La huelga de los agricultores de este martes en Cádiz no cuenta con la autorización de la Subdelegación del Gobierno

Los agricultores que participan desde primera hora de la mañana en las protestas que recorren la provincia de Cádiz podrían enfrentarse a posibles sanciones al tratarse de movilizaciones no autorizadas. La Subdelegación del Gobierno en Cádiz confirma a Diario de Jerez que las protestas que se desarrollan por las principales comarcas agrarias como la campiña de Jerez, la Bahía de Cádiz, la Sierra y el Campo de Gibraltar se están llevando a cabo de forma ilegal, ya que no se ha recibido solicitud ni comunicación alguna previa sobre los recorridos para facilitar la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado y garantizar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos. La tractorada de hecho se ha convocado por redes sociales por la 'Plataforma 6F del sector primario', lo que ha pillado desprevenido tanto a participantes de la protesta oficial (prevista para el 21 y el 22 de febrero en la provincia) como a los propios conductores.

Fuentes de la Subdelegación confirman igualmente que se ha realizado un amplio despliegue de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Nacional en todas las zonas afectadas de la provincia para tratar de evitar que se produzcan incidentes.

En el caso de la Bahía de Cádiz, las protestas mantienen cortada ahora mismo la entrada a la capital por la CA-33 desde San Fernando. La Policía mantiene retenidos a los tractores a las puertas de Cádiz mientras que los agricultores están provocando un caos importante de circulación ya que la circulación se encuentra interrumpida tanto para la salida como para la entrada a la ciudad por esta importante carretera.

Demandas del sector

Las reivindicaciones de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de Cádiz se recogen en un documento en el que piden revalorizar la actividad agraria en su conjunto (agrícola, ganadera, cinegética y forestal), poniendo en valor el trabajo estratégico y esencial de los agricultores y ganaderos y el reconocimiento del valor de la profesión de agricultor y ganadero.

Asimismo, reivindican un nuevo Plan Estratégico de la PAC “acorde a la realidad productiva” de los diferentes territorios, reforzando, blindando su presupuesto y con “menos requisitos medioambientales absurdos (condicionalidad y ecorregímenes)”, así como la simplificación administrativa y burocrática para el agricultor y ganadero, ya que consideran que los registros que se exigen actualmente, como el Cuaderno Digital, del que piden su eliminación, son “excesivos”.

Además, piden la paralización de todas las normas comunitarias medioambientalistas que imposibilitan su labor, así como la revisión de todos los acuerdos comerciales y paralización de todos aquellos, como Mercosur, que utilizan al sector agrario como moneda de cambio para otros intereses o la introducción de Cláusulas Espejos para evitar la competencia desleal de terceros.

Igualmente, reivindican garantizar una “cadena alimentaria resistente, transparente y más justa para los agricultores y ganaderos”, así como mayores incentivos fiscales, laborales y de financiación, así como la revisión del modelo de seguros agrarios en España.