y mexicanos. En 1937, dos años después de que la Ley Volstead fuera declarada inconstitucional, el cannabis fue prohibido en todos los estados de la Unión para cualquier uso.

En España, donde el hachís/grifa era muy conocido principalmente entre los legionarios y soldados de reemplazo con destino en las plazas africanas, el consumo de los derivados de esta planta no tuvo consideración legal alguna hasta el año 1961, cuando el país se sumó a la Convención Única sobre Estupefacientes que se firmó en Nueva York y que entraría en vigor en 1964 por el impulso de los Estados Unidos.

Los ecos de los veranos del amor y las flores californianos de los años 60 llegaron aquí de la mano del hachís. La policía franquista creó la brigada especial de estupefacientes y de sus usos y abusos pueden dar cuenta artistas como Miguel Ríos o Iván Zulueta, que pisaron el psiquiátrico de la cárcel de Carabanchel por ser sorprendidos fumándose unos petardos. Esa dureza represiva no se mantuvo demasiado tiempo y en 1974 se despenalizó el consumo privado en España. Fue el primer país europeo en hacerlo y Los Chichos lo celebraron con el que se puede considerar el primer éxito musical dedicado al hachís, La Cachimba: “Cojo la cacimba y me pongo ciego”, decía el estribillo.

Aunque el debate sobre su legalización lleva muy vivo desde la década de los 80 y el 40% de los españoles afirma haber consumido hachís alguna vez en su vida, lo cierto es que ahí sigue en el artículo 368 del Código Penal la prohibición del “cultivo, elaboración, tráfico y posesión ilícita”, así como “las actividades que promuevan, favorezcan o faciliten el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. Pero estas actividades se producen por la sencilla razón de que estamos al lado del primer abastecedor mundial de este estupefaciente.

El cultivo

Marruecos, en contra de lo que se suele creer, no es un productor histórico de hachís. Su cultura del cannabis es tan reciente como que hasta que en los años 60 no copiaron la forma de cultivo libanesa de cribado en seco Marruecos no se encontraba entre las primeras potencias de esta producción, que eran Afganistán y Argelia. Pero su estratégica situación para exportar a Europa y las nuevas técnicas tanto de cultivo como de prensado supusieron un boom que multiplicó la superficie cultivada. Ahora Marruecos tiene unas 57.000 hectáreas dedicadas al cannabis, la mayoría de ellas en las montañas del Rif con epicentro en Issaguen, que aquí conocemos como Ketama. Es el doble de todas las hectáreas que, por ejemplo, dedica Andalucía a sus viñedos. Es el mayor productor y exportador del mundo y se estima que esta planta supone en torno al 10% del PIB del país y cerca de 90.000 personas viven del cultivo. Sólo del cultivo, no se incluye las que se dedican a su distribución. Además, no se trata de un sector desfasado ni primitivo. En Marruecos, donde sigue siendo un comercio ilícito, se investiga para mejorar la planta, para hacerla más resistente, para hacerla más rentable. Y la ruta de entrada más cercana de su mercancía es por el Estrecho.

Una plantación de marihuana en Marruecos a finales de los años 80. / Pablo Juliá

¿Qué pasaría entonces si España legalizara no sólo el consumo sino su producción? No es tan descabellado. España ya es el séptimo productor mundial de cannabis medicinal, con la contradicción que producimos para otros, ya que en España el uso medicinal no está regulado. En cuanto al cultivo ilegal para uso recreativo la Guardia Civil puede atestiguar que las plantaciones no han parado crecer. La provincia de Granada es la primera productora de España y empieza a convertirse en una competencia para Marruecos en el mercado español, si bien no preocupa demasiado porque la mayor parte de lo que produce Marruecos, la mayor parte del hachís que cruza el Estrecho, tiene a Europa como destino.

Las condiciones climáticas de Andalucía son ideales para el cultivo y lo serán mucho más por el aceleramiento del cambio climático. Igual que España se ha abierto hueco en el comercio internacional de cannabis medicinal, lo podría hacer en el recreativo porque cada vez va a haber más países que lo van a ir autorizando. Incluso algunos grandes agricultores podían encontrar su atractivo en este cultivo no sólo para la producción de hachís, sino para su uso textil o en la industria del automóvil. En el año 2015, en la finca El Novillero, de Villamartín, se puso en marcha un proyecto experimental con variedades de la planta kenaf precisamente para el uso de su caña como fibra cuyo resultado se probó en modelos de la marca BMW.

Plantación experimental de cáñamo en Villamartín en el año 2015 / Ramón Aguilar

Si el cultivo se generalizara, el productor marroquí podría encontrarse con un serio problema. Pero, además, Europa se encontraría con otro en el momento en que se desplazaría la frontera del conflicto al norte. Hasta ahora Europa se ha cruzado de brazos en la lucha contra el narcotráfico. Es un asunto que se ha dejado a las fuerzas de seguridad españolas. No se ha hecho ni el más mínimo intento de presionar a Marruecos para que eche una mano ni en aportar recursos a España para que lo combata. Marruecos puede negociar, a cambio de dinero e inversiones, sobre pesca o inmigración, pero el hachís queda siempre fuera. Mira para otro lado. Yo de eso no sé nada, viene a decir, aunque da cobijo a algunos de sus compatriotas más buscados por la Interpol.

Cuando esto se plantea a altos mandos de la Guardia Civil se muestran convencidos de que la legalización no cambiaría demasiado las cosas. El contrabando no dejaría de existir. ¿Quién iba a convencer al productor marroquí de pagar aranceles con lo lucrativo que es el mercado negro? Y mira que en cierto modo el productor paga sus impuestos en forma de aprehensiones de droga y altos costes en inversión en logística (narcolanchas, camiones, sobornos a fuerzas de seguridad, personal que hay que renovar continuamente por las detenciones y estancias en prisión, gasto en abogados...) La ilegalidad no es tan cara como los impuestos, pero no es precisamente barata.

Por lo tanto, la solución utópica -posiblemente irreal- sería un acuerdo a alta escala entre la Unión Europea y Marruecos sobre la regulación del mercado. Hay países europeos como Holanda y Suecia donde mafias muy violentas están echando un pulso al Estado. Estas mafias, que tienen su santuario en la Costa del Sol, no sólo se dedican al hachís, pero sí que tienen en él un importante porcentaje de su negocio. De repente se encontrarían con que uno de los pilares de sus inmensos beneficios dejaba de operar en el submundo. Podría suceder como en Canadá, donde los narcos combatieron la legalización ofreciendo productos con altísimo THC (el principal psicoactivo de la planta) a precios mucho más bajos, pero el mercado lo rechazó. No necesitaban tanto THC y quien se lo podía permitir adquiría su hachís en las tiendas habilitadas. La última estimación es que el 70% de los consumidores canadienses adquieren el cannabis en las más de 3.000 tiendas autorizadas. Y sólo llevan cinco años de legalización.

¿Dispararía esto el consumo? En Canadá ha crecido en casi siete puntos, del 14% al 21%, y ya se trabaja en destinar parte de los beneficios de la regulación (más de 300 millones de euros) en planes de prevención para los más jóvenes. En Uruguay el consumo está permitido bajo registro. De los 250.000 consumidores habituales se han registrado 86.000, lo que ha hecho que el mercado negro del hachís sólo mueva ahora mismo el 24% del producto.

Pero ni una sola palabra se ha escuchado en la campaña electoral de las europeas que hoy se votan en España sobre este asunto. Observando el comparativo de programas de los partidos españoles que se presentan a Europa se comprueba que es ridículo el espacio que le dedican al narcotráfico y sólo para decir vaguedades. Sólo el programa de la coalición de PNV y Coalición Canaria apunta hacia a algún lado: “Abordar un enfoque europeo en la lucha contra el narcotráfico”. Aunque no se diga qué tipo de enfoque, por menos hablan de un enfoque europeo. Porque para Europa esto es un problema de España, aunque los que se fuman lo que entra por el Estrecho sean ellos y los guardias civiles que se enfrentan a mafias cada vez más peligrosas sean nuestros.

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