Ocho investigados en la Asociación de Mujeres Empresarias por posible fraude

Zaragoza/Ya son ocho las personas investigadas e interrogadas por la Policía Nacional en el marco de la investigación que intenta aclarar la vinculación de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz (AMEP) con una trama dedicada al cobro fraudulento de subvenciones públicas para la promoción industrial y empresarial de la Bahía de Cádiz. Esta investigación ya provocó a finales de noviembre del pasado año la detención de la que fuera su presidenta, Nuria Sánchez, que en días posteriores negó, en declaraciones a este periódico, cualquier tipo de responsabilidad.

Según informó ayer la Dirección General de la Policía, el presunto fraude fue detectado inicialmente por la brigada de policía judicial de Zaragoza a partir de unas investigaciones sobre entramados empresariales dedicados a la percepción de ayudas públicas de forma fraudulenta. Estas investigaciones, a las que se sumó el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, condujeron a los agentes hasta un centro situado en el Camino de las Torres de la capital aragonesa, en el que tenían su sede algunas de las empresas implicadas.

A través del estudio de sus cuentas, los investigadores verificaron la existencia de una relación directa de estas empresas con la AMEP-Cádiz, "con la que cruzaban diversos pagos de elevadas cuantías", según la Policía. Esa nueva investigación abierta permitió determinar que la referida asociación había sido perceptora entre 2008 y 2012 de hasta 900.000 euros en ayudas del Ministerio de Industria. También verificaron "que la asociación presentaba anualmente presupuestos de unos 400.000 euros para los proyectos a subvencionar, y que percibía cada ejercicio otros 200.000 correspondientes a expedientes de reindustrialización del Ministerio para proyectos de promoción de la Bahía".

Las pesquisas realizadas mostraron, además, "que los únicos fondos de que disponía la asociación eran los aportados por el departamento ministerial y que alrededor de esta organización había numerosas empresas relacionadas con sus administradoras y asociadas". Según la Policía, las subvenciones percibidas "se justificaban mediante la presentación de las facturas correspondientes por los trabajos supuestamente realizados, así como de la aportación de los resguardos de los pagos". Los investigadores pusieron de relieve que "aunque los pagos se efectuaban realmente a fin de justificar su destino ante el Ministerio de Industria, el dinero seguía posteriormente un movimiento circular por distintas empresas para retornar finalmente a la asociación".

Según las fuentes citadas, las empresas subcontratadas, emisoras de las facturas justificativas de los pagos, estaban vinculadas a las administradoras de la asociación o eran directamente de su propiedad. El dinero de las subvenciones, añaden estas fuentes, se destinaba a la justificación de los gastos de años diferentes para los que habían sido concedidas, y llegaba finalmente a empresas vinculadas a miembros de la asociación investigada.