La industria auxiliar naval rechaza que criterios políticos enfrenten a las plantas de Navantia

Una Proposición No de Ley del BNG en el Congreso de los Diputados está en el origen de una polémica que ha salpicado a las plantas de Navantia en España, la de Ferrol, Cartagena y la Bahía de Cádiz.

En este iniciativa del BNG, que finalmente fue aceptada (el PP nacional la apoyó), el bloque gallego criticó la contratación de 100 nuevas personas en los centros de trabajo gaditanos y reclamó que la empresa pública repartiera de manera proporcional las contrataciones entre los tres astilleros españolas. 

La propuesta no gustó ni al PSOE de Cádiz (los socialistas se abstuvieron en la votación en el Congreso) pero tampoco a los trabajadores de la Bahía que creen que esta decisión perjudica seriamente a los intereses y a la proyección laboral de las tres factorías. Saben que el reparto de los 1.500 refuerzos anunciados por Pedro Sánchez en marzo de 2023 debe responder exclusivamente a un criterio vinculado a la carga de trabajo comprometida y no a ningún otro criterio. 

La asociación empresarial de la Industria Auxiliar Naval (IAN), miembro de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (FEMCA), también se ha alineado con los trabajadores y ha mostrado su total desacuerdo con introducir criterios políticos en el reparto de las carga de trabajo de la distintas plantas de Navantia a nivel nacional. En este sentido, ha expresado su preocupación ante la presión que se viene ejerciendo desde ámbitos políticos alrededor de la planta de Ferrol, tratando de influir sobre la dirección de esta empresa pública tras la Proposición No de Ley (PNL).

Un reparto basado en la capacidad y productividad

Para esta asociación empresarial, el reparto tiene que estar fundamentado en las capacidades y en la productividad de cada una de las factorías que Navantia tiene en territorio español. "No podemos permitir que se use políticamente este tipo de decisiones para enfrentar a las industrias auxiliares del Ferrol, de Cartagena y de la Bahía de Cádiz, y a los propios trabajadores internos de Navantia", se indica desde IAN.

"Discrepamos de que se intente utilizarnos para sacar un rédito político que no compartimos desde el momento en que surge la propuesta admitida como PNL en el Congreso. No es admisible, sobre todo teniendo en cuenta que Navantia es una empresa pública. No debería haberse tramitado esta iniciativa que enfrenta territorios. Insistimos en nuestras capacidades. Somos solventes, la cadena de valor en su conjunto tira del sector a nivel andaluz y tenemos capacidad para contratar con la carga de trabajo actualmente comprometida, más de 7.000 personas; y este número va en aumento con las buenas noticias que estamos recibiendo", agregan.

Por estos motivos, "no es el momento de sembrar cizaña, no es el momento de crear discrepancia, sino de remar todos a una, priorizando las capacidades antes de los réditos políticos en el escenario de la política nacional actual", destacan las empresas asociadas a IAN, que defiende que el reparto a la carga de trabajo se debe vincular a los objetivos estratégicos de la empresa y las especializaciones de cada planta, no de cuotas basadas en comparaciones entre centros de producción de distintas características.