El juez ve indicios de que la exalcaldesa de Jerez favoreció a una empresa

Casi dos años después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la apertura de diligencias por las supuestas ayudas ilegales concedidas por el anterior gobierno local del PSOE en Jerez para la compra de suelos en el Parque Tecnológico Agroindustrial, el juez que instruye el caso ha dictaminado que hay indicios más que suficientes para que la exalcaldesa Pilar Sánchez se enfrente a cuatro posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental por el denominado caso PTA. A juicio del magistrado, según se recoge en el auto al que ha tenido acceso este periódico, la alcaldesa pudo aprovecharse de su cargo para favorecer a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria SL, a la que se le minoró el precio de este suelo público en 244.720 euros, alrededor del 40% del total y el máximo de ayuda prevista por el extinto Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (Ipdc). Esta ayuda se dictaminó después de dos valoraciones municipales: una primera (en abril de 2007) que firmó un técnico cualificado y que sólo rebajaba el precio del suelo en un 20% al no tener vinculación la empresa con la industria agroalimentaria, sino con el suministro de oxígeno a hospitales; y una segunda (en enero de 2008) que aprobó el máximo de ayuda y que fue rubricada por un empleado municipal no cualificado.

Idénticos delitos que a Sánchez le imputa a María del Carmen Martínez, en ese momento delegada de Medio Rural, mientras que a Francisco Lebrero, por aquel entonces delegado de Fomento y actualmente portavoz del grupo municipal, le imputa supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Todos ellos deberán responder ante la Justicia tras ordenar el juez instructor la apertura de juicio oral. Del mismo modo, las imputaciones por el caso PTA también se extienden a dos altos cargos municipales, a una antigua asesora del PSOE, y a los tres responsables de la empresa con sede en Tomares por supuestos delitos de prevaricación, ya fuese por inducción o cooperación necesaria. Respecto de los cinco restantes imputados en la fase de instrucción, entre ellos el marido de la exalcaldesa y exjefe de gabinete, Juan Carlos Jiménez, se acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones, "al no resultar debidamente justificada su participación en actividad delictiva alguna", según se dispone en el auto.

En dicho documento, el magistrado expone con total claridad el procedimiento seguido por la alcaldesa y sus delegados para "tratar de atribuir a la empresa la mayor valoración o puntuación" y, en consecuencia, que obtuviera a la postre "la mayor subvención posible". En este sentido, el auto detalla las presiones que recibió el técnico municipal que firmó el primer informe para que redactara y firmara un segundo más favorable. "Al persistir el técnico en su negativa-abunda el auto-, Pilar Sánchez le citó en su despacho, manifestándole nuevamente la necesidad de elaborar un segundo informe en el que se tratara bien a la empresa y que la tuviese en consideración de forma positiva a la hora de elaborar el informe". Así, "fruto de las múltiples presiones sufridas", el técnico accedió a la elaboración del informe, negándose a firmarlo. Sin embargo, se recurrió a la persona que hacía labores de capataz en la Delegación de Medio Rural -concretamente en ese momento tenía encomendado el cuidado y mantenimiento de las viñas del PTA-. Sin cualificación profesional técnica para la firma de dicho informe, se le compelió a que lo firmase, "manifestándole que no le pasaría nada, que estaba todo correcto y revisado, procediendo finalmente a la firma ante el temor de perder su puesto de trabajo".

Tras formalizarse la venta de la parcela en junio de 2008, el 28 de enero de 2010 la empresa sevillana, que entre sus responsables tiene a un antiguo alto cargo del PSOE y a un especialista en cirugía estética, cambió su denominación por Sistemas Innovación de Fluidos y modificó su objeto social, una vez que ya había saltado el escándalo de las posibles ayudas irregulares a raíz de la denuncia presentada por el PSA, para tratar de adecuarse a los criterios de implantación que rigen en el PTA de Jerez.

El contundente auto dice que todo este proceso se siguió "en connivencia con los integrantes de la mercantil favorecida, aprovechándose de la posición que les conferían los cargos que ocupaban en el Ayuntamiento y en el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (Ipdc), todo ello con absoluto desprecio a las normas procedimentales". En este punto, "no sólo se permite, sino que se propicia, la presentación por parte de la mercantil de dos solicitudes, circunstancia no legalmente prevista".