El Alambique
Alejandro Barragán
Aparcar es un placer
El vertido de aguas fecales provenientes de Barbate y de Zahara de los Atunes a través de un emisario submarino que arroja estos desperdicios directamente al océano Atlántico podría suponer un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que está penado incluso con la cárcel. Así lo entiende la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate, que ha terminado admitiendo una denuncia presentada hace ahora seis meses por varios colectivos de Zahara de los Atunes contra el actual alcalde de Barbate, el andalucista Miguel Molina, y contra su predecesor en el cargo, el socialista Rafael Quirós, entre otros.
Esta denuncia fue presentada en mayo pasado como querella, aunque la jueza instructora no la ha admitido por ahora como tal, aunque esta postura puede cambiar si en los próximos días abona una fianza de 6.000 euros la Asociación de Comerciantes de Zahara (Acoza), que es la única de las entidades querellantes que no ha dado marcha atrás en esta ofensiva judicial.
Si Acoza opta por pagar esta fianza -algo que sus socios decidirán hoy en asamblea- la querella quedará admitida; si no es así, el procedimiento se tramitará como simple denuncia, incoándose las pertinentes diligencias previas. En cualquier caso la jueza instructora ha visto ya indicios de delito en la denuncia original, por lo que ha decidido, entre otras cuestiones, solicitar un informe al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre la influencia de los vertidos de este emisario en la costa. Igualmente, desde el Juzgado número 1 de Barbate se ha acordado dar traslado de esta denuncia a la fiscal de Medio Ambiente, Patricia Navarro, para que se pronuncie igualmente sobre la misma.
La querella inicial fue presentada por la referida Asociación de Comerciantes de Zahara pero también por el partido político Gente de Zahara (GDZ), que lidera Agustín Conejo, y por el grupo del PSOE de Zahara, que encabezaba José Matías Guerrero. Todos estos colectivos entendían que el emisario submarino puesto en marcha en el último mandato de Rafael Quirós como alcalde -y mantenido en la nueva etapa de Miguel Molina iniciada en junio de 2015- hace un daño irreparable a la pedanía zahareña, alertando incluso sobre los riesgos para la salud pública que encierra una conexión que vierte directamente al Océano.
Por ello estos tres colectivos se querellaron contra el actual alcalde de Barbate, Miguel Molina; la actual delegada municipal de Desarrollo Urbano, Infraestructuras y Medio Ambiente, la también andalucista María José Corrales; el anterior alcalde barbateño, Rafael Quirós; la anterior delegada municipal de Turismo, Medio Ambiente, Playa y Comercio, la también socialista María Dolores Varo, actual diputada provincial de Turismo; y la empresa concesionaria del servicio de agua en Barbate.
No obstante, y de manera algo sorpresiva, el pasado verano tanto GDZ como el PSOE zahareño presentaron un escrito conjunto en el Juzgado en el que ambas formaciones políticas renunciaban al ejercicio de la acción penal, dejando solos como querellantes a los socios de Acoza, que hoy decidirán si siguen o no adelante con esta batalla judicial.
Antes de que este emisario entrara en funcionamiento, las aguas residuales provenientes de Barbate y de Zahara de los Atunes se vertían al río Barbate desde la arcaica depuradora que aún funciona y que sólo contempla tratamientos primarios de los residuos que llegan hasta estas instalaciones.
Esos vertidos al río originaron algunos episodios de contaminación que conllevaron, por ejemplo, que la playa barbateña de El Carmen fuera cerrada al baño por la Junta a principios del verano de 2011. A partir de ahí el Ayuntamiento agilizó la alternativa del emisario submarino, que entraría en funcionamiento dos años después.
Este emisario parte desde la playa de El Botero , frente a la sierra del Retín y a mitad de camino entre Barbate y Zahara de los Atunes, y tiene unos 300 metros de longitud. Esa conexión no puede llegar más lejos de la costa ya que la industria almadrabera protestó en su día por su entrada en funcionamiento, ya que entendía que los vertidos arrojados al mar podían terminar afectando a los laberintos donde anualmente quedan encerrados los atunes rojos.
Desde que el emisario submarino entró en funcionamiento desaparecieron las quejas en Barbate, aunque aumentaron considerablemente en Zahara de los Atunes, donde no son pocos quienes se quejan de malos olores, sobre todo cuando sopla poniente. Además, la entrada en funcionamiento de este emisario trajo consigo que Europa retirara la bandera azul a todas las playas del litoral barbateño, incluida la emblemática playa de Zahara.
El Ayuntamiento de Barbate siempre ha mantenido -y lo sigue haciendo- que el emisario submarino es la única solución posible para salida a las aguas residuales provenientes tanto de este núcleo urbano como de Zahara de los Atunes. Del mismo modo, también argumenta que estas conducciones submarinas constituyen una medida provisional que quedará sin efecto cuando entre en funcionamiento una nueva estación depuradora que, a diferencia de la actual, sí contará ya con todos los avances para tratar las aguas residuales de manera óptima. Esa futura depuradora cuenta ya hasta con un emplazamiento decidido -en la zona de El Bujar- e incluso con el visto bueno tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía. Sin embargo, ambas administraciones aún no se han decidido a dar luz verde al inicio de estos trabajos pese a las presiones que viene ejerciendo en ese sentido el gobierno local de Barbate.
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