"Tenemos una estrategia clara para recuperar la normalidad en la Justicia"

Cádiz/–¿Cuáles son sus sentimientos cuando nos acercamos a los 50 días de estado de alarma y de confinamiento?

–El primero es de dolor profundo por las víctimas de este drama. Me gustaría expresar mis condolencias a sus familiares y amigos. Además, quisiera trasladar mi enorme agradecimiento y aprecio hacia todos los que han estado en primera línea para la contención del virus y que tantas vidas han salvado, especialmente a los sanitarios. Gracias también a otros colectivos como los policías, guardia civiles y militares y a todos aquellos que han sostenido el funcionamiento de servicios básicos en nuestro país, como cajeras, transportistas, limpiadores, gente del campo y aquellos que atienden a las personas mayores y dependientes... Y por supuesto, en el sector de Justicia, a los abogados del turno de oficio, jueces, fiscales, funcionarios, letrados de la administración de Justicia, procuradores y graduados sociales. Todos ellos permiten que la Justicia siga funcionando.

Y en estos días, cuando empezamos a ver que en un mes se ha pasado de un crecimiento diario de casos confirmados de más de un 42% a un 0,5%, eso genera optimismo y confianza respecto al futuro. El Gobierno ha previsto un Plan de Transición hacia la normalidad para reactivar el país, protegiendo la salud y la vida de los españoles y españolas. Creo que podemos vislumbrar ya la salida a esta crisis.

–¿Han analizado en el Consejo de Ministros cuáles son las razones por las que el virus del Covid-19 ha azotado con más fuerza a España en comparación con otros países europeos?

–Hemos analizado en el Consejo de Ministros cada semana y en sesiones extraordinarias las medidas para tratar de hacer frente a una pandemia global que ha sacudido indiscriminadamente a todos los países. Si se refiere al número de víctimas, creo que la primera lección que nos deja la crisis es que los recortes y las privatizaciones no fortalecen, sino que debilitan los servicios públicos para la ciudadanía como ha ocurrido con la sanidad. La necesidad de contar con un sistema sanitario más sólido es evidente, por eso el presidente ha abogado por una reforma de la Constitución para blindar a la sanidad pública.

De todas formas, en el futuro podremos analizar la realidad de la crisis, tanto los números absolutos de personas víctimas en España como los datos comparados, porque no todos los países se encuentran en el mismo estadio de

la crisis sanitaria. Hay muchas variables a considerar, de tipo sociológico, índice de población, los recursos económicos de cada país y la fortaleza de los servicios públicos.

En cuanto a repercusiones, ya que me hablaba del marco comunitario, podríamos mirar a Alemania, cuya economía caerá entre un 6 y un 9%, para ver que el impacto de la crisis va a ser de envergadura para todos. Por eso la solución ha de venir de Europa también y parece que algo se mueve en ese camino.

–¿Cuáles serían, a su juicio, los principales aciertos y errores de la gestión del Gobierno en esta crisis sanitaria?

–El otro día leí un artículo de Borrell en el que decía que tomar decisiones del 100% cuando tienes información del 50% es complicado. Y es verdad que han sido tiempos muy confusos, pero siempre hemos seguido las indicaciones de los expertos sanitarios con el objetivo de evitar más pérdidas humanas. El plan presentado por el Gobierno esta semana, en el que llevamos más de un mes trabajando, ha tenido en cuenta las principales experiencias internacionales, siguiendo directrices y recomendaciones de la Comisión Europea y de la OMS.

El gran acierto ha sido establecer las medidas de distanciamiento social, mediante la aplicación del Estado de alarma con las que se han salvado miles de vidas. También creo que es muy positivo todo el paquete de ayudas que el Gobierno ha dispuesto para proteger a las personas que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad.

De todos modos, tiempo habrá para analizar todo con detalle en sede parlamentaria, nuestros errores y aciertos. Nadie va a rehuir ese debate.

Le diré además que el sesgo retrospectivo, que es la tendencia a enjuiciar hechos del pasado desde el conocimiento actual, es una trampa mental en la que se cae fácilmente y que se hacen algunas personas a la hora de realizar cualquier análisis.

–Hay una impresión generalizada de falta de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, sobre todo a la hora de comprar material de protección, EPIs para los sanitarios y test rápidos. ¿Lo aprecia usted así?

–Creo que el ministro de Sanidad ha sido especialmente respetuoso en la coordinación con las comunidades autónomas, como lo hemos sido todos los miembros de este Gobierno. Se han mantenido más de 60 reuniones con comunidades autónomas, según los datos que ha dado a conocer esta semana la ministra Darias.

El Ministerio de Sanidad ha comprado material, igual que las comunidades autónomas tenían competencias para hacer sus propios acopios. Y en ambos casos, lo que ha ocurrido es que existía un desabastecimiento de material sanitario mundial y un estrés del mercado, reconocido por la OMS, que complicó y tensionó muchísimo las condiciones de oferta y demanda en el mercado.

–Esta crisis sanitaria ha dejado patente la fragilidad de ministerios como el de Sanidad, casi sin competencias, sin recursos y con un organigrama muy débil. Todo ello puede venir motivado por nuestro actual modelo territorial, que tiene las competencias sanitarias delegadas en las comunidades autónomas. A la vista de lo sucedido, ¿es usted partidario de replantear alguna recentralización de competencias, por ejemplo, en materias como la sanidad o la educación?

–Como ya le apuntaba antes, yo no enfocaría el debate desde esa perspectiva, sino desde el hecho de una situación de desbordamiento y saturación derivada del tijeretazo a los recursos del sistema sanitario y a la investigación. Ahora bien, si me pregunta desde mi opción política, creo que en el título VIII de la Constitución sobre el estado de las autonomías, el legislador hizo un bosquejo, pero lo dejó demasiado abierto y precisa de un desarrollo mayor. Todo lo contrario a lo que usted plantea en su pregunta.

–¿Cuál sería su mensaje para esos sanitarios que están combatiendo el Covid-19 desde la primera línea de fuego y que critican la falta de equipos de protección adecuados?

–Todos los responsables públicos, tanto del Gobierno central como de las autonomías, debemos pedirles perdón y mostrarles nuestro reconocimiento más enérgico. También es verdad que nos ha tocado gestionar una crisis de alcance aún imprevisible y donde uno de los mayores problemas ha sido ese, el desabastecimiento global de material de protección. No debemos olvidar que esta pandemia se afronta sin vacunas, ni medicamentos adecuados.

También les daría las gracias por todos los sacrificios que están haciendo respecto a su integridad física, al alejamiento de sus familias y por lograr que más del 50% de los contagiados se hayan recuperado ya. Esos aplausos de todas las tardes quedarán en nuestras retinas.

–Hay partidos de la oposición que han pedido abiertamente la dimisión del presidente del Gobierno por su gestión de esta crisis sanitaria. ¿Qué les respondería usted?

–No me consta que el PP haya sido tan explícito. A pesar de todas las descalificaciones, aún albergamos esperanza de que se comporte como el partido de Gobierno que ha sido y apueste por los acuerdos de reconstrucción.

En cuanto a Vox, es un partido que se sitúa en la extrema derecha. No me preocupa su puesta en escena y esos mensajes sobre golpes de Estado. Me preocupa más su estrategia basada en la mentira. Pretenden generar miedo y más incertidumbre para confundir a la población.

–He escuchado a varios juristas discrepar de la legalidad del actual estado de alarma. Ellos defienden que la base jurídica para aplicar este estado de alarma no es sólida porque no estamos en guerra y por ello consideran que lo que se encubre en realidad es un estado de excepción en España. ¿Cuál sería su respuesta a quienes piensan así?

–La Constitución y la Ley Orgánica 4/1981 regulan los estados de emergencia, que pueden ser de alarma, excepción y sitio. En el caso del estado de alarma se mencionan, explícitamente, las epidemias dentro de los supuestos aplicables, normalmente vinculados a causas naturales. El estado de excepción se aplicaría a situaciones que afectan al orden público y que es previsible que no puedan atajarse por los medios ordinarios. Y evidentemente, en una situación de guerra se aplicaría el estado de sitio.

Lo importante es que mediante el distanciamiento social se han salvado miles de vidas. El estado de alarma ha permitido limitar la movilidad para garantizar esa situación. Es el instrumento normativo adecuado.

–¿Cree usted que su Gobierno contará en el Congreso con los respaldos necesarios para sacar los próximos Presupuestos Generales del Estado? ¿Qué opciones ve de que la actual legislatura dure hasta finales de 2023?

–Tener unos presupuestos que contemplen toda la estrategia de salida de esta crisis sería la mejor garantía para proporcionar la estabilidad que precisa la reconstrucción nacional. Creo que es la reflexión que todos los partidos, los que apoyaron la investidura y algunos que no lo hicieron, deberían realizar. Me gustaría pensar que sí, que habrá un ejercicio de responsabilidad por parte de todos.

La vocación de este Gobierno antes del Covid-19 era restituir la agenda social a lo largo de una legislatura, devolver derechos y libertades que retrocedieron durante los años de gobierno del PP, con consecuencias gravísimas para la igualdad y bienestar de la ciudadanía. Ahora ese blindaje de los servicios públicos, y esa especial atención hacia quien más pueda sufrir la crisis, son una exigencia.

–Desde todos los frentes se asegura que Cádiz será una de las provincias donde más se notará la crisis y donde más costará volver a la normalidad debido a su dependencia del sector servicios. ¿Usted lo ve también así? ¿Qué soluciones plantea para que Cádiz recupere cuanto antes su pulso económico y laboral?

–En Cádiz partimos de un problema estructural. Siempre ha registrado índices de desempleo mayores que otros territorios y acusará los efectos de esta crisis. En consecuencia, precisará de mayores soportes. Ya lo hemos visto en la reciente EPA, en el número de empresas que han solicitado ERTEs y también en las empresas que se han quedado por el camino. Debe fortalecer su tejido productivo, relanzar planes industriales y de incentivos a las empresas, pymes y autónomos, mimar al sector primario... y se debería procurar la máxima concentración de esfuerzos entre todas las administraciones. El Gobierno es proclive a ese Plan Especial de Empleo que ya figuró en los PGE finalmente no aprobados. Pero también desde la Junta de Andalucía se deben de articular medidas excepcionales que sean apoyadas dentro de sus limitadas competencias por la Diputación y los ayuntamientos.

De la crisis se sale juntos y en la provincia de Cádiz urge una mesa común para aunar todos los recursos públicos disponibles y marcar una única estrategia para salir de la crisis cuanto antes. La provincia tiene enormes potencialidades, pero está obligada a un reseteo, a una reordenación de las inversiones que estaban previstas para atender ahora a lo prioritario. Hay que escuchar las propuestas que están haciendo desde los sindicatos y desde el tejido empresarial, ver qué quieren los ayuntamientos que son los más cercanos a la ciudadanía y, por tanto, quienes mejor pueden trazar una radiografía actual de las zonas más vulnerables y de los sectores que pueden tirar del carro. No hay ninguna fórmula para relanzar Cádiz que no supiéramos antes del virus, pero sí puede ser que este se haya convertido en la palanca precisa.

–Cuando usted asumió la cartera de Justicia a principios de año planteaba como algunos de sus objetivos la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma del Código Penal o la derogación de la llamada Ley Mordaza. ¿Algunos de estos objetivos van a quedar aparcados cono consecuencia del estado de alarma en el que está España desde el 15 de marzo?

–Es evidente que ahora mismo la situación de emergencia centra todos nuestros esfuerzos en esa hoja de ruta que comenzó con el decreto de medidas urgentes aprobado esta semana en el Consejo de Ministros, que continuará con los planes de reactivación específicos para los distintos órdenes jurisdiccionales y que pondremos en marcha a los 15 días de levantarse el estado de alarma y un tercer paso a medio plazo, que será una Ley para promover reformas estructurales enfocadas a impulsar y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales desde la transformación digital de la administración de justicia.

Pero le diré que no renunciamos a ninguna de esas cuestiones que usted ha mencionado, de hecho, en paralelo, tenemos actualmente ya grupos de trabajo dirigidos a la reforma de la LECRIM o el derecho de defensa, por citarle algunos otros proyectos que seguirán su curso.

–Lo lógico es pensar que el retraso en causas judiciales acumulado durante años ahora se agravará mucho más. ¿Qué medidas va a plantear el Gobierno para evitar ese colapso?

–Aplastantemente lógico. A los problemas de juzgados con causas apiladas en las mesas y atascos de procedimientos, se le suma ahora los procesos que no han podido cursarse por la suspensión de plazos procesales, más todo el aluvión de litigios de tipo laboral, contencioso administrativo y mercantil que traerá la crisis. Esa es la realidad que hay que tener en cuenta a la hora de exigir soluciones ya, pronto y rápido, a lo que arrastramos y a lo que deviene de la pandemia.

Estamos hablando de cuestiones que se han manifestado esenciales como el teletrabajo y la digitalización, y que han sido la gran falla del sistema durante la última década en que debía de haberse consolidado el uso de las nuevas tecnologías. Fui portavoz de Justicia en la oposición y eché en falta una apuesta decidida por parte del Gobierno de Rajoy durante todos esos años, pero siempre tuve mi mano tendida en cuanto pudiera colaborar. Tenemos una estrategia clara para salir de la crisis y recuperar la normalidad en la Justicia, nos gustaría que el PP volviese al camino del diálogo y el consenso en el que una vez estuvo y que ahora ha abandonado. Por una cuestión de responsabilidad, la Justicia no puede ser un ariete político porque estamos hablando de situaciones que condicionan la vida de las personas, de situaciones de vulnerabilidad por la crisis que urge resolver.

–¿Ve usted realizable la celebración de juicios telemáticos en los casos que no tengan una especial gravedad? ¿Y cómo pueden convencer desde el Gobierno a quienes se oponen a que agosto pase a ser un mes hábil para agilizar ese colapso judicial?

–Tan realizable como que van a aplicarse y usted tendrá oportunidad de verlo. En cuanto a lo de habilitar el mes de agosto era una propuesta de la que participaba el responsable del Justicia del PP, que tuvo el visto bueno de las comunidades autónomas y del resto de miembros de la Comisión de Coordinación, a excepción de abogados y procuradores. Creo que todo el mundo ha hecho enormes sacrificios en esta crisis, y estamos pidiendo un esfuerzo de tres meses en una situación excepcional que requiere medidas extraordinarias. Es preciso generosidad por parte de todos para anteponer los intereses de la ciudadanía, que espera que le resuelvan sus problemas, a sus intereses propios que pueden ser muy legítimos y esperamos satisfacer del todo en cuanto la situación nos permita volver a la normalidad.

–¿Plantea el Gobierno más medios tecnológicos y refuerzo de plantillas como vienen demandando varios colectivos del ámbito judicial?

–Más que de posturas incrementalistas estamos hablando de una reordenación de todos los recursos disponibles orientada a una estrategia de transformación que debería de haberse producido hace años y que ahora se impone por la vía de los hechos. No es cuestión solamente de asignar una cifra de inversión a este problema, pero le avanzaré que hemos logrado incluir una partida de 40 millones de euros dentro del Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas.

–Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, aseguró hace pocos días que una dirigente de Podemos en Madrid había sido condenada "sin pruebas" por un tribunal debido a los disturbios habidos en el intento de evitar un desahucio. ¿Cómo se toma el ministro de Justicia unas declaraciones así?

–Ya me he pronunciado al respecto, tuve oportunidad de contestarle a la portavoz del PP en el Congreso. Manifesté mi opinión de respeto, que comparte el Consejo de Ministros, hacia el trabajo que hacen los jueces bajo las premisas de independencia, responsabilidad y sometimiento al imperio de la Ley. Las declaraciones del señor Iglesias están amparadas en un derecho fundamental como es la libertad de expresión. También le advertí de que la hemeroteca está llena de declaraciones de cargos del PP señalando a jueces concretos. Pese a su tono, volví a tenderle la mano porque la ciudadanía nos pide que resolvamos la mayor crisis sanitaria de nuestra historia. Necesitan de nosotros menos declaraciones políticas y más consenso.

–Es notable el malestar existente en las filas socialistas con las continuas revelaciones que Podemos hace de algunos acuerdos del Consejo de Ministros para intentar apuntarse el tanto ante la opinión pública. ¿Tiene usted constancia de que le han trasladado ese malestar a sus socios? ¿Hay alguna forma de corregir esas actitudes?

–No tengo constancia alguna. Lo que sí es cierto es que siento la enorme responsabilidad de pertenecer al primer Gobierno de coalición de la democracia y que, al ser cosa de dos en este caso, la discrepancia, el debate, las fricciones incluso, pueden darse. Pero hay una línea clara de política progresista y ambición por un proyecto social que vertebra nuestra acción de Gobierno. Y, por tanto, es plenamente compartida y eso es lo verdaderamente importante. Se gobierna pensando en la ciudadanía y cualquier diferencia que pueda surgir al final queda sometida a esa línea medular.

–La pandemia del Covid-19 ha aplacado toda la controversia en torno a Cataluña. ¿No han estado tentados en el Gobierno de aprovechar esta situación para aprobar o agilizar los indultos solicitados por los abogados de los líderes del procés?

–Para nada. Lo explicaremos las veces que haga falta por muchos fantasmas que se hayan querido ver. Reanudamos la tramitación de los indultos porque es un proceso telemático que no entrañaba riesgo alguno para la salud de ningún trabajador y porque había que desatascar el cúmulo de peticiones que se arrastraba ya que el Ejecutivo en funciones no abordó ninguna. Y merecen una respuesta. Es un proceso que determina la vida de una persona. La mayoría de las peticiones son desfavorables. Desde que he tomado posesión, habré llevado al Consejo de Ministros hasta 700 denegatorios. No hay ningún coladero aquí, le puedo asegurar, es un proceso que tarda unos meses y no debemos ser nosotros el tapón.

–¿Le dolió mucho tener que renunciar a su acta de diputado por Cádiz?

–En nada ha cambiado ese hecho mi desvelo por Cádiz, seguiré teniendo a la provincia en mente y corazón. Aquí tiene a un servidor público dispuesto a arrimar el hombro en todo cuanto sea necesario y esté al alcance de mi mano. Es una tierra de potencialidades que tenemos que convertir en espacio de oportunidades para todos y todas, y hacerla aún más grande y fuerte.

–Y en clave personal, ¿cómo está viviendo este confinamiento? ¿Está yendo todos los días al Ministerio o realiza todas las gestiones ministeriales desde su domicilio? ¿Cuándo calcula que podrá regresar a Cádiz?

–No he dejado un solo día de ir al Ministerio y le confesaré que ansío poder ir a Cádiz. Lo estoy viviendo como todo el mundo, con ganas locas de retomar nuestros hábitos de vida. Pero soy consciente de que el tránsito a la normalidad completa será una cuestión de tiempo, de que hay que ir quemando etapas y es que esa frase que tanto circula lo dice todo, "un día más es un día menos". Pronto nos veremos, juntos saldremos.