300 implicados en un fraude masivo en el cobro del paro

El Juzgado número 1 de Instrucción de Jerez coordina una ambiciosa investigación contra el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social. La Guardia Civil ha puesto a disposición de la autoridad judicial a más de 300 personas (entre detenidos e imputados) durante las últimas semanas. La trama que está siendo investigada consistía básicamente en lograr la percepción ilegal de subsidios de empleo, lo que podría explicar, en parte, el elevado número de personas encartadas en las diligencias judiciales, según ha podido conocer este medio.

La Policía Judicial de la Guardia Civil es la que está desarrollando la operación bajo la tutela de esta autoridad judicial de Jerez, donde precisamente se ubica una de las sedes provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social.

La trama podría estar basada en la puesta en marcha de empresas 'pantalla' o fantasma, ora sociedades que no existen ora de muy baja actividad, pero que dan de alta a trabajadores para que puedan así optar luego al cobro de prestaciones como el desempleo a las que no tienen derecho. Varias operaciones similares se han desarrollado en todo el territorio nacional durante los últimos meses.

Fuentes del instituto armado ha adelantado que todos los detenidos e imputados lo están como supuestos autores de delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental y estafa.

Las mismas fuentes agregaron que los implicados habrían podido montar incluso empresas falsas, desde las que habrían hecho los trámites para simular contratos a personas que les faltaba tiempo de cotización para cobrar el paro o ayudas familiares y que les pagaban por este servicio.

Los investigadores de la Guardia Civil han tomado manifestación a decenas de personas en distintas dependencias policiales de la provincia durante los últimos meses.

La Subdelegación del Gobierno de la Nación, que dirige Javier de Torre, informará hoy más ampliamente. La mayoría de los detenidos e imputados han sido localizados en localidades de la Sierra , fundamentalmente en Arcos, y Jerez a lo largo de las pesquisas.

A nivel nacional el Gobierno ya está trabajando para modificar el Código Penal actual e introducir el tipo de defraudación a las prestaciones a la Seguridad Social.

No es el primer fraude que en la provincia ha alcanzado de lleno a la Seguridad Social. Ríos de tinta han corrido con la famosa Operación Karlos, que desmanteló una trama dedicada a la obtención fraudulenta de pensiones, y que ha terminado deparando la condena de sus dos principales cabecillas, el inspector médico Francisco Casto Pérez y el exjefe de la Policía Local de Ubrique Carlos Carretero, así como de la mujer del diestro Jesulín de Ubrique, María José Campanario, y su madre, por intentar beneficiarse esta última de una pensión. Ambas han recurrido al Tribunal Supremo .

A esta trama se llegó a través de otra operación, la Halcón, que investigaba otro fraude, en este caso, a Hacienda, mediante facturas falsas presentadas por empresas de la provincia.

Sonados han sido después otros supuestos fraudes, como el de las ayudas de la Unión Europa por contrataciones inexistentes, el de los cursos de formación por parte del falso sindicato SIT, y el de Bahía Competitiva, todos ellos aún en fase de instrucción.

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