¿Qué ha hecho Europa por Cádiz?

Aparte del alcantarillado, la medicina, la educación, el vino, el orden público, el regadío, las carreteras, el agua corriente y la sanidad, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?” Este diálogo de La vida de Brian, película de la que se cumple este año el 40 aniversario de su estreno, refleja la percepción popular en la sociedad española sobre el papel de la Unión Europea. Hasta el estallido de la crisis, los españoles eran los ciudadanos europeos con uno de los mayores índices de confianza en el proyecto común, según el Eurobarómetro que elabora Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea. Este valor se sitúa ahora ligeramente por debajo de la media comunitaria, tras tocar fondo en otoño de 2012, coincidiendo con la petición de rescate a Bruselas para las extintas cajas de ahorro. Sin duda, en esta pérdida de confianza tuvo mucho que ver el trato moralizador y displicente con el que el norte de Europa despachó las tribulaciones de los llamados despectivamente Pigs -cerdos en inglés y acrónimo por el que se designaba a Portugal, Irlanda, Grecia y España-.

Pero el desapego comenzó antes, a tenor de las cifras de participación en las elecciones al Parlamento Europeo. Tomando como referencia a la provincia de Cádiz, en los comicios de 1994 votó el 60% del censo y en 1999, que al igual que ocurrirá el próximo 26 de mayo, coincidieron con elecciones municipales, la participación se situó en el 58%. A partir de ahí, el desplome. En la última convocatoria, en mayo de 2014, prácticamente dos de cada tres gaditanos en edad de votar optaron por no ejercer su derecho al voto. La abstención superó el 63%, siete puntos por encima de la media nacional.

Es una situación paradójica dado que en Bruselas se deciden muchas políticas que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Además, Cádiz ha sido una de las principales beneficiarias de la inclusión de Andalucía entre las regiones receptoras de fondos europeos por su bajo nivel de renta relativo. Salvo un breve paréntesis antes del estallido de la crisis, Andalucía se ha situado en todo momento por debajo del 75% de la renta europea, lo que le ha permitido tener la consideración de Objetivo 1. En total, el maná que ha recibido Andalucía a través de Bruselas desde 1986 asciende a 102.701 millones de euros. De esta cantidad, unos 46.000 corresponden a los fondos de la política de cohesión -Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión-. El resto corresponde a la Política Agraria Común, ayudas que reciben directamente los agricultores.

Los proyectos de los fondos

“Los fondos han apoyado decenas de miles de proyectos en Andalucía, desde proyectos que han tenido un impacto directo en la vida de las personas, como el hospital altamente equipado de Loja, a proyectos de gran envergadura para infraestructuras de transporte, como la línea de Metro de Granada, y también proyectos que han reforzado la investigación y la innovación en la región, como el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía”, resalta un portavoz de la Comisión Europea, que agrega que “estos proyectos han contribuido significativamente a mejorar el nivel de vida de la población de Andalucía y al desarrollo socioeconómico general de la región”.

Sin embargo, esta lluvia de millones no ha supuesto la convergencia en términos de renta per cápita ni con la media europea ni con las regiones más ricas de España. “Bruselas tiene que hacer autocrítica y reconocer que no se ha producido convergencia regional dentro de los países, aunque sí que se han reducido las diferencias entre los países más atrasados y los ricos”, observa Joaquín Aurioles, profesor de Economía la Universidad de Málaga y vocal del Observatorio Económico de Andalucía (OEA).

La política de cohesión regional se puso en marcha con la inclusión de España y Portugal en la llamada Comunidad Económica Europea (CEE) a partir de 1986. “Con el Plan Delors se introducen los fondos de cohesión ante el pronóstico de que los países con menor productividad, como era España, iban a sufrir una pérdida de tejido productivo con la desaparición de las fronteras”, recuerda Joaquín Aurioles. En otras palabras, sólo iban a sobrevivir las empresas de mayor tamaño tras el desembarco del capital internacional, pronóstico que se cumplió con la absorción por parte de multinacionales de grandes empresas señeras de la economía andaluza como Domecq o Cruzcampo.

El programa de desarrollo regional contaba inicialmente con tres grandes objetivos: ayudar a la creación de nuevas empresas para compensar las que desaparecen, recolocar a los parados afectados por esos procesos de absorción, y mejorar la productividad, “que era el problema de fondo”, según Aurioles. No obstante, los países del norte presionaron para que se ampliara su ámbito de aplicación “a la creación de bienestar”, en palabras de Joaquín Aurioles, temiendo una avalancha migratoria que pusiera en riesgo sus sistemas de protección social.

Un balance agridulce

El balance en Andalucía es agridulce. “Los fondos no han podido compensar la pérdida de tejido productivo ni reducir el paro estructural”, sostiene el vocal del Observatorio Económico de Andalucía. El resultado ha sido “desastroso” en lo que se refiere a la recualifación de la mano de obra. “Los fondos estructurales tenían posibilidades muy amplias pero se han instrumentalizado a través de sindicatos y la confederación de empresarios, en la mesa de camilla que fue la concertación social”, incide.

Sí ha habido éxito es en lo que se refiere a la creación de bienestar. “Hemos creado universidades, hospitales, palacios de congresos, colegios, un sistema de bienestar potente para lo que podía soportar Andalucía”, explica este experto.

Pero en lo que se refiere al objetivo primordial de los fondos, la mejora de la productividad, la inversión se ha canalizado casi exclusivamente hacia las infraestructuras, “obviando la mejora del capital humano o el contexto tecnológico”. “La modernización ha sido brutal, pero la aportación de las infraestructuras al crecimiento de la productividad es muy reducida”, señala Aurioles, que concluye que “si en lugar de teatros, polideportivos y piscinas, hubiéramos creado empresas, tendríamos más economía”.

La transformación en materia de infraestructuras ha sido radical en la provincia de Cádiz. En 1986, la única carretera de doble calzada era el tramo provincial de la autopista Cádiz-Sevilla. Hoy día cuenta con 364 kilómetros de autopistas y autovías, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Entre las infraestructuras que han contado con financiación europea destacan la A-381, que fue premiada por sus obras de mitigación del impacto ambiental, el desdoble de la A-480 entre Jerez y Sanlúcar, o el segundo puente de la Bahía de Cádiz. También recibieron apoyos europeos las obras de duplicación del ferrocarril Cádiz-Sevilla y su integración en Jerez y la capital.

No todo ha sido un camino de rosas. Por ejemplo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional aportó 99 millones al proyecto de tren-tranvía de la Bahía, el 38% del presupuesto total. Y la Junta de Andalucía intenta negociar con Bruselas una prórroga ya que se podría ver obligada a devolver esta cantidad si no se inaugura el próximo mes de abril.

Las particulares condiciones económicas y sociales de Cádiz han motivado el lanzamiento de la llamada Iniciativa Territorial Integrada (ITI), una línea de financiación específica para actuaciones en la provincia dotada con 2.329 millones de euros, de los que 900 son gestionados por el Gobierno central y el resto por la Junta de Andalucía. Bajo la bandera de la innovación y la tecnología, la competitividad y el emprendimiento, y la internacionalización han diseñado medio centenar de iniciativas para dar músculo a la economía local.

Se han previsto más de 45 millones de euros para respaldar la innovación agroidustrial, la mejora de explotaciones agrícolas y los regadíos, 13 millones para apoyar a los agricultores jóvenes y 20 millones para crear una red de suelo industrial capaz de atraer inversiones. El turismo absorberá otros 85 millones para potenciar la oferta de los pueblos blancos, las actividades vinculadas a la ornitología, el viento, la bicicleta o la montaña.

A esta cifra se suman otros 13 millones para infraestructuras relacionadas con el flamenco, como el museo de Camarón, cuyas obras acaban de empezar en San Fernando, o el centro de interpretación Paco de Lucía, en Algeciras, y el museo del flamenco, en fase más embrionaria, en Jerez.

La agricultura

La otra pata de la aportación europea a la economía andaluza y provincial es la agricultura, que ha consumido prácticamente la mitad de los fondos comunitarios desde 1986 a través de la Política Agraria Común. “Para nosotros, la incorporación a la Unión Europea ha sido vital. Supone un antes y un después”, afirma Pedro Gallardo, vicepresidente de Asaja Nacional y presidente de Asaja-Cádiz, que incide en que “ahora tenemos un modelo más enfocado al consumidor que cuida aspectos que antes no existían, como el bienestar animal, el cuidado del medio ambiente o la mitigación del cambio climático”.

En el caso de la provincia, los fondos agrícolas han sido vitales para modernizar el regadío. “Por ejemplo, si antes lográbamos 7.000 kilos de maíz por hectárea, hoy estamos duplicando ese rendimiento”, relata Gallardo. “La misma tierra produce el doble para alimentar nuestros mercados y ser solidarios con otras zonas que no producen lo suficiente para su población”, subraya el presidente de Asaja-Cádiz. “Gracias a Europa, Cádiz se ha convertido en una de las provincias más punteras, sino la que más, en agricultura y ganadería ecológica”, manifiesta. Europa ha supuesto también la apertura de nuevos mercados y ha propiciado la profesionalización de los productores y las cooperativas.

La integración ha implicado un esfuerzo para el sector primario que no siempre ha contado con la comprensión de Bruselas. A finales de la década de los 80, el entonces comisario europeo de Agricultura, Ray MacSharry , fue invitado por Asaga -hoy Asaja- para que conociera Andalucía. Tras aterrizar en Jerez, se echó las manos a la cabeza al ver la riqueza de los cultivos de la zona. “Ustedes están locos, están sobreexplotando la tierra”, exclamó MacSharry, conocido como Mack El Cuchillo por su afición a dar tajos a las ayudas.

Pedro Gallardo desconoce esta anécdota pero admite que España no entró en la UE “en el mejor momento para la agricultura”. “La primera política común europea fue la agraria y lo que se primó al principio fue la producción. Cuando España se incorpora ya había excedentes. Probablemente si nos hubiéramos incorporado 15 años antes nos habría ido incluso mejor”, señala Gallardo, que ha sido nombrado recientemente presidente del grupo de trabajo de oleaginosas del COPA-Cogeca, la organización que representa los intereses de los agricultores europeos ante Bruselas.

Uno de los cultivos que más se ha sacrificado por Europa es la remolacha, que fue uno de los emblemas de la provincia. “Llegó a haber casi 20.000 hectáreas. Ahora quedan 1.800 porque se liberalizó el mercado y hay países que producen sin regar”, afirma el presidente de Asaja-Cádiz. De tres azucareras que había en la provincia, sólo queda una, la de El Portal, que es además la única que sobrevive en Andalucía.

La lentitud con la que Bruselas resuelve los trámites administrativos supone una de las principales críticas de los agricultores. “Las ayudas deberían ser mucho más ágiles. Y los políticos no tienen por qué cuestionar las decisiones de la Agencia de Seguridad Alimentaria”, opina el presidente de Asaja-Cádiz. También critican que los precios de las producciones siguen estancados en valores de hace treinta años “cuando los insumos han seguido subiendo, lo que penaliza la cuenta de resultados”. Asimismo, temen que Bruselas quiera reducir aún más el peso de la PAC en el presupuesto comunitario, y que se sigan considerando a los fondos de desarrollo rural como ayudas a la agricultura. “Nos parece muy bien que se dote a los pueblos de servicios para evitar la despoblación, pero el arreglo de las aceras se debe hacer con fondos de cohesión”, recalca.

Con sus luces y sus sombras, los fondos europeos han transformado radicalmente tanto Andalucía como a Cádiz. El catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, recientemente nombrado viceconsejero de Presidencia de la Junta, calculó en un estudio que el Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía habría sido un 15% inferior en el periodo 2007-2013 si no hubiera recibido ayudas europeas.

Por su parte, José Boscá, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, estima que el PIB per cápita de Andalucía crecerá 956 euros entre 2014 y 2020 gracias al impacto de la política europea de cohesión, según recoge en un estudio elaborado para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), uno de los think tanks más importantes de España.

Hay que remontarse 70 años, hasta el Plan Marshall de auxilio de Estados Unidos a la reconstrucción de Europa, para encontrar una inyección económica de magnitud semejante al programa de ayudas europeas. La pregunta no sería entonces qué ha hecho Europa por nosotros, sino más bien qué hemos hecho nosotros con lo que Europa nos ha dado.